La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez se reunió este martes con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y reprochó al organismo tardar «más de dos años» en visitarla, por lo que pidió que ahora actúe con la misma «celeridad» que en otros casos.
Al menos cinco funcionarios de la CIDH se presentaron en el Centro Penitenciario de Miraflores en La Paz, en donde Áñez está recluida desde marzo de 2021 acusada por varios hechos relacionados a la crisis política de 2019.
La reunión entre Áñez con el organismo se desarrolló durante más de una hora «de forma privada» y sirvió para que ella entregue una carta en la que menciona las «vulneraciones a sus derechos humanos», dijo a los medios la abogada de la exmandataria de transición, Norka Cuéllar.
En el texto, que los familiares de Áñez publicaron en su cuenta de Twitter, la exmandataria interina exige que se la procese en un «juicio de responsabilidades» y en «libertad», algo que aseguró le corresponde en su condición de expresidenta.
En la carta, Áñez reprocha a la CIDH que haya tardado «más de dos años» en visitarla puesto y llamó a aquello una «discriminación inaudita», por lo que pidió que ahora el organismo actúe en su caso «con la misma celeridad y justicia de otros detenidos».
La exmandataria de transición también reprochó a la CIDH el haberle negado las medidas cautelares cuando su salud «estaba más quebrantada» y con su vida «en riesgo» al preferir «dar por ciertos los informes (médicos) falsos y maliciosos del Gobierno» sobre su estado médico.
En otro punto, Áñez se refirió a la «injerencia» del Gobierno en el sistema judicial, razón por la que las recomendaciones respecto a la crisis de 2019 del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dependiente de la CIDH, no se han cumplido.
También mencionó a los procesos que afronta en la vía ordinaria y los calificó de «insustentables».
Áñez afronta cinco procesos ordinarios, entre ellos los casos «golpe de Estado I», en la que se la acusa por terrorismo, y «golpe de Estado II», mismo que derivó en una condena de 10 años por situarse indebidamente en línea de sucesión constitucional, luego de la renuncia del expresidente Evo Morales y otras exautoridades.
Para el Gobierno, los hechos de 2019 fueron un «golpe de Estado» contra Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas sociales se debieron a un fraude en las anuladas elecciones de ese año.
La exmandataria dijo estar segura «de que habrá un claro y contundente pronunciamiento» de la CIDH respecto a su situación.
La CIDH inició el lunes una visita «in loco» de cinco días a Bolivia que hará «énfasis» en la institucionalidad democrática, el acceso y las garantías en la justicia, la población carcelaria y las personas en estado de vulnerabilidad.
Los comisionados de la CIDH se han reunido con varias autoridades del Ejecutivo y el Legislativo además visitaron algunas cárceles como la de Chonchocoro, sitio en el que está detenido desde finales de diciembre el opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, con quien también tuvieron un encuentro.
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