CONDADO DE KINNEY, Texas —Un grupo de extranjeros ilegales ha presentado una demanda contra funcionarios de Texas por supuestas violaciones constitucionales dentro del programa Operación Lone Star del gobernador.
Los abogados de los 15 demandantes esperan convertir el caso en una demanda colectiva en nombre de más de 2000 inmigrantes ilegales que, según dicen, hay un número desproporcionado de ellos en prisión; arrestados por motivos de raza, estatus migratorio u origen nacional; así como se les ha negado el debido proceso.
«En particular, los demandantes y los miembros de la clase han sufrido una causa común de perjuicio, es decir, la violación de sus derechos de la Cuarta Enmienda y la Decimocuarta Enmienda», afirma la demanda.
«Utilizando el derecho penal estatal, el estado de Texas y los condados participantes han creado, y están llevando a cabo lo que es, en realidad, un sistema de aplicación de la ley de inmigración estatal que tiene como objetivo a individuos negros y morenos —principalmente latinos— para su enjuiciamiento y mayor castigo».
Los abogados solicitan 18,000 dólares diarios por cada recluso que sea encarcelado o reencarcelado ilegalmente. También solicitan una orden judicial para que se suspenda el programa de la Operación Lone Star.
La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Occidental de Texas, división de Austin.
La Operación Lone Star (OLS) se puso en marcha en marzo de 2021, y el gobernador Greg Abbott reforzó el número de policías estatales de Texas en las carreteras fronterizas para interceptar las operaciones de contrabando y los soldados de la Guardia Nacional de Texas para aumentar la seguridad y la vigilancia a lo largo de la frontera.
El programa se amplió en junio del año pasado para permitir la detención y el enjuiciamiento de los inmigrantes ilegales que invadan terrenos privados o estatales. El presupuesto de la OLS financió el espacio en la cárcel para los presuntos inmigrantes ilegales que invadían terrenos, así como los recursos de la defensa y la fiscalía.
El condado de Kinney y el vecino condado de Val Verde, en el sur de Texas, fueron los primeros en iniciar las acciones judiciales contra los intrusos en el marco de la OLS, y desde entonces se han sumado otros siete condados, como Edwards, Frio, Jim Hogg, Kimble, Maverick, Uvalde y Zavala.
El condado de Kinney y su sheriff, Brad Coe, figuran como acusados en la demanda, junto con Abbott, el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), Steve McCraw, y el director ejecutivo del DPS, Bryan Collier.
«Con el pretexto de la ley estatal de infracciones penales, pero con el objetivo explícito y declarado de castigar a los inmigrantes en función de su estatus migratorio, los funcionarios de Texas tienen como objetivo a los inmigrantes», alega la demanda. «La OLS tiene como objetivo solo a los migrantes, y solo a los hombres de piel morena o negra.
«Cientos de los arrestados han esperado en la cárcel durante semanas o meses sin un abogado, o sin cargos, o sin fianza, o sin una retención legítima de detención o sin una fecha de corte».
El fiscal del condado, Brent Smith, dijo que su pequeño condado ha luchado para mantenerse al día con el volumen de procesamientos: pasó de unos seis casos por mes a más de 30 por día.
Pero, dijo, la ley tiene salvaguardias para proteger a los presuntos delincuentes.
«Por ejemplo, una audiencia de habeas corpus se activa cuando transcurren más de 30 días antes de que se presente una denuncia. Y cuando eso ocurre, son elegibles para obtener una fianza reducida o una fianza PR», dijo Smith en una entrevista anterior.
En cuanto a la demanda, Smith declaró a The Epoch Times el 2 de mayo que «se parece más a la propaganda de los medios de comunicación liberales que a algo basado en leyes y hechos reales».
Rechazó la acusación de perfil racial. «En ninguna parte de la demanda pueden señalar que no hayamos detenido a alguien por ser blanco o no hispano o no latino. Si infringes la ley, te arrestan».
Coe dijo que ha oído hablar de la demanda pero que aún no ha sido notificado ni la ha visto.
«Es un poco difícil hacer un perfil cuando a) no puedes ver el interior de los vehículos, todos tienen los cristales polarizados. Y b) es difícil hacer un perfil cuando estás sentado esperando a que aparezca alguien y aparece un grupo de 10 y todos son mexicanos. Entonces, ¿cómo puede ser eso un perfil?», dijo Coe a The Epoch Times el 29 de abril.
«Estamos protegiendo a los ciudadanos, estamos protegiendo a los propietarios de tierras, así que no veo que vaya a ninguna parte, pero ya veremos lo que pasa», dijo.
El teniente Christopher Olivarez, portavoz del DPS para la región del sur de Texas, dijo a The Epoch Times por correo electrónico que «el departamento no discute los litigios pendientes».
Seguridad fronteriza
La legislatura de Texas ha aprobado casi 3500 millones de dólares para la OLS desde septiembre del año pasado.
Desde su creación, el programa ha sido condenado por los demócratas del estado, organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y grupos de abogados de inmigrantes ilegales.
Un grupo de 50 demócratas de la Cámara de Representantes de Texas escribió una carta en enero instando a los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional a investigar el programa. La ACLU presentó su propia queja de 50 páginas al Departamento de Justicia en diciembre de 2021.
«La Operación Lone Star utiliza el derecho penal estatal para castigar a los migrantes negros y latinos», alega la carta de los demócratas del 26 de enero a las agencias federales.
«El odio antiinmigrante está en aumento en Texas, y los funcionarios estatales y locales están avivando las llamas», afirmó la ACLU en su queja.
Abbott ha defendido el programa, diciendo que «sigue llenando los peligrosos vacíos dejados por la negativa de la Administración Biden a asegurar la frontera».
«Cada individuo que es aprehendido o arrestado y cada onza de droga incautada habrían llegado de otro modo a las comunidades de Texas y de la nación debido a las políticas de frontera abierta del presidente Biden», dijo Abbott en un comunicado el 29 de abril.
Abbott, republicano, declaró el estado de desastre el 31 de mayo de 2021, cuando la crisis se agravó. Esto significó que la mayoría de los cargos por delitos menores de allanamiento fueron elevados de un delito menor de clase B a uno de clase A, que conlleva una pena mayor. El cargo también se eleva si el individuo tiene un arma mortal o se encuentra a más de 100 pies pasando la línea de propiedad en tierras agrícolas.
Los extranjeros ilegales arrestados en los ranchos del condado de Kinney no se están entregando a la Patrulla Fronteriza y buscando asilo, dijo Smith.
«Los están pasando de contrabando. Y luego, cuando las fuerzas policiales los localizan, huyen. No intentan entregarse en absoluto», dijo Smith a The Epoch Times en una entrevista anterior.
«Si trataran de solicitar asilo, lo harían en el puerto de entrada o en la primera autoridad policial que encontraran. Pero en lugar de eso, están evadiendo a las fuerzas policiales, y están destruyendo la propiedad mientras lo hacen».
El condado de Kinney ha procesado a más de 2885 extranjeros ilegales por allanamiento y evasión de la detención desde agosto del año pasado, así como a varios ciudadanos estadounidenses.
El condado solo tiene 14 espacios para hombres en la cárcel, que están siempre llenos. Así que los extranjeros son fichados y comparecen ante un magistrado en una instalación de tiendas de campaña en el vecino condado de Val Verde.
Desde Val Verde, los policías los transportan a 100 millas de distancia a la Unidad de Briscoe, en Dilley (Texas), que ha sido reutilizada para detener a casi 1000 extranjeros ilegales que están esperando sus casos judiciales y cumpliendo sus condenas. La Unidad de Segovia en Edinburg, Texas, también ha sido reutilizada para los detenidos bajo la OLS.
El primer juicio con jurado del condado de Kinney está previsto para el 9 de mayo, después de que varios extranjeros se declararan no culpables de los cargos de allanamiento.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza realizaron más de 1.3 millones de detenciones de extranjeros ilegales en Texas en 2021. Se estima que otro medio millón ha evadido la captura.
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