El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) publicó su reporte anual sobre sus actividades en 2023, revelando que el número de extranjeros expulsados de Estados Unidos alcanzó una cifra similar al año 2018, durante la presidencia Trump y antes de la pandemia.
Desde mayo de 2023, más de 482,000 personas han sido deportadas o retornadas a sus países. Esta cifra es similar a la de 2018, cuando Donald Trump era presidente. Pero aunque la cifra sea similar, en el caso de la Administración Trump, esta representaba más del 30% de las personas encontradas en la frontera, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (NHS); mientras que en el caso de la Administración Biden, representa menos del 5%, dado el enorme flujo de migrantes que cruzaron la frontera en el año fiscal 2023.
ICE menciona que entre los expulsados había 139 «terroristas confirmados o sospechosos» y más de 3,400 «miembros de pandillas confirmados o sospechosos».
«Entre los expulsados, 108 eran fugitivos extranjeros buscados por sus gobiernos por crímenes que incluyen homicidio, violación, secuestro, tráfico de drogas, agresión y delitos sexuales», dice el informe.
Un gran porcentaje de los extranjeros fueron deportados en vuelos organizados por ICE en colaboración con la CBP. La mayoría fueron devueltos a países de América Central, Colombia, República Dominicana, India, Rumania y Venezuela.
ICE no es la única agencia del Departamento de Seguridad Nacional que expulsa extranjeros del país. La Patrulla Fronteriza (CBP) también expulsa a muchas personas que encuentra en la frontera. Según datos de 2023, la CBP expulsó más de 550,000 personas bajo el Título 42, que estuvo activo hasta mayo de 2023.
La cantidad de migrantes cruzando ilegalmente la frontera se ha disparado durante la Administración Biden. La gestión del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, le ha llevado a ser sometido a un juicio político, que se está llevando a cabo en la actualidad.
El comité de Seguridad Nacional del Congreso investigó primero el caso de Mayorkas y llegó a la conclusión de que ameritaba un juicio de impeachment.
«Nuestra investigación dejó en claro que esta crisis está fundada en las decisiones del secretario Mayorkas y su negativa a hacer cumplir las leyes aprobadas por el Congreso, y que su fracaso en cumplir el juramento que tomó al asumir su cargo requiere que se le haga responsable», dijo el Rep. Mark Green (R-Tenn.), presidente del comité, en un comunicado del 3 de enero.
Pocos días después, tras visitar la frontera, el secretario Mayorkas dijo en conferencia de prensa que la crisis no se debe a sus políticas, sino a que las leyes migratorias están desactualizadas.
«Estamos haciendo todo lo que podemos dentro de un sistema roto para incentivar a los no ciudadanos a utilizar vías legales, para imponer consecuencias a los que no lo hacen, y para reducir la migración irregular», dijo.
«Nuestro sistema de inmigración es anticuado y está roto y necesita una reforma desde hace literalmente décadas. En esto, todos están de acuerdo», dijo, y agregó que los legisladores tienen que «hacer su parte» y aprobar la petición del presidente Biden de mayor financiación.
Mayorkas se refiere a un paquete de 13,600 millones de dólares para la seguridad fronteriza. Sin embargo, el mismo paquete incluye ayuda financiera para Ucrania por 61,400 millones de dólares, algo que ha estado frenando su aprobación debido a la oposición de muchos republicanos.
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