En respuesta al abogado especial de Estados Unidos, John Durham, a su solicitud del 6 de abril de documentos del Comité Nacional Demócrata (DNC) y de la campaña electoral de Hillary Clinton de 2016, retenidos por los investigadores federales bajo el «privilegio» abogado-cliente, se suscitó un flujo de peticiones, mociones y contramociones .
Durham está intentando obtener comunicaciones para su caso contra Michael Sussmann —de principalmente 38 intercambios de correo electrónico entre el DNC y la campaña electoral de Clinton y su bufete de abogados Perkins Coie y Fusion GPS, el contratista de «investigación de la oposición» que hizo circular afirmaciones desacreditadas de un supuesto vínculo de «servidor secreto» entre la Organización Trump y un banco ruso.
Sussmann, que trabajaba para Perkins Coie, será juzgado el 16 de mayo en la Corte de Distrito de Estados Unidos en Washington, D.C., por un cargo de declaración falsa.
Se le acusa de haber mentido al afirmar que actuaba como «un ciudadano preocupado» en lugar de representar al DNC y a la campaña electoral de Clinton el 19 de septiembre de 2016, cuando entregó al consejero general del FBI, James Baker, unos documentos que afirman que la Organización Trump mantenía comunicaciones clandestinas con el banco ruso Alfa Bank.
Desde el 18 de abril, el DNC, la campaña electoral de Clinton, Fusion GPS y Perkins Coie han solicitado intervenir en el caso para impugnar la moción de Durham de entregar las comunicaciones que, según ellos, son confidenciales entre abogado y cliente o están fuera del alcance de la acusación contra Sussmann.
Tras una audiencia celebrada el 20 de abril en la que se examinaron las peticiones de Sussmann para restringir el testimonio sobre la veracidad de las reclamaciones y la forma en que se recopilaron los datos, el juez de distrito Christopher Cooper fijó los plazos del 22 y el 25 de abril para que todas las partes presentaran sus respuestas a todas las peticiones y mociones en previsión de una audiencia presencial el 27 de abril.
La petición de intervención —presentada por la campaña de Clinton, Hillary For America— incluye las declaraciones de tres actores clave de los que hasta el 18 de abril se había especulado mucho, pero de los que apenas se había oído hablar en los 18 meses de investigación.
Se trata del expresidente de la campaña de Clinton, John Podesta, el director de la campaña electoral, Robby Mook, y Marc Elias, el abogado de Perkins Coie que ha actuado como asesor principal del Comité Nacional Demócrata (DNC) y de varios candidatos demócratas desde 2009.
Todos dicen que las comunicaciones entre el bufete de abogados, Fusion GPS, el DNC y la campaña electoral, que Durham solicita, deben permanecer retenidas como «privilegiadas» porque todas estaban relacionadas con «servicios legales y asesoramiento jurídico».
En su declaración de tres páginas, Podesta dijo que, «según mi conocimiento», Perkins Coie ha «mantenido constantemente la confidencialidad de los documentos y la información cubierta por el privilegio abogado-cliente y la doctrina del producto del trabajo del abogado».
La ya desaparecida campaña electoral «hace valer su privilegio abogado-cliente y la protección de los productos del trabajo del abogado» y «se opone a la moción del gobierno para obligar», escribió Podesta.
En su declaración de dos páginas, Mook dijo que en abril de 2015, Hillary For America (HFA) contrató a Elias y Perkins Coie como su asesor general. En abril de 2016, era evidente que Trump sería el probable candidato del Partido Republicano para desafiar a la muy favorecida Clinton ese mes de noviembre.
«Uno de los temas sobre los que Perkins Coie prestó servicios legales y asesoramiento jurídico a la HFA tenía que ver con la búsqueda de datos y la investigación que la campaña llevó a cabo en relación con el candidato Donald Trump», escribió Mook, añadiendo que no sabía que el bufete había contratado a Fusion GPS para realizar la «investigación de la oposición».
«Aunque no tuve conocimiento durante la campaña de ningún contratista que Perkins Coie contratara para ayudarle a prestar servicios legales y asesoramiento jurídico en relación con este trabajo, sí creí durante toda la campaña que cualquier trabajo que Perkins Coie realizara, ya fuera a través de sus propios profesionales o a través de cualquier contratista que pudiera haber contratado para ayudarle, el trabajo se realizó con el fin de prestar servicios legales y asesoramiento jurídico a la HFA», escribió Mook a continuación.
En su declaración jurada de siete páginas, Elias escribió que Fusion GPS fue contratado como un recurso preventivo para reunir datos y detalles que podrían ser utilizados para frustrar los desafíos legales del notoriamente litigioso Trump.
«Mi recuerdo es que esas reclamaciones resultaron en amenazas y litigios reales», escribió Elias. «En consecuencia, en mi capacidad y en la de la firma como consejero general de la campaña de Clinton, esperaba encontrar reclamaciones similares y riesgos de litigio por parte del candidato contrario, el partido político y sus partidarios».
«Trump se había visto envuelto en un número excepcionalmente elevado de pleitos —que iban desde resbalones y caídas hasta complejas quiebras y reestructuraciones— más de lo que recuerdo haber encontrado antes en nombre de un cliente en el ámbito político”, agregó Elias, señalando que Trump había presentado más de 7000 demandas, ya sea personalmente o a través de sus empresas.
«En general, también recuerdo haber sido consciente de que él había utilizado la amenaza de litigios por difamación para obtener ventajas tácticas y que había presentado y amenazado con demandas por difamación sin fundamento en el pasado».
Elias, que había presidido el grupo de derecho político de Perkins Coie desde 2009, creó su bufete Elias Law Groups en septiembre de 2021.
Por lo tanto, escribió que las conversaciones entre Fusion GPS y sus clientes, incluso si no involucraron directamente a los abogados, todas éstas están relacionadas con el motivo por el que fue contratado —proporcionar munición en respuesta a los litigios anticipados de Trump.
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