Un experto legal advirtió que el país corre el riesgo de caer en la “anarquía”, a raíz de la redada del FBI en Mar-a-Lago, tras las crecientes críticas a los organismos federales encargados de las fuerzas del orden.
Enfrentando acaloradas acusaciones de parcialidad, el Departamento de Justicia (DOJ) prohibió el 30 de agosto la actividad política de todos los designados políticos que no son de carrera en la agencia.
“Debemos hacer todo lo posible para mantener la confianza del público y garantizar que la política, tanto de hecho como en apariencia, no comprometa ni afecte la integridad de nuestro trabajo”, escribió Merrick Garland en un memorando a los empleados del Departamento de Justicia donde anunciaba la prohibición de asistir a eventos políticos antes de las elecciones intermedias.
La prohibición se produjo en un momento en que la desconfianza pública en las agencias policiales federales ha alcanzado niveles altos, con un 53 por ciento de los votantes de acuerdo con la afirmación de que la Oficina Federal de Investigación (FBI) es «la Gestapo de Joe Biden», según una encuesta de la encuestadora Rasmussen realizada el 15 y 16 de agosto.
La encuesta a 1000 votantes probables de EE.UU. también mostró que el 44 por ciento de los encuestados ahora consideran al FBI de manera menos favorable después de que la agencia realizó una redada en la casa y el club de Trump en Mar-a-Lago, el mes pasado, por unos documentos que el gobierno alega que Trump no tiene permiso para tener.
En general, sólo el 36 por ciento de los probables votantes está en desacuerdo con la descripción al FBI como la «Gestapo» que beneficia al presidente Joe Biden.
La prohibición del DOJ también se produjo unos días antes de que Biden saliera en la televisión con una retórica que atacaba a los republicanos que apoyan a Trump.
En un discurso pronunciado el 1 de septiembre a la sombra del Liberty Hall de Filadelfia, Biden dijo que los “republicanos MAGA” “no viven a la luz de la verdad sino a la sombra de las mentiras”.
“Espiral hacia la anarquía”
“Estamos cayendo en espiral hacia la anarquía y tenemos que sacar la política de los puestos de las personas de poder dentro de nuestro poder legislativo y ejecutivo”, le dijo a The Epoch Times la abogada Sandra Spurgeon, quien ha litigado cientos de casos hasta un veredicto.
Spurgeon, quien apoya la prohibición del Departamento de Justicia, dijo que Garland no tenía más remedio que hacer algo para tratar de restaurar el respeto del público por la aplicación de la ley. Advirtió que los líderes del Departamento de Justicia y el FBI “viven una vida muy diferente a la que tú y yo llevamos”.
«No piensan en las mismas cosas al nivel que nosotros pensaríamos en las cosas porque han sido elevados a un estado en el que han perdido la apreciación de la imparcialidad», añadió Surgeon sobre los altos funcionarios del gobierno a los que se dirige la prohibición.
“Y, francamente, simplemente no les importa”, agregó.
Y es ese comportamiento fuera de contacto de nuestra clase política lo que ha causado la crisis que requirió la prohibición del Departamento de Justicia, dijo un exagente especial de EE.UU. a The Epoch Times.
“El problema es que una persona designada por Biden, la fiscal federal del estado de Massachusetts, se presentó en un evento de recaudación de fondos de Joe Biden en el que aparecía la primera dama Jill Biden”, dijo Eric Caron, que anteriormente trabajó como agente del Tesoro de EE.UU. y del Departamento de Seguridad Nacional, sobre la prohibición política del fiscal general.
“Incluso usó un vehículo del gobierno” para llegar al evento, agregó Caron, todo lo cual podría ser una violación a la prohibición de la campaña electoral de la Ley Hatch.
El reclamo electoral está siendo investigado por la Oficina del Asesor Especial de EE.UU. después de que el senador Tom Cotton (R-Ark.) remitiera el caso al Departamento de Justicia después de que Rollins, quien tuvo un proceso de confirmación conflictivo, se presentó a la recaudación de fondos de Biden.
Reclamaciones de politización
Otros se han preguntado si la prohibición, así como otro memorando del Departamento de Justicia emitido el mismo día que reitera una política que restringe las comunicaciones con el Congreso, podría ser un intento de intimidar a los llamados denunciantes dentro del FBI y el Departamento de Justicia.
«Desde que les dijimos que los denunciantes del FBI habían empezado a ponerse en contacto con los miembros del Congreso para denunciar las presiones políticas de altos funcionarios del FBI, para etiquetar falsamente algunas investigaciones y hacer interferencias en otras buscando servir a una agenda política, el fiscal general Merrick Garland ha estado muy ocupado tratando de cerrarles el paso, y a cualquier otro que pudiera exponer lo que está pasando», señaló el Centro Americano para la Ley y la Justicia, dirigido por el exabogado de Trump, Jay Sekulow.
Pero incluso después de descartar los posibles motivos partidistas detrás de los cambios, el gesto será inadecuado a la hora de recuperar la confianza del pueblo estadounidense, dijo un escéptico.
Bajo el mandato de Garland, ha habido una serie de casos muy publicitados que parecen indicar una politización extrema en el Departamento de Justicia, le dijo a The Epoch Times Mike Davis, del Proyecto Artículo III (A3P), que promueve los jueces constitucionalistas y el Estado de Derecho.
Uno de esos episodios, según Davis, incluyó un memorando, emitido en octubre de 2021 por Garland, que presagiaba “una serie de medidas diseñadas para abordar el aumento de la conducta delictiva dirigida hacia el personal escolar”.
El memorando del DOJ se produjo después de que la Asociación Nacional de Juntas Escolares, un aliado clave de los demócratas, escribiera una carta a Biden, quejándose de que los padres que se presentaban en las reuniones de la junta escolar ponían al personal escolar “bajo una amenaza inmediata” de violencia. La asociación luego se disculpó por la carta. Garland, luego de testificar en una audiencia del Comité Judicial de la Cámara, dijo que la Casa Blanca no le había dicho al Departamento de Justicia que emitiera el memorando.
“La prohibición del fiscal general Garland sobre la actividad de campaña para los funcionarios designados por políticos del Departamento de Justicia es como colocar un curita en una extremidad amputada”, dijo Davis.
Casey D. Thompson, profesor asistente de estudios legales en la Universidad Estatal de Tarleton, también indicó que la medida parecía desesperada.
“Diré que posiblemente podría ser un último recurso”, le dijo Thompson a The Epoch Times en un correo electrónico.
Spurgeon, por su parte, advirtió que el tiempo se está agotando para el país, ya que se está acelerando el nivel de falta de respeto por nuestro sistema legal y el daño que se está haciendo diariamente a nuestro sistema judicial, que es «vital para nosotros como ciudadanos para evitar un estado de anarquía».
«No creo que estemos en un estado de anarquía todavía, pero la pregunta debe ser, ¿Cómo aseguramos un nivel de transparencia con nuestro gobierno en el que «nosotros los ciudadanos» hayamos restaurado la confianza en los elegidos para gobernarnos de manera bipartidista?», dijo Spurgeon.
“Creo que los ciudadanos estadounidenses ya no aceptarán ser gobernados a ciegas y sin responsabilidad”, agregó.
The Epoch Times se ha comunicado con el DOJ en busca de comentarios.
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