El plazo para que ambas partes de la demanda legal en contra de la medida electoral 114 de Oregón, preparen sus casos sobre por qué las nuevas restricciones sobre la compra y posesión de armas de fuego deberían, o no, implementarse, se extendió hasta el 23 de diciembre.
Walter Smoloski, portavoz de Gun Owners of America (GOA), una de las partes en la demanda que exige bloquear la nueva ley, confirmó la información el 13 de diciembre.
El juez del circuito del condado de Harney, Robert Raschio, prorrogó 10 días la orden de restricción temporal que había emitido el 6 de diciembre, según Smoloski.
El juez Raschio concedió una solicitud para suspender la orden judicial federal para aplicar la ley después de que los residentes del condado de Harney Joseph Arnold, Cliff Asmussen, la GOA, y la Gun Owner’s Foundation presentaron su demanda.
Aprobada por estrecho margen
El proyecto de ley fue aprobado por 975,553 votos, equivalente a un 50.65 % de los sufragios, frente a 950,589, el 49.35 %, en las elecciones legislativas de noviembre.
La medida electoral 114 exige un permiso para comprar un arma de fuego, una comprobación de antecedentes completa y la certificación de que el solicitante del permiso ha superado un curso de seguridad aprobado.
También exige que la policía estatal elabore una base de datos de armas de fuego y prohíba los cargadores que puedan contener más de 10 cartuchos de munición.
Los promotores de la ley dicen que estas medidas mejoran la seguridad y han pasado el examen de constitucionalidad en otros estados.
Sin embargo, desde las elecciones, la Medida 114 ha estado en la corte, enfrentándose a múltiples demandas.
La Policía Estatal de Oregón, encargada de aplicar los requisitos del permiso y la formación y de hacer cumplir la prohibición de los cargadores con más de 10 cartuchos, pidió a un juez que retrasara la entrada en vigor de la ley.
La policía declaró que en ese momento no dispondría de un procedimiento para expedir los permisos.
Los detractores de la ley, entre ellos varios sheriffs de condado, afirman que elementos como la prohibición de la capacidad de los cargadores y la base de datos de armas de fuego ya han sido declarados inconstitucionales.
El 2 de diciembre, Gun Owners of America (GOA), la Gun Owner’s Foundation, Gliss Asmussen y Joseph Arnold presentaron una demanda ante la Corte de Circuito del condado de Harney para bloquear la ley porque viola la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La Corte Suprema rechaza el caso
El 7 de diciembre, la Corte Suprema de Oregón declinó conocer del caso, por lo que la ley seguirá su camino a través de los tribunales estatales y federales.
Los partidarios de la ley afirman que impulsaron la medida en respuesta a los recientes tiroteos masivos. Ellos afirman que la ley evitaría futuros derramamientos de sangre.
Los detractores afirman que apenas hay pruebas que respalden esas afirmaciones, y que la ley viola los derechos constitucionales de los ciudadanos respetuosos con la ley, al tiempo que deja vía libre a los delincuentes para que sigan victimizando a sus vecinos.
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