La Corte Suprema de Carolina del Norte falló el jueves por unanimidad en contra de permitir que las organizaciones y los abogados que ayudan a presentar casos de fraude electoral en nombre de los manifestantes electorales sean demandados por difamación.
El caso se originó por una demanda presentada en 2017 por Southern Coalition for Social Justice en nombre de un grupo de votantes del condado de Guilford que afirmaban que habían sido acusados falsamente de voto ilegal en las elecciones a gobernador de 2016, en las que el gobernador demócrata Roy Cooper derrotó al actual gobernador republicano Pat McCrory.
Presentaron la acción por difamación después de que el acusado, William Porter, alegó en un documento para impugnar las elecciones que fue testigo de que el grupo cometió fraude electoral al emitir votos en otros estados, lo que viola la ley de Carolina del Norte.
El Sr. Porter presentó el formulario de impugnación electoral ante la Junta Electoral del condado de Guilford, que, según la ley estatal, funciona como un organismo cuasi judicial cuando conoce de impugnaciones electorales.
Según la denuncia por difamación, el Sr. Porter no indicó la fuente de la alegación.
En otra forma, el Sr. Porter dijo que algunos de los votantes eran delincuentes que no eran elegibles para votar; sin embargo, el abogado del grupo encontró que su derecho al voto había sido restaurado.
«Las falsas acusaciones del demandado contra los demandantes los sometieron a una publicidad adversa tanto a nivel local como estatal e incluso nacional, ya que varios medios de comunicación reportaron de las alegaciones y luego profundizaron en ellas», afirma la demanda. «Esta vergüenza y daño a su reputación se vio agravada por el hecho de que se convocó y celebró una audiencia pública para examinar las acusaciones del demandado, de la que se reportó posteriormente en los medios de comunicación. Las ‘Protestas Electorales’ del demandado fueron finalmente desestimadas por carecer de fundamento».
Los jueces de la corte de apelaciones dictaminaron que el Sr. Porter estaba exento de responsabilidad porque al presentar la protesta electoral estaba participando en un procedimiento cuasi judicial.
La jueza asociada de la Corte Suprema de Carolina del Norte Allison Riggs —entonces colíder de la división de Southern Coalition for Social Justice en Durham, Carolina del Norte— declaró a The Associated Press que el Sr. Porter era solo una marioneta, «no el titiritero», al que atribuyó ser el equipo jurídico del Sr. McRory y otros abogados implicados en el caso.
«Creemos que ahora podemos proceder contra los autores intelectuales de este esfuerzo concertado para difamar a los votantes de Carolina del Norte», dijo la jueza Riggs, designada por el gobernador Roy Cooper.
La Corte Suprema de Carolina del Norte revocó la sentencia de una corte inferior de 2021 que establecía que los abogados y las organizaciones que proporcionan datos que sugieren fraude electoral pueden ser demandados por difamación.
De los siete miembros del panel de mayoría republicana, los dos únicos demócratas —la jueza asociada Anita Earls y la jueza Riggs— se recusaron porque habían representado previamente a los demandantes.
«Privilegio absoluto»
El presidente de la Corte Suprema, Paul Newby, dijo en su opinión que los demandados tienen «privilegio absoluto» en sus protestas ante la junta electoral del condado, que constituye un procedimiento cuasi judicial.
«La justificación del privilegio absoluto se basa en la noción de sentido común de que en escenarios como los procedimientos judiciales y cuasi-judiciales, las personas deben poder comunicarse libremente, sin inhibiciones por el temor a represalias en forma de una demanda por difamación», dijo el juez Newby. «De hecho, el propósito de los procedimientos judiciales y cuasijudiciales es descubrir la verdad en un asunto y hacer justicia en consecuencia».
Andy Jackson, director de Civitas Center for Public Integrity at the John Locke Foundation —un instituto de investigación independiente de Carolina del Norte que examina cuestiones de libertad, responsabilidad personal y gobierno constitucional limitado— declaró a The Epoch Times que la sentencia podría significar que quienes presten apoyo legal a quienes protesten contra unas elecciones estarán ahora protegidos de acciones legales.
«Esto es importante por un par de razones», dijo. «Protege a las personas que quieran organizar impugnaciones electorales».
También podría proteger a organizaciones comunitarias como la NC Audit Force, que investiga datos sobre irregularidades electorales.
«Una de las cosas que han estado haciendo es buscar en el registro de votantes para encontrar posibles registros duplicados y proporcionarlos a la junta estatal de elecciones, y ha habido cierta resistencia a eso», dijo.
Este tipo de organizaciones pueden verse limitadas a la hora de compartir su información —por ejemplo, con organizaciones locales que tratan de presentar casos de fraude electoral— sin ser demandadas, explicó.
«Por tanto, esta sentencia implica que este tipo de organizaciones podrían estar protegidas si proporcionaran datos a grupos locales para impugnar el registro electoral», explicó.
«Debe aplicarse a cualquiera»
El juez Newby declaró específicamente en su dictamen que el privilegio absoluto debe aplicarse a «cualquier persona involucrada en cualquier aspecto de una protesta electoral, incluso si no ‘participó’ realmente como parte, abogado, testigo o similar en un procedimiento posterior».
El Sr. Jackson dijo que el fallo también es importante debido a la rapidez con la que se procede al escrutinio del condado 10 días después de las elecciones, dentro del plazo que se tiene para sacar a la luz cualquier posible irregularidad electoral.
Sin embargo, a ese ritmo tan rápido se pueden cometer errores.
«No siempre es correcto a la primera, así que si cometes un error sin querer, puedes encontrarte responsable, por lo que esto proporciona cierta protección para que la gente ejerza su derecho a impugnar lo que creen que fueron boletas incorrectamente procesadas», dijo el Sr. Jackson.
Según el juez Newby, el privilegio absoluto es fundamental para estos «procedimientos rápidos como las protestas electorales».
«Tras el cierre de las urnas, el recuento inicial de votos comienza ‘inmediatamente’, y los funcionarios de los distritos electorales proporcionan un informe preliminar del recuento de votos a las juntas electorales de los condados ‘lo antes posible'», dijo el juez Newby.
Las reclamaciones electorales deben producirse dentro del plazo del escrutinio.
«En consecuencia, las protestas electorales proceden rápidamente, y el proceso no se presta a un descubrimiento exhaustivo y a una precisión absoluta», dijo el juez Newby. «De hecho, muchas veces un posible impugnador debe solicitar la ayuda de numerosas personas para evaluar pruebas voluminosas extraídas de muchas fuentes diferentes. Sin un privilegio absoluto, el espectro de la responsabilidad civil por difamación desalentaría la voluntad de estas personas —y socavaría su capacidad— de participar en el proceso de protesta electoral».
Según The Associated Press, los demandantes en el caso de 2017 criticaron la sentencia, proclamando que significa que las personas como ellos ahora pueden «ser falsamente acusados de haber cometido una fechoría, exhibidos como el perfecto ejemplo de votación fraudulenta, y que nuestras reputaciones sean dañadas y degradadas, y no hay nada que podamos hacer para detenerlo o evitar que le suceda a alguien más».
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