El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) seguirá en prisión preventiva mientras es procesado por la presunta comisión de varios de delitos de corrupción vinculados con la empresa brasileña Odebrecht, informaron fuentes oficiales.
El Ministerio Público señaló en la red social X que el equipo especial de fiscales que investiga el caso Lava Jato en Perú logró este viernes que se confirme una resolución que en febrero pasado declaró improcedente un pedido de excarcelación de Toledo.
«De esta manera, se confirma que el cómputo del plazo de la prisión preventiva del exmandatario se contabiliza desde el momento de su llegada al territorio peruano hasta el 22 de octubre de 2024», detalló.
El pasado 22 de febrero, la Justicia peruana rechazó una petición de excarcelación presentada por la defensa de Toledo por considerar que ya había superado los 18 meses de prisión preventiva dictada mientras es investigado por otros casos de presunta corrupción.
El abogado defensor argumentó que el plazo ya se había cumplido al sumar el tiempo que estuvo encarcelado en Estados Unidos y en Perú, pero el Poder Judicial aclaró que este corre desde el momento de su llegada al país andino, el 23 de abril de 2023, por lo que vencerá el 22 octubre de este año.
A su vez, el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, rechazó el pasado 20 de marzo una petición de la Fiscalía para que se dicte una nueva orden de prisión preventiva contra Toledo por un caso vinculado con la empresa brasileña Camargo Correa.
El juez señaló que la solicitud fiscal tenía «un serio defecto de fondo», ya que no cumplió «previamente con el trámite de ampliación de extradición» ante los Estados Unidos, país que el año pasado entregó al exgobernante a Perú por las acusaciones del caso del Tramo 2 y 3 de la Carretera Interocéanica, vinculado con Odebrecht.
Sin embargo, Concepción Carhuancho dejó «a salvo el derecho del Ministerio Público» de presentar nuevamente una variación de la situación del exmandatario «una vez que haya superado el anotado defecto procesal».
En febrero pasado se cumplió un año desde que el Departamento de Estado de Estados Unidos concedió la extradición del exmandatario, para que sea juzgado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y colusión, por los que la Fiscalía pide que sea condenado a 35 años de cárcel.
La investigación le imputa haber recibido 34 millones de dólares en sobornos de Odebrecht para adjudicarle dos tramos en la construcción de la Carretera Interoceánica.
Toledo también está acusado en el caso de presunto lavado de activos ‘Ecoteva’, por el que la Fiscalía pide 16 años de prisión para él, y ocho años para su esposa, Eliane Karp, quien se encuentra actualmente en Israel.
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