La familia de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, quien cumple este lunes seis meses en prisión preventiva con varios casos en su contra como el denominado «golpe de Estado», exigió que la Justicia debe «cerrar» un proceso «absurdo, sin delitos» y dejar en libertad a la exmandataria.
«#EstaEsLaVerdad 6 meses que #JeanineAnez es presa política de sus verdugos. La mantienen detenida sin pruebas en un proceso absurdo, sin delitos, que la #Justicia debe cerrar. La ex Presidenta clama a jueces y @CIDH por su vida y su libertad», es el mensaje que fue publicado en las redes sociales de Áñez, que son manejadas por sus familiares.
#Video #EstaEsLaVerdad 6 meses que #JeanineAnez es presa política de sus verdugos. La mantienen detenida sin pruebas en un proceso absurdo, sin delitos, que la #Justicia debe cerrar. La ex Presidenta clama a jueces y @CIDH por su vida y su libertad.https://t.co/qDUzVGu7Qk
— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) September 13, 2021
La hija de Áñez, Carolina Ribera, quien viajó la semana pasada a Estados Unidos para exponer ante diferentes organismos la situación de su madre, dijo a medios locales este lunes a su llegada al país que el caso lo «han politizado» y exigió que se deje de «dilatar» el proceso ante el deterioro de salud de la exmandataria interina y que se permita que se defienda en libertad.
Ribera señaló que seguirá acudiendo a los organismos internacionales para defender y «luchar por la vida» de su madre, quien en este tiempo en la cárcel ha tenido varios problemas de salud por su hipertensión arterial y un cuadro de depresión.
Ribera sostuvo reuniones con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), además, le entregó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, una carta de su madre.
En la misiva, Áñez le pide a Almagro que, junto a la comunidad internacional, «deben venir a Bolivia y poner un alto a los proxenetas del poder que son liderados por (el presidente boliviano) Luis Arce y (el exmandatario) Evo Morales junto a toda la élite masista».
Durante estos seis meses la defensa de Áñez ha presentado al menos ochos peticiones de libertad que han sido negadas por la Justicia y también solicitó medidas cautelares ante la CIDH, cuestión que el Gobierno consideró «inadmisible» como lo expuso en una respuesta a ese organismo multilateral.
El viernes pasado el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó que «no existen elementos» que fundamenten la solicitud requerida por la defensa de Áñez y que el Estado boliviano considera que es «inadmisible».
A finales del mes pasado Áñez manifestó que ya «no quiere vivir», luego de conocerse que se autolesionó en los brazos, por lo que su familia ha pedido en varias ocasiones que le permitan que sea atendida por un especialista, pero las autoridades sostienen que la exmandataria está «estable» y recibe la atención adecuada.
Áñez es acusada de delitos de conspiración, sedición y terrorismo durante la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, cuestión que el oficialismo considera fue un «golpe de Estado» contra el exmandatario, mientras la oposición señala que esos sucesos se produjeron tras las denuncias de fraude electoral en los anulados comicios generales de ese año.
La Justicia boliviana ha ampliado en dos ocasiones la detención preventiva de la exmandataria, que deberá permanecer en prisión por al menos seis meses más, mientras cursan también contra ella otros procesos en el Parlamento boliviano por acciones que tomó en su gobierno, entre ellas el manejo de los enfrentamientos en 2019 que dejaron al menos 20 personas muertas.
Junto a Áñez han sido detenidos dos de sus exministros y varios exjefes militares y policiales, mientras que algunos líderes de la oposición como el actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, están vinculados al caso «golpe de Estado».
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