El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) reiteró este jueves ante un tribunal su pedido para que se anule el proceso que se le sigue por su fallido autogolpe de Estado y se le libere de la prisión en la que está detenido desde los sucesos del 7 de diciembre de 2022.
Castillo participó en la audiencia virtual de una tutela de derechos que presentó en la investigación que se le sigue por el delito de rebelión y, además, en la revisión de un pedido de control del plazo de esa investigación, que fueron vistos por el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
El exgobernante pide que se anule la acusación fiscal que solicita que se le impongan 34 años de cárcel por el fallido autogolpe de Estado y también plantea que se resuelva su solicitud de sobreseimiento (archivo) de la causa.
En ambos casos, tras escuchar los argumentos de las partes, Checkley informó que emitirá su decisión en el plazo que establece la ley.
Durante el debate, Castillo reiteró, como en las diversas audiencias en las que ha participado en los últimos meses, que tras pronunciar el mensaje del 7 de diciembre de 2022 no fue detenido en flagrancia ni intentó fugarse y aseguró que fue arrestado arbitrariamente «con fusil en mano».
También sostuvo que la acusación que ha presentado la Fiscalía en su contra es «una cortina de humo».
El 12 de enero pasado, el Ministerio Público solicitó que se le impongan 34 años de prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
Por otra parte, el Poder Judicial también anunció este jueves que el juez Checkley aceptó un recurso de apelación interpuesto por Castillo para que se revise de oficio la orden de prisión preventiva por 36 meses que se le impuso mientras es investigado por el delito de organización criminal.
Checkley resolvió enviar el recurso de apelación a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia «para los fines pertinentes», con lo que ese máximo tribunal deberá ahora decidir sobre el fondo de ese pedido.
El exmandatario cumple las órdenes de prisión preventiva por 18 y 36 meses en la prisión de Barbadillo, en el este de Lima, donde también está detenido el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien es procesado por un caso de corrupción vinculado con la empresa brasileña Odebrecht.
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