La administración Biden amplió las protecciones de responsabilidad para los fabricantes de la vacuna COVID-19, los proveedores de atención sanitaria, entre otros, hasta 2029. La decisión, que ha suscitado un renovado debate sobre la responsabilidad por las lesiones relacionadas con las vacunas y el futuro de la política de salud pública, garantiza la inmunidad frente a la mayoría de las demandas judiciales a quienes participan en el desarrollo y la distribución de las vacunas COVID-19 y otras contramedidas médicas.
La prórroga de cinco años, firmada por el secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS) Xavier Becerra el 11 de diciembre, continúa una política implementada por primera vez durante la pandemia bajo el entonces presidente Donald Trump. Es una de las protecciones de responsabilidad más largas en la historia de la Ley de Preparación Pública y Preparación para Emergencias (PREP). Los defensores argumentan que las protecciones son esenciales para fomentar la innovación y mantener la preparación de la salud pública, pero los críticos sostienen que dejan a las personas lesionadas por vacunas sin recursos y podrían limitar la capacidad de las futuras administraciones para promulgar cambios políticos significativos.
Aunque la emergencia de salud pública oficial COVID-19 finalizó el 11 de mayo de 2023, la nueva declaración advierte sobre un «riesgo creíble de una futura emergencia de salud pública».
La Ley PREP, promulgada en 2005, concede inmunidad de responsabilidad para fomentar el rápido desarrollo y despliegue de contramedidas médicas durante emergencias de salud pública. Sin esta protección, los fabricantes y proveedores podrían dudar a la hora de producir o distribuir productos críticos, como vacunas o tratamientos, por temor a demandas por efectos secundarios imprevistos. La ley se invocó por primera vez para el COVID-19 en marzo de 2020, y cubre vacunas, tratamientos antivirales, herramientas de diagnóstico y equipos de protección.
Mientras Estados Unidos se prepara para posibles brotes futuros, esta última prórroga garantiza que las protecciones legales para fabricantes y proveedores de atención sanitaria permanezcan intactas. Sin embargo, la decisión ha suscitado nuevas peticiones de reforma —o incluso derogación— de la Ley PREP, con críticas que exigen una mayor responsabilidad y apoyo a las personas perjudicadas por las contramedidas médicas.
Ampliación del ámbito de aplicación de la Ley PREP
Las enmiendas a la Ley PREP durante la pandemia ampliaron su ámbito de aplicación para incluir a los proveedores de telesalud y a los técnicos de farmacia, acelerando así la distribución de vacunas en respuesta a las necesidades sanitarias urgentes. Según la Asociación Americana de Farmacéuticos, estos cambios mejoraron el acceso en las comunidades desatendidas, donde las farmacias locales a menudo actúan como proveedores de atención sanitaria primaria. Casi el 90 por ciento de los estadounidenses viven a menos de ocho kilómetros de una farmacia. Las enmiendas anteriores también apoyaron a los proveedores de atención médica en entornos no tradicionales, lo que refleja las demandas cambiantes de las emergencias de salud pública.
«Las medidas que hoy adopta el HHS seguirán salvando vidas y reduciendo los costes sanitarios, sobre todo en las zonas rurales y desatendidas, donde la farmacia local puede ser el único proveedor de atención sanitaria en muchos kilómetros a la redonda», declaró en un comunicado de prensa Michael D. Hogue, director general de la Asociación Americana de Farmacéuticos.
Continuar con la declaración de la Ley PREP para las vacunas es un paso lógico, dado que las vacunas COVID-19 siguen evolucionando, según el Dr. Daniel Aaron, profesor de Derecho de la Universidad de Utah. Las vacunas suelen tener una rentabilidad limitada a largo plazo en comparación con otros productos farmacéuticos, lo que puede repercutir en su desarrollo, explicó Aaron a The Epoch Times en un correo electrónico.
«La idea principal aquí es que tal vez no queramos imponer responsabilidad a productos esenciales para hacer frente a emergencias de salud pública actuales o futuras», dijo.
Preocupación por la ampliación de la inmunidad
Los defensores de la Ley PREP sostienen que es esencial para fomentar la innovación y proteger la salud pública. Los críticos, sin embargo, sostienen que las amplias protecciones de responsabilidad de la ley tienen un coste significativo, a saber, la falta de rendición de cuentas para quienes sufren daños a causa de las vacunas u otras medidas médicas.
El abogado Aaron Siri, que ha representado a personas lesionadas por vacunas, sostiene que la Ley PREP desplaza la balanza en detrimento de la rendición de cuentas.
«La Ley PREP incentiva el desarrollo de productos sin que los fabricantes se preocupen de rendir cuentas por los daños resultantes», declaró en un correo electrónico a The Epoch Times. «Sacar al mercado un producto que puede causar más daños que beneficios, y que por tanto necesita inmunidad frente a la responsabilidad, no tiene sentido».
La ampliación de las protecciones de inmunidad ha levantado ampollas, sobre todo a la luz de las continuas garantías sobre la seguridad de las vacunas COVID-19. «Puesto que ahora se nos ha dicho, hasta la saciedad, durante más de cuatro años que las vacunas COVID son seguras, ¿por qué la necesidad de inmunidad continua?», preguntó Siri.
Las peticiones para reformas radicales —o incluso la derogación— de la Ley PREP son cada vez más fuertes. El 5 de marzo, el representante Chip Roy (R-Texas) presentó la ley Let Injured Americans Be Legally Empowered (Ley para que los estadounidenses lesionados tengan poder legal – LIABLE), que eliminaría las protecciones de responsabilidad de los fabricantes de la vacuna COVID-19 y permitiría a los particulares demandar a empresas como Pfizer y Moderna por lesiones relacionadas con las vacunas.
«Muchos se han enfrentado a lesiones por la vacuna, pero pocos han tenido acceso a un recurso mínimo. Hasta la fecha, sólo se han pagado 11 demandas por lesiones a pesar de que se han administrado casi 700 millones de dosis de la vacuna», declaró Roy en un comunicado de prensa. «El pueblo estadounidense merece justicia por la violación a su libertad médica personal y los perjudicados médicamente merecen una restitución».
Siri está de acuerdo en que la ley ya no sirve para los fines previstos. «La Ley PREP debería ser derogada en su totalidad. No aporta ningún valor», dijo. Sugiere fomentar el desarrollo de productos médicos que sean eficaces y seguros, eliminando la necesidad de la inmunidad de responsabilidad.
El calendario de la 12.° enmienda plantea dudas
La prórroga entrará en vigor el 1 de enero de 2025. El calendario —apenas unas semanas antes de una transición presidencial— garantiza que estas protecciones se extenderán durante la próxima administración y más allá, limitando potencialmente la flexibilidad de los futuros responsables políticos.
El momento de la prórroga coincide con las especulaciones sobre la futura dirección del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Robert F. Kennedy Jr. ha sido propuesto como Secretario del HHS en la nueva administración. Los antiguos llamamientos de Kennedy a un mayor escrutinio a la seguridad de las vacunas y a la reducción de las inmunidades legales a los fabricantes podrían crear tensiones con las protecciones consolidadas en la enmienda.
Al bloquear las protecciones de responsabilidad hasta 2029, la enmienda establece un marco de salud pública que da prioridad a la estabilidad en un momento de incertidumbre política y deja poco margen para ajustes por parte de futuras administraciones. Aunque en teoría cualquier secretario del HHS podría modificar o rescindir estas protecciones a través de enmiendas o declaraciones adicionales, el calendario de la prórroga actual puede reducir la flexibilidad para un nuevo liderazgo a corto plazo.
Fallos sistémicos en la indemnización por lesiones causadas por vacunas
La ampliación de las protecciones de responsabilidad en virtud de la Ley PREP llama la atención sobre los retos persistentes en el sistema de compensación de lesiones por vacunas de EE. UU., especialmente para las personas que han experimentado reacciones adversas a las vacunas COVID-19.
Para Brianne Dressen, una maestra de preescolar de Utah y participante en un ensayo clínico, la ampliación de la protección de la responsabilidad civil se siente como una desestimación de las luchas a las que se enfrentan quienes buscan justicia e indemnización. Dressen, que sufrió graves complicaciones neurológicas tras participar en el ensayo de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca, se ha convertido en una firme defensora de los lesionados por vacunas.
«Llevamos años suplicando al HHS que ayude a indemnizar a los perjudicados por las vacunas COVID», declaró a The Epoch Times en un correo electrónico. «El mensaje que la administración actual ha enviado es claro: ‘Si usted es dañado por una vacuna, no le ayudaremos’».
Becerra señala el Programa de Compensación de Lesiones por Contramedidas (CICP) como la vía principal para atender las reclamaciones relacionadas con lesiones por vacunas. Creado en virtud de la Ley PREP, el CICP fue diseñado para abordar los problemas de seguridad de las vacunas proporcionando una vía para las personas perjudicadas por las vacunas y otras contramedidas cubiertas.
Sin embargo, los críticos afirman que el programa no cumple su objetivo. «El CICP es un ‘sistema amañado’ que deja a las personas perjudicadas sin una compensación adecuada», afirma Siri.
Los críticos también señalan los bajos porcentajes de pago y el engorroso proceso de solicitud, que hace que el programa sea inaccesible para muchos.
El 1 de agosto, la Administración de Recursos y Servicios Sanitarios informó que había 10,226 reclamaciones pendientes o en proceso de revisión, un retraso que, según un informe reciente del Subcomité Selecto de la Cámara de Representantes sobre la Pandemia de Coronavirus, podría tardar casi una década en resolverse sin reformas importantes. El informe criticaba al CICP por no haber sabido gestionar la magnitud del programa de vacunación COVID-19.
La organización de Dressen, React19, apoya a las personas que se enfrentan a estos retos sistémicos. Describe los actuales programas gubernamentales como «humo y espejos», y añade: «En lugar de proteger al consumidor, el HHS se ha comprometido a proteger a las compañías farmacéuticas y los intereses corporativos».
Según React19, de las aproximadamente 14,000 reclamaciones presentadas en el marco del CICP, sólo 48 han dado lugar a indemnizaciones. El programa ha concedido menos de un millón de dólares en total. React19 afirma que puede «apoyar a las personas lesionadas mucho mejor que el gobierno».
El HHS no había respondido a las preguntas de The Epoch Times en el momento de la publicación.
Equilibrio entre preparación y responsabilidad
El debate en torno a las protecciones de responsabilidad de la Ley PREP subraya el reto de equilibrar la preparación de la sanidad pública con la responsabilidad individual.
Algunos legisladores han propuesto que las reclamaciones pasen del CICP al Programa Nacional de Indemnización por Lesiones Causadas por Vacunas (VICP). Los expertos sostienen que este cambio podría proporcionar una mayor transparencia, un aumento de los pagos y un marco jurídico más claro para los demandantes. «El CICP tiene un alcance más limitado que el VICP y sólo ofrece indemnizaciones por ‘contramedidas cubiertas’, incluidas las vacunas», escribió el representante Brad Wenstrup, de Ohio, en el informe del Subcomité Selecto de la Cámara de Representantes sobre la Pandemia de Coronavirus.
Además, grupos de defensa como React19 siguen presionando para que se amplíe el apoyo gubernamental a las personas perjudicadas por las vacunas COVID-19, haciendo hincapié en la necesidad de programas que den prioridad a la equidad y la rendición de cuentas.
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