La expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez pidió a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) hacer «seguimiento» y emitir un informe sobre la «vulneración de derechos humanos» por el «cerco» que impide el paso de alimentos y combustibles en Santa Cruz, que está en huelga indefinida exigiendo censo en 2023.
Áñez envió una carta este jueves a la representante de la OACNUDH de Bolivia, Yulia Babuzhina, en la que solicita que ese organismo internacional haga seguimiento a la huelga ciudadana indefinida que ya lleva 13 días de paro que exige censo en 2023 y al «cerco» que perpetra «gente afín» al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
«Reitero que la justa demanda del pueblo cruceño ha sido respondida con un cerco que pretende dejarlo en la ‘inanición’ mediante la privación de libertad de entrada de alimentos, algo condenable desde todo punto de vista», expresó Áñez en la misiva.
Además, recalcó que esta situación «atenta a los más elementales derechos humanos a la ‘salud’ y a la ‘vida'».
«Urge por tanto una acción inmediata y decidida, que impida la consumación de hechos y que configuren el día de mañana delitos de lesa humanidad y genocidio», señala la carta.
La expresidenta transitoria, quien se encuentra encarcelada en La Paz desde hace más de un año, explica en la misiva que el censo debía realizarse en noviembre de este año, pero que fue «intempestivamente postergado para el año 2024» y que los efectos de esta decisión son «nefastos».
Áñez indica que al posponer el censo para 2024 se «retrasará la asignación de recursos» que «permitan mejorar su calidad de vida».
«Queda para mí claro que el fondo de esta decisión fue y es ‘política’, ya que este censo habría motivado ineludiblemente a elaborar un nuevo ‘padrón electoral’ y una reasignación de escaños parlamentarios, algo que simplemente el MAS no desea que ocurra para seguir gobernando eternamente», manifiesta en la carta.
Santa Cruz, la mayor región y el motor económico de Bolivia, ya lleva 13 días de huelga indefinida exigiendo que el censo se realice en 2023, mientras que el Gobierno aplazó esta encuesta con el argumento de razones técnicas y la necesidad de «despolitizar» el proceso.
Sectores afines al gobierno de Luis Arce definieron cercar esa región para que no pasen alimentos ni vehículos, que ya lleva al menos nueve días en esta situación.
Esto ha generado jornadas de enfrentamientos y de violencia entre quienes apoyan la huelga y quienes rechazan esa medida, en medio de intentos de diálogo entre el Gobierno y líderes cruceños.
El miércoles el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, sostuvo que se instalará una comisión técnica sobre el censo que dará «certidumbre» a la población y que estará acompañado de «organismos internacionales».
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