El expresidente de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005) señaló este miércoles al gobierno de Luis Arce de reactivar la «persecución» contra la oposición, después de que la Fiscalía presentara una acusación formal dentro de una de las investigaciones por la crisis de 2019, que para el oficialismo fue un «golpe de Estado».
En un mensaje en la red social X (antes Twitter), Mesa sostuvo que los sucesos de 2019 en Bolivia fueron consecuencia de un «fraude» y no un «golpe», como sostienen el gobierno de Arce y el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
«Para acallar la protesta por el asalto al Órgano Judicial, el Gobierno de Arce reactiva la persecución contra los opositores. Su fiscal hace una acusación por el delito de terrorismo, tipificación cuestionada por los organismos internacionales», cuestionó.
Según el exmandatario, el caso conocido como ‘Golpe de Estado I’, por el que la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) y el gobernador de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, están detenidos preventivamente, es «un proceso rechazado por el pueblo y basado en hechos que no existieron, con pruebas fraudulentas y forzadas».
«Mi solidaridad con los acusados injustamente y con los más de 200 presos políticos encerrados por voluntad de la dictadura», agregó.
Veinte años de prisión
El Ministerio Público presentó en la víspera la acusación formal en contra de ocho personas, incluidos Camacho y Áñez, para llevarlos a juicio por el caso ‘Golpe de Estado I’ por el delito de terrorismo por la crisis de 2019.
La Fiscalía pidió 20 años de prisión para el gobernador cruceño, el exministro de Defensa Luis Fernando López, el exjefe militar William Kaliman y el exjefe policial Yuri Calderón al considerarlos «autores».
Mientras que Áñez, el líder cívico Marco Antonio Pumari y otros dos exjefes militares fueron acusados en calidad de «cómplices».
El oficialismo señala que en 2019 hubo un «golpe de Estado» contra el entonces presidente Evo Morales (2006-2019), mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los fallidos comicios generales de ese año.
La expresidenta transitoria está encarcelada preventivamente desde marzo de 2021 y Camacho desde fines de diciembre de 2022 por este caso, iniciado por una denuncia de una exdiputada del MAS.
Dentro del proceso, dos exministros de Áñez, Álvaro Coimbra y Álvaro Guzmán, fueron sentenciados recientemente a dos años de cárcel tras someterse a un proceso abreviado que supone la admisión de culpa.
También cuatro exjefes militares se sometieron a un proceso abreviado a cambio de sentencias menores.
Además de este caso, hay otro denominado ‘Golpe de Estado II’, por el que Áñez fue sentenciada a 10 años de cárcel acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.
En un texto publicado recientemente en su blog, Carlos Mesa sostuvo que «la dictadura está instalada a través del control del órgano Judicial y el Electoral».
Para el también historiador y periodista, «la podredumbre de la Justicia, insostenible hace años, le permite al Gobierno el control del poder total, la destrucción de los valores democráticos» y «la persecución y prisión» de los opositores, además del «quiebre de los derechos y prerrogativas» del Legislativo.
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