Exiliados forzosamente y heridos, pero con ganas de seguir luchando, algunos de los 222 presos políticos expulsados por la dictadura de Daniel Ortega hace justo un mes buscan mecanismos para hacer oposición en la distancia e intentan encontrar una voz común de lucha por una Nicaragua libre.
Cuando se cumple un mes de su llegada a Estados Unidos, el que fuera precandidato presidencial Félix Maradiaga cuenta a Efe en una charla virtual cómo ha sido este último mes, estas «semanas agridulces» desde que Ortega los liberara, los despojara de su nacionalidad y los subiera a un avión con destino al aeropuerto Internacional de Dulles, a las afueras de Washington.
Semanas en las que han podido disfrutar «del sabor de la libertad» y «reconectar con la vida», pero en las que han comprendido el significado del destierro y han visto, desde la distancia de miles de kilómetros cómo en Nicaragua las cosas están cada vez peor.
Después de pasar varios días en un hotel, los 222 fueron distribuidos entre casas de familiares y domicilios de compatriotas en distintos estados.
«La mayoría ha sobrevivido gracias a la solidaridad de nicaragüenses que en su día pasaron por una situación muy amarga y están aquí tras las distintas oleadas de exilio», cuenta Maradiaga, quien se considera de los más afortunados porque él sí tenía un hogar al que llegar.
En el estado de Florida lo esperaba su esposa, la activista Berta Valle, y su hija, a quien no había visto desde que entró en prisión veinte meses antes.
«Yo soy una persona afortunada porque he pasado periodos de mi vida fuera de Nicaragua y tengo una red profesional y de apoyo, pero la gran mayoría de las personas que estaban en ese vuelo no habían salido de su país ni tenían la intención y muchos son personas muy involucradas con la lucha democrática, pero de comunidades rurales», explica.
Así, mientras que la mayoría de los liberados y desterrados está dedicándose a curar sus heridas y a tratar de encontrar qué hacer con sus inesperadas nuevas vidas, Maradiaga ve claro que su deber es seguir apostando por la lucha en la distancia.
Pero, ¿cómo hacerlo desde un país que solo les ha dado un permiso humanitario de residir por dos años, sin pasaporte y sin patria, viniendo de un estado en el que la oposición ha sido eliminada?.
«Sabemos que es una situación muy compleja, que no va a ser fácil», reconoce Maradiaga, convencido de que su papel es ahora el de luchar por que «la comunidad internacional preste mayor atención a la difícil situación de Nicaragua».
«Los nicaragüenses hemos salido a las calles a protestar, hemos sufrido asesinatos de muchas de las personas que participaron en las protestas. Nos organizamos electoralmente cuando había que hacerlo, rechazamos elecciones cuando había que hacerlo. Hemos hecho todo lo que se podía hacer desde adentro y en este momento estamos en una fase de internacionalización», explica.
Durante las últimas semanas algunos de los liberados han mantenido reuniones con congresistas y sus asistentes para hacerles varias peticiones y han logrado una audiencia en un subcomité de la Cámara de Representantes el próximo 22 de marzo.
Harán varias peticiones, entre ellas que se amplíe la protección que Estados Unidos les ha otorgado y puedan pedir asilo político.
También incidirán en la necesaria liberación de los presos políticos que todavía están encarcelados y en que se interceda para facilitar la reunificación familiar de los presos ya que «Ortega está haciendo todo lo posible para que no vengan a EE.UU., al no querer expedirles pasaportes».
También, señala, «estamos trabajando con algunos Gobiernos europeos para que, a pesar de que estamos en una condición de apátridas, nos permitan viajar para explicar lo que está pasando en Nicaragua y movilizar algunas acciones diplomáticas».
En opinión de Maradiaga hay muchas cosas que la comunidad internacional puede hacer para aislar al régimen. La primera, apuntar hacia «la billetera», los intereses económicos de Ortega y su círculo íntimo.
«Hay dinero que sigue disperso en varias partes del mundo» y también «no se ha hecho suficiente presión» sobre «las empresas creadas en Nicaragua con el dinero del petróleo venezolano».
También deberían ampliarse las sanciones hacia «los funcionarios de bajo nivel y de nivel intermedio», que «han escapado a las sanciones porque no son conocidos»: «abogados que montaron juicios falsos, fiscales, jueces o policías que participaron en arrestos arbitrarios».
Y darle más tiempo a la misión del Grupo de Expertos de Naciones Unidas para «identificar más responsabilidades individuales» en lo que está sucediendo, añade Maradiaga, quien se muestra indignado con que todavía «haya agencias internacionales que están apoyando a Ortega como el Banco Centroamericano de Integración Económica».
Uno de los principales retos de esta oposición en el exilio es el de encontrar una voz común porque entre los 222, recuerda, hay estudiantes, campesinos, intelectuales, excandidatos políticos, dirigentes de movimientos de mujeres, defensores de derechos humanos…
Distribuidos en más de una decena de penales por Nicaragua, muchos de ellos no se conocían y han sido semanas intensas de encontrarse virtualmente y buscar una voz común: «Lo que estamos tratando de desarrollar es mejores mecanismos de coordinación en un grupo extraordinariamente diverso, encontrar fortaleza en esa diversidad».
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