Un reciente informe gubernamental pone de relieve graves carencias en las salvaguardias contra posibles fraudes en el frustrado plan del presidente Joe Biden de condonar unilateralmente USD 430,000 millones de dólares en deuda de préstamos estudiantiles.
El plan de Biden, anunciado en agosto de 2022, pretendía proporcionar un alivio de entre 10,000 y 20,000 dólares a 31 millones de titulares de préstamos federales para estudiantes. Sumido en desafíos legales, las órdenes judiciales detuvieron el programa en noviembre de 2022 antes de que la Corte Suprema de EE. UU. tomara la deciaión final en junio.
El informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), publicado el jueves, reveló que el manejo de la iniciativa por parte del Departamento de Educación de Estados Unidos carecía de medidas críticas para determinar si los ingresos de los beneficiarios justificaban la condonación de la deuda.
Abarcando desde enero hasta septiembre, el informe del organismo de control señala específicamente que el «mayor flujo de fondos para programas de ayuda debido a la pandemia de COVID-19 aumentó el riesgo de fraude. Según el informe, esto subraya el «imperativo de que las agencias federales gestionen estratégicamente los riesgos de fraude».
El informe del organismo de control destacó las preocupaciones sobre el hecho de que la administración Biden no haya verificado los ingresos de millones de prestatarios antes de otorgar ayuda.
«La educación desarrolló dos procesos para evaluar los ingresos y las cuentas de los prestatarios en busca de riesgos de fraude, pero no implementó procedimientos clave para identificar y prevenir posibles fraudes», sostiene el informe.
Para noviembre de 2022, más de 12 millones de 26 millones de solicitantes fueron aprobados por el gobierno federal para recibir ayuda sin recopilar ni revisar ninguna documentación de ingresos, basándose únicamente en los datos de ingresos autodeclarados y de ganancias posteriores a la inscripción para estimar la elegibilidad.
La metodología del Departamento de Educación, que se basa en datos agregados para identificar a estas personas, fue duramente criticada en el informe del organismo de control.
Los prestatarios que recibieron subvenciones Pell eran elegibles para recibir hasta USD 20,000 de ayuda, y otros prestatarios eran elegibles para hasta USD 10,000 si sus ingresos caían por debajo de umbrales específicos. Otros 2 millones de prestatarios calificaron automáticamente, según solicitudes de ayuda financiera y planes de pago de préstamos anteriores, sin ningún paso de verificación de ingresos.
Según el informe, solo una fracción de las declaraciones de impuestos marcadas se sometió a una revisión de ingresos antes de que la Corte Suprema anulara el programa.
Las entrevistas con funcionarios clave del Departamento de Educación realizadas como parte de la revisión del organismo de control expusieron aún más fallas en la gestión del riesgo de fraude, lo que generó dudas sobre el cumplimiento del departamento con los estándares federales de control interno y las mejores prácticas de la industria.
El Departamento de Educación omitió información etiquetándola como información no clasificada controlada (CUI) en la versión pública del informe.
Esta medida fue criticada en una mordaz reprimenda el jueves por los senadores. Bill Cassidy (R-La.) y Rand Paul (R-Ky.), ambos figuras prominentes en los comités del Congreso.
Los senadores acusaron al departamento de hacer un mal uso de la designación CUI para ocultar información crucial del informe del organismo de control.
«Nosotros entendemos el imperativo de proteger información altamente sensible en interés de la seguridad pública o según lo dispuesto por la ley. Sin embargo, el blindaje arbitrario de información únicamente para evadir la vergüenza o la complejidad socava la transparencia para el pueblo estadounidense», afirmaron los senadores en una declaración conjunta.
También acusaron al secretario de Educación, Miguel Cardona, de ocultar información al aplicar designaciones a ciertas secciones, lo que generó dudas sobre la transparencia y los procesos de revisión dentro del departamento.
“El Poder Ejecutivo nunca debería aplicar innecesariamente sus propias designaciones solo para ocultar material al público porque es embarazoso o difícil de explicar”, escribieron los senadores en una carta.
El presidente Biden y Cardona anunciaron por primera vez el programa de cancelación de deuda en 2022, citando la autorización en virtud de la Ley de Oportunidades de Ayuda para Estudiantes de Educación Superior (HEROES) de 2003. Sin embargo, la Corte Suprema dictaminó que la ley estaba destinada únicamente a veteranos de guerras específicas, por lo que detuvo la medida unilateral del presidente.
Posteriormente, se introdujo un plan de pago independiente basado en los ingresos, que se estima costará USD 475,000 millones de dólares durante la próxima década, según el modelo presupuestario de Penn Wharton.
El Dr. Cassidy, miembro de alto rango del Comité Senatorial de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, condenó la falta de rendición de cuentas en el enfoque de la administración y enfatizó la carga que recae sobre los contribuyentes por las deudas estudiantiles de otros.
“Cuando la GAO cree que la administración Biden está aplicando incorrectamente la designación CUI al contenido de sus informes, debe rechazarlo de manera consistente y no debe tomar acciones que considere injustificadas”, escribió el Dr. Cassidy. «Es fundamental garantizar la máxima transparencia para el pueblo estadounidense cuando no existe una base legítima para salvaguardar la información».
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