El caso de chantaje del condado de Fulton, Georgia, contra el expresidente Donald Trump y 18 coacusados por impugnar los resultados de las elecciones del 2020, que el fiscal del distrito de Fulton, Fani Willis, quería juzgar todos juntos, fue a su vez impugnado casi inmediatamente después de la acusación. Varios de los acusados comenzaron a presentar notificaciones de traslado a la corte federal, exigiendo fechas de juicio diferentes y variadas, y finalmente separando sus casos entre sí.
Es lo que Paul Kamenar, abogado del National Legal and Policy Center, llama un «gran caos».
Las audiencias ya estuvieron en marcha, y el 6 de septiembre un juez de Georgia celebró una audiencia televisada sobre la separación de los casos del abogado Kenneth Chesebro y el ex fiscal federal Sidney Powell, ambos abogados del presidente Trump durante la impugnación de los resultados electorales en 2020. Ambos acusados presentaron demandas para un juicio rápido. La fiscalía solicitó juzgarlos juntos, mientras que los acusados insistieron en que sus casos eran demasiado diferentes para ser juzgados juntos de manera coherente. El juez Scott McAfee denegó la petición de separarlos.
Sin embargo, dado que se trata de un caso RICO -Racketeer Influence and Corrupt Organizations-, esto significa que la fiscalía tiene que juzgar todo el caso contra dos de los 19 acusados, y más tarde volver a juzgar uno o más casos contra los otros acusados. Así lo argumentó la fiscalía cuando pidió que los 19 acusados fueran juzgados juntos, lo que ya no ocurrirá.
«Pero esa es sólo una de las cuestiones», dijo el Sr. Kamenar, añadiendo que hay «otras cuestiones que deben resolverse».
Caso juzgado varias veces
Además del Sr. Chesebro y la Sra. Powell, el abogado John Eastman también pidió separar su caso, al igual que el presidente Trump.
Los acusados Mark Meadows, ex jefe de gabinete del presidente; Jeffrey Clark, ex funcionario del Departamento de Justicia; David Shafer, ex presidente del Partido Republicano de Georgia y elector suplente en 2020; y Shawn Still, otro elector suplente en 2020, retiraron sus casos a la corte federal. También se programaron audiencias en las cortes federales para determinar en qué medida estos casos serán devueltos, o trasladados, a las cortes estatales.
«Cualquiera de las partes podría apelar ante el 11º circuito», explicó Kamenar, lo que complica aún más la cuestión. La fiscalía espera que el caso —que ahora puede tener que ser juzgado dos veces, como mínimo— dure cuatro meses, sin incluir la selección del jurado, y que incluya 150 testigos.
Apelar la expulsión podría llevar de cuatro a seis meses más, señaló el juez, mientras que todo el caso de extorsión tendría que juzgarse dos veces en una corte estatal y quizá de nuevo en una corte federal.
«Realmente es muy complicado y un gran caos, por decirlo suavemente», dijo.
Lo único seguro hasta ahora es que el Sr. Chesebro y la Sra. Powell serán juzgados el 23 de octubre, y lo más probable es que los demás acusados utilicen el caso televisado y de gran repercusión pública para fundamentar sus propias defensas. Los casos trasladados a una corte federal no serían televisados.
«Si son declarados inocentes, y creo que tienen muchas posibilidades de que así sea… lo único que hizo fue esgrimir algunos argumentos legales, constitucionales, ¿por qué es eso un delito? Y entonces, si es declarado inocente, los demás, Trump y demás, pueden decir mira… este caso se está desmoronando».
Mantener la historia clara
John Malcolm, vicepresidente del Instituto para el Gobierno Constitucional del Heritage Center, ejerció anteriormente como abogado en Atlanta, fiscal federal adjunto en Atlanta y fiscal general adjunto en la División Penal del Departamento de Justicia.
En su opinión sobre el caso de Georgia, es comprensible que los acusados, algunos de los cuales no se conocen, quieran que sus casos se juzguen por separado.
«Creo que no todos quieren sentarse en la misma mesa, especialmente con Donald Trump», dijo. «Piensan que, de acuerdo, si pudieran aislar las pruebas contra ellos individualmente, sería un caso más atacable».
Al igual que el Sr. Kamenar, el Sr. Malcolm dijo que los casos separados que se juzgan una y otra vez, están demostrando ser «algo así como una pesadilla logística».
«Aunque quizá no tan pesadilla logística como juzgar a 19 acusados a la vez», añadió.
Implicará volver a traer a los mismos testigos a declarar varias veces y presentar las mismas pruebas una y otra vez, explicó, pero esto puede dar lugar a una nueva apertura para un ataque de la defensa.
«Cuantas más veces se repita una historia, se producirán incoherencias que los acusados posteriores podrán aprovechar», dijo.
Defensa del debido proceso
Varios acusados ya plantearon defensas de debido proceso, argumentando que la acusación, el proceso, la jurisdicción o los plazos están violando sus derechos.
El Sr. Malcom dijo que el presidente Trump ciertamente podría presentar tales argumentos, ya que está siendo llevado a juicio por varios fiscales penales mientras se enfrenta a una apretada agenda con litigios civiles y la campaña para presidente, pero no le ayudarán a corto plazo.
«Eso no es apelable hasta después de haber sido condenado», dijo el Sr. Malcom, por lo que aunque tiene un caso sólido para anular los casos contra él argumentando que no tuvo derecho a prepararse adecuadamente para los casos, serían meses en el camino.
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