La red social Facebook cambió este martes su política interna para prohibir los anuncios que disuadan de vacunarse, una medida dirigida a «eliminar informaciones falsas» que puedan dificultar el trabajo de los organismos de salud pública, indicó la compañía.
La firma de Menlo Park (California, EE.UU.) no incluye en esta prohibición los anuncios que se muestren partidarios o contrarios de políticas gubernamentales específicas sobre vacunas -incluyendo las dirigidas a luchar contra la COVID-19, siempre y cuando estos identifiquen claramente quién está pagando por ellos.
Así, la idea de Facebook es seguir permitiendo un debate sobre cómo deben gestionar los Gobiernos el desarrollo y administración de las vacunas, pero impedir que haya voces que llamen directamente a la población a no vacunarse.
La empresa que dirige Mark Zuckerberg está redoblando en las últimas semanas sus esfuerzos por controlar qué contenidos se comparten en la plataforma, y el lunes anunció que también quedan prohibidos los mensajes que nieguen o contengan información distorsionada acerca del Holocausto.
A principios de octubre Facebook eliminó, al considerarlo “información incorrecta sobre la severidad de la COVID-19”, un mensaje compartido por el presidente de EE.UU., Donald Trump, en el que comparaba la pandemia de COVID-19 con la gripe y aseguraba que la primera es «muchos menos letal» en la mayoría de las poblaciones.
El mensaje compartido por Trump era el siguiente: «¡La temporada de la gripe se acerca! Mucha gente todos los años, algunas veces más de 100,000, y pese a la Vacuna, muere de la Gripe. ¿Vamos a cerrar nuestro País? No, hemos aprendido a vivir con ella, justo como estamos aprendiendo a vivir con la COVID, en la mayoría de poblaciones mucho menos letal».
Trump respondió a las acciones de Twitter y Facebook con un nuevo mensaje en el que llamó a eliminar las protecciones legales de las que disfrutan las grandes plataformas de Internet bajo la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996.
Esa sección indica que las grandes compañías de Internet están exentas de casi cualquier consecuencia legal resultante de los contenidos publicados en su plataforma e incluso de sus propias decisiones de eliminar contenidos porque se supone que son meros intermediarios o canales.
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