Un equipo de 23 abogados trabajan de forma gratuita para denunciar en las instancias legales internacionales los atropellos contra los participantes en las protestas iniciadas el 11 de julio en Cuba y no permitir que los desaparecidos sean «olvidados», según anunciaron este martes en Miami, Florida los artífices de esta iniciativa.
Agustín García, quien coordina el «mayor esfuerzo legal del exilio», dijo en una rueda de prensa que en el equipo hay abogados de más de diez grandes despachos y además cuentan con socios en otros países y en la misma Cuba.
García subrayó que muchos de los detenidos/desaparecidos tienen doble nacionalidad y las autoridades de países como España e Italia están obligadas a ocuparse de sus ciudadanos que han sido víctimas de la represión y la judicialización de las protestas en Cuba.
«Vamos a estudiar cada posible ángulo legal en el mundo» para ayudar a los miles de detenidos y procesados tras el estallido del 11 de julio en reclamo de libertad en Cuba, dijo Nick Gutiérrez, otro de los abogados que están en esta iniciativa, la cual no está ligada a ningún partido político.
«Estamos aquí no para gritar Cuba libre, sino para hacer Cuba libre», dijo García sobre este esfuerzo legal.
Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, expresó su preocupación por los casos de los opositores José Daniel Ferrer, quien está «incomunicado desde hace días» y al que se ha acusado de desórdenes públicos con un arma, y Félix Navarro, quien está enfermo de COVID y preso.
Un plan para cuando «la dictadura se desplome»
Sánchez presentó en la rueda de prensa un plan humanitario para «cuando comience el desplome de la dictadura» en Cuba e instó a otras fuerzas del exilio y de la oposición interna a discutirlo para estar listos inmediatamente para ayudar al pueblo cubano en esa contingencia.
«Debemos estar preparados lo mejor posible para evitar un caos social que cause muertes, hambruna, enfermedades, éxodo y otros flagelos al colapsar el presente sistema si no hay de inmediato una mano solidaria organizada», dice el borrador, en el que se propone crear un registro de voluntarios fuera y dentro de Cuba.
El plan trata de manera pormenorizada de aspectos como la ayuda humanitaria de emergencia, el transporte marítimo, aéreo y terrestre, el manejo de los servicios públicos, la alimentación, la electricidad y el combustible, y el manejo de hospitales, clínicas y farmacias, y de las comunicaciones
Por su parte, el abogado Santiago Alpizar, artífice del proyecto Cuba Demanda, instó a los cubanos de todo el mundo a hacer uso de su derecho constitucional de presentar peticiones a los poderes del Estado (artículo 128 inciso K de la nueva Constitución).
Se trata de solicitar la declaración de desastre, la renuncia del líder cubano Miguel Díaz-Canel y la formación de un gobierno de unidad nacional que se encargue de manera transitoria del poder.
Alpizar relató que él escribió a distintas instancias oficiales el 12 de julio pidiendo que se declarara la situación de desastre en la isla por la COVID-19 y la carencia de recursos para enfrentarla y recibió respuesta varios días después de parte de dos magistrados de la Corte Suprema cubana diciéndole que su solicitud era conforme a la ley, pero no correspondía porque la situación estaba controlada.
Pero después de las recientes declaraciones de Díaz-Canel diciendo que Cuba está al borde de su capacidad y de sus recursos frente a la pandemia, la respuesta no es válida, señaló Aplizar, quien llamó a todos los cubanos a seguir ese procedimiento para hacer notar su descontento.
La Constitución obliga a las autoridades a responder esas peticiones, agregó Alpizar, que por la respuesta a la suya supo que en 2021 hubo otras 2.015 solicitudes bajo el artículo 128 inciso K de la Constitución, y espera que con su iniciativa lleguen a ser «millones».
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