El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) reapareció este viernes en una audiencia judicial para rechazar la acusación de que en su gobierno se realizaron esterilizaciones forzadas a miles de mujeres pobres, al afirmar que esa imputación «es totalmente falsa», pues lo que se hizo fue reducir las tasas de mortalidad materna e infantil.
Fujimori, de 84 años, se conectó en forma remota, desde el penal de Barbadillo, a la audiencia en la que la justicia peruana evalúa el pedido de ampliación de la extradición del exmandatario para ser procesado por las esterilizaciones forzadas denunciadas por miles de mujeres residentes en localidades rurales y pobres del país.
El exgobernante es investigado en este caso por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves y consecuente pérdida de vidas, y violación a los derechos humanos, pero, para continuar con el juicio, debe haber una autorización de la Corte Suprema de Justicia de Chile, país que lo extraditó a Perú en 2007.
Al responder a la sala, Fujimori dijo que las esterilizaciones, por las cuales hubo víctimas mortales y lesiones graves, se hicieron «con los consentimientos informados, libre, voluntariamente y por escrito».
En ese sentido, remarcó que «es totalmente falsa la imputación» porque «lo que hizo» su gobierno «fue ofrecer a la población todos los métodos de planificación familiar modernos y tradicionales, sin excepción ni preferencias por uno u otro, a la libre elección de cada una de las interesadas».
El exmandatario, condenado a 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, agregó que «la mortalidad infantil era sumamente alta, de 85 por cada 1000 (nacidos vivos) en promedio».
«Entre ocho a nueve niños morían de 100 niños nacidos vivos, esa tasa había que reducirla a niveles más aceptables de menos de 35», añadió sobre el plan llevado a cabo en Perú por brigadas de médicos y enfermeras en regiones andinas como Ayacucho, Apurímac y Huancavelica.
Además de este caso, la Fiscalía ha solicitado también a la justicia de Chile la ampliación de la extradición del expresidente Fujimori para que sea juzgado por la venta de armas a la hoy disuelta guerrilla colombiana de las FARC en 1999.
Después de dimitir por fax desde Japón en el 2000, tras descubrirse una red de corrupción que se había instaurado en la administración pública durante su mandato, Fujimori fue arrestado en 2005 en Chile, cuando se disponía a intentar regresar a Perú para las elecciones presidenciales del siguiente año.
En 2007, fue extraditado a Perú y en 2009 recibió la principal condena, de 25 años de prisión por ser el autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina.
También por los secuestros agravados del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti, este último durante el «autogolpe» de Estado que Fujimori dio el 5 de abril de 1992, lo que le permitió clausurar el Parlamento, redactar una nueva Constitución y controlar la Fiscalía y la judicatura.
Asimismo, el exmandatario fue condenado por los sobornos a congresistas opositores y periodistas, así como por espionaje y por ordenar a un militar que se hiciese pasar por fiscal para registrar la vivienda de la esposa de su exasesor de inteligencia Vladimiro Montesinos.
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