La oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Tampa, en la costa oeste de Florida, anunció este martes el arresto del exteniente chileno Pedro Barrientos, quien en 2016 fue hallado «responsable» en una corte de este estado de la tortura y el asesinato extrajudicial en 1973 del cantautor Víctor Jara en un caso civil.
La detención de Pedro Paulo Barrientos Núñez se produjo en la ciudad de Deltona, en la costa noreste de Florida, el pasado 5 de octubre en relación con «su participación en torturas y ejecuciones extrajudiciales tras el golpe militar de 1973» en Chile, señaló HSI en un comunicado.
El 14 de julio pasado un juez estadounidense despojó de la ciudadanía estadounidense a Barrientos por «ocultar intencionalmente hechos materiales relacionados con su servicio militar en sus solicitudes de inmigración», lo que llevó a una investigación de HSI.
Según el expediente judicial, Barrientos adquirió de forma ilegal la ciudadanía porque carecía de buen carácter moral al cometer actos ilegales, dar falso testimonio y participar en ejecuciones extrajudiciales.
En 2016 un jurado de un tribunal federal en Orlando (centro de Florida) había responsabilizado al exmilitar de la «tortura y el asesinato» de Jara, tras una demanda presentada por la esposa del cantante, Joan, y sus dos hijas, Manuela Bunster y Amanda.
El jurado pidió en 2016 al exmilitar chileno el pago de una compensación millonaria por daños y perjuicios para la familia Jara.
«El arresto de Barrientos es un testimonio de las sólidas alianzas policiales forjadas durante años de servicio con nuestros socios estatales, locales y federales», dijo el agente especial a cargo de HSI Tampa, John Condon.
Barrientos, que se encuentra actualmente bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, «tendrá que responder a los cargos que enfrenta en Chile por su participación en torturas y ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos chilenos», añadió Condon en el comunicado.
Los hechos denunciados sucedieron en el Estadio Chile, convertido en un centro de detención y tortura al comienzo del tiempo del general Augusto Pinochet.
Según los documentos judiciales, el exmilitar ingresó a Estados Unidos en julio de 1990 con una visa de visitante y siete años después se casó con una ciudadana estadounidense.
Barrientos contestó en los trámites migratorios, entre ellos los de residencia permanente y ciudadanía, que no había estado vinculado a ninguna organización política ni servicio militar.
Igualmente negó que hubiera participado en algún genocidio o el asesinato de cualquier persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política.
La demanda civil fue presentada en 2013 por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco, bajo la ley de protección de víctimas de tortura de 1991.
Desde entonces, la familia ha presionado también para que Barrientos sea extraditado a Chile.
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