Una organización de exiliados venezolanos en Miami pidió al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que plantee a los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) «desconocer» a la nueva junta directiva del Consejo Nacional Electoral de Venezuela.
El presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), José Colina, escribió una carta a Almagro con copia a los representantes de países latinoamericanos en la OEA para destacar que la junta designada por el Tribunal Supremo de Justicia es ilegítima, pues solo puede ser nombrada por la Asamblea Nacional (Parlamento), porque es el «único poder legítimo aún en Venezuela».
Dado que los rectores nombrados por el tribunal que preside Mikel Moreno «pretenden convocar un proceso de elecciones parlamentarias», es de «suma importancia para los venezolanos que se desconozcan esa junta directiva y cualquier proceso electoral convocado por ellos, así como quienes participen en esa farsa electoral».
Colina subraya que las elecciones parlamentarias son «necesarias, porque a la Asamblea Nacional (controlada por la oposición) se le vence su periodo en diciembre del año 2020».
Sin embargo, «quien debe designar esa junta directiva de acuerdo a la ley es la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo aún en Venezuela», agrega en la carta.
Colina defiende «la necesidad de aplicar sanciones de los países que conforman el TIAR a la Junta Directiva ilegítima del CNE, así como también a los que intenten participar en procesos electorales fraudulentos convocados por estos individuos que no tienen ningún tipo de legitimidad».
Este domingo, siete partidos que conforman la mayoría dentro de la oposición venezolana anunciaron que no convalidarán ni reconocerán «ninguna farsa electoral montada por la dictadura para su propia conveniencia, ni mucho menos los resultados dados por unos supuestos rectores elegidos a dedo por el dictador a través de su legión de juristas de horror».
Así reza un comunicado difundido por el centro de comunicaciones del presidente encargado Juan Guaidó, en referencia al régimen de Nicolás Maduro.
La junta directiva de CNE nombrada el pasado viernes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela está dirigida por Indira Alfonzo, actual presidenta de la Sala Electoral del TSJ y sancionada por Canadá.
Rafael Simón Jiménez, exchavista y ahora miembro del partido opositor Un Nuevo Tiempo, fue designado vicepresidente.
También conforman la nueva directiva Tania D’Amelio, que repite en el cargo que ocupa desde 2009, y Gladys Gutiérrez, expresidente del Supremo, ambas sancionadas por EE.UU., y José Luis Gutiérrez, cercano al partido opositor Acción Democrática.
El TSJ ya había comunicado que elegiría a los nuevos rectores del CNE debido a la «omisión inconstitucional» por parte de la Asamblea Nacional, un ente de mayoría opositora y al que la Justicia considera en desacato.
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