«En virtud de las investigaciones sobre graves hechos de corrupción, he tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo», tuiteó el 20 de marzo Tareck El Aissami. 100 días después de aquel mensaje, no hay pistas sobre el paradero y condición del exfuncionario chavista.
La Fiscalía y el Ejecutivo, que llevaron la batuta de la purga anticorrupción que dejó a El Aissami fuera de juego, se niegan a ofrecer algún dato nuevo sobre el poderoso político que, pese a estar señalado en Estados Unidos por narcotráfico, ocupó la Vicepresidencia de la República y la cartera de Interiores y Justicia. Hoy su suerte es desconocida.
¿De qué se le acusa?
Tres días antes de su renuncia, Venezuela comenzó a ventilar una trama de corrupción dentro de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la principal empresa del país -que provee el mayor financiamiento nacional-, adscrita a la cartera de Estado que él lideraba.
Luego de 72 horas de silencio, El Aissami salió a la luz, solo en el mundo cibernético, para comunicar su dimisión, que se convirtió en la más alta factura de esta cruzada emprendida por Nicolás Maduro, la cual se saldó con 61 detenidos, todos imputados, entre otros delitos, por «traición a la patria».
Ahora bien, la Fiscalía no ha informado de acusaciones contra el exministro. Incluso, el fiscal general, Tarek William Saab, se negó a responder una pregunta sobre el tema durante una rueda de prensa ofrecida el 5 de abril, cuando prefirió «no adelantar» opiniones sobre «ningún nombre en particular».
En esa ocasión, para explicar su omisión sobre el caso, Saab remarcó que él estaba hablando de quienes ya estaban aprehendidos, que entonces eran 51, de lo que se deduce que El Aissami aún no estaba tras las rejas en esa fecha.
Sin embargo, 25 días más tarde, el total de detenidos contabilizado por la Fiscalía subió a 61, sin que la institución confirmase o desmintiese la posibilidad de que el exvicepresidente figure en ese último listado.
Su nombre no aparece en las páginas web del sistema de Justicia ni de la Fiscalía, mientras que Maduro, Saab y todas las voces que amplificaron la causa anticorrupción de mediados de marzo hoy guardan silencio, como si nada hubiera ocurrido o como si todo estuviera aclarado.
Pistas sin certezas
La última pista de este expediente provino del exministro de Comercio Exterior Jesús Faría, quien, en una entrevista con la emisora local Unión Radio, confirmó que El Aissami «está siendo investigado» por la Justicia, por el hecho de haber ocupado «un cargo clave» en la industria que terminó envuelta en el escándalo.
«La investigación será la que arrojará (si tuvo responsabilidad administrativa en la corrupción descubierta), pues «responsabilidad política (sí) la tuvo» y «por eso salió», remarcó el funcionario en esta conversación publicada el 3 de mayo.
Pese a todo, el hombre con «cargo clave» sigue figurando en la cúpula del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), al menos en su página web, donde conserva el octavo lugar, quedando así por debajo de Maduro y sus más cercanos cuadros.
Esto, a diferencia de lo ocurrido con el entonces diputado Hugbel Roa, que también fue señalado en la misma trama y terminó sin inmunidad parlamentaria, preso y borrado de la formación chavista.
En cambio, el nombre de El Aissami, de 48 años, quien a finales del año pasado celebró contratos con la estadounidense Chevron, no es tan fácil de mencionar ni de eliminar, especialmente cuando se piensa en que el desfalco que le salpica asciende, según cálculos de Transparencia Venezuela, a unos 16,600 millones de dólares.
Igual que el paradero del protagonista de esta historia, el monto que, como consecuencia de la corrupción, dejó de percibir la nación -que atraviesa una acuciante crisis desde hace 8 años- es un dato que los poderes públicos continúan sin revelar.
Al final, Maduro, que aparece junto a El Aissami en una lista de buscados por el Gobierno estadounidense en la que ofrecen 10 millones de dólares por su captura, solo aceptó la renuncia de su ministro y, en el único comentario proferido ese mismo día, dijo que lo hacía «para facilitar todas las investigaciones» y procurar «el castigo de los culpables».
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