El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) instó hoy al Gobierno de Nicaragua a facilitar información sobre la violencia ocurrida entre el 18 de abril y el 30 de mayo pasado, en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa este país y que ha dejado centenares de muertos.
«El GIEI insta al Gobierno de Nicaragua para que disponga a la brevedad el acceso, sin condiciones, a los expedientes de las investigaciones y causas penales iniciados por las autoridades, el plan de reparación y la demás información solicitada oportunamente», según un documento de ese equipo leído por el italiano Amerigo Incalcaterra, experto en derechos humanos.
Ese grupo de expertos, al no recibir hasta ahora esa información, dejó sentada «su preocupación por esta situación, la cual repercute negativamente en las tareas» que les «han sido encomendadas», continuó Incalcaterra.
El GIEI se estableció en Nicaragua el 2 de julio tras un acuerdo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno para investigar las muertes en las protestas iniciadas en abril pasado y que han dejado entre 317 y 448 muertos, según organizaciones humanitarias, mientras que el Ejecutivo reconoce 198.
Los miembros del GIEI solicitaron información oficial, tanto oral como escrita, el mismo día que se conformó este ente, a las máximas autoridades de la Cancillería, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud, entre otros, dijo Sofía Macher, integrante del grupo y exvicepresidenta de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú.
Otro de los miembros, el argentino Pablo Parenti, aseguró que hasta ahora no han tenido acceso «a esa información, que es imprescindible para poder cumplir con las tareas» que les «asignaron las partes signatarias del acuerdo».
«Si no contamos con nuestra información, nuestra tarea se ve seriamente limitada», advirtió.
«Nuestro llamado es que se cumpla con el texto del acuerdo en cuanto a que se nos dé acceso a los expedientes y causas adelantadas por las autoridades del Estado de Nicaragua», dijo la exprocuradora general de Guatemala Claudia Paz y Paz, también integrante del grupo.
Según sus integrantes, sin la información del Estado será muy difícil cumplir con las funciones establecidas en el acuerdo entre el Estado de Nicaragua, la OEA y la CIDH «y poder dar conclusiones».
Hasta ahora el GIEI, integrado por cuatro especialistas y que tiene seis meses para emitir un informe final, ha entrevistado a familiares de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, medios de comunicación, personalidades académicas y sociales y cuerpo diplomático en Nicaragua.
«La labor realizada hasta el momento corrobora la necesidad de contar con información sustancial, la que se encuentra en poder de las instituciones nacionales», explicó ese grupo.
Este mismo jueves, en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) se acordó que Canadá y Chile coordinen el Grupo de Trabajo para Nicaragua, que busca apoyar el diálogo nacional y contribuir a la búsqueda de soluciones para la crisis.
En un mensaje en Twitter, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, anunció que los 12 países que integran el Grupo de Trabajo lo «instalaron» con la presencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro.
La creación del Grupo de Trabajo fue aprobada el 2 de agosto mediante una resolución, que recibió el aval de 20 de los 34 países que son miembros activos de la OEA.
El Grupo de Trabajo -integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú- busca respaldar el diálogo nacional en Nicaragua, que comenzó en mayo con la mediación de la Iglesia católica y que actualmente está estancado.
Hoy mismo, la mayoría sandinista y sus aliados en el Parlamento aprobaron una declaración llamada «Rechazo al injerencismo», en la que respaldan la decisión del Ejecutivo de no recibir a dicha comisión en el país.
El presidente Daniel Ortega emitió el miércoles una declaración para expresar oficialmente su negativa a recibir al Grupo de Trabajo, al que calificó de «Comisión injerencista».
Mientras, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció el «acoso» y «grave retroceso» que sufre la libertad de prensa en Nicaragua por parte de las autoridades y organismos policiales y pidió a Ortega el «cese de la violencia y agresiones» contra periodistas.
La Radio Corporación, una de las más escuchadas en el país, denunció que grupos afines a Ortega ofrecieron una recompensa de 5.000 dólares «por la cabeza» de su corresponsal Yilber Idiáquez,
Las protestas contra Ortega comenzaron el 18 de abril y han dejado 317 muertos, de acuerdo con las últimas cifras de la CIDH, mientras que otras organizaciones humanitarias contabilizan 448 víctimas mortales y el Ejecutivo, 198.
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