La familia del asesinado fiscal paraguayo Marcelo Pecci denunció este jueves que no tiene acceso a la investigación que lidera el Ministerio Público en el país sobre los posibles autores intelectuales del atentado que cegó en 2022 la vida del funcionario en territorio colombiano, donde ya fueron condenadas siete personas por ese hecho.
En un comunicado, la familia Pecci Albertini dijo observar «con profundo asombro y desazón cómo el pedido de tomar intervención en la causa del magnicidio» les fue «inexplicablemente negado».
Sin embargo, advierte de que en el caso del extinto diputado Eulalio ‘Lalo’ Gomes, fallecido el pasado 19 de agosto en un presunto cruce de disparos con la Policía durante un allanamiento a su vivienda, los parientes sí consiguieron ese permiso «de manera expedita y sin mayores discusiones», «en la misma etapa procesal».
Pecci fue asesinado por sicarios el 10 de mayo de 2022 cuando se encontraba en una playa de un hotel en la isla de Barú, próxima a Cartagena, adonde viajó con su esposa, Claudia Aguilera, para pasar la luna de miel.
El abogado de la familia Pecci Albertini, Enrique Kronawetter, explicó a EFE que tanto la Constitución de Paraguay como el Pacto de San José establecen que «las víctimas pueden intervenir en el proceso penal, sin que tengan que asumir el rol de partes».
«Esto significa que ellos tienen derecho a que se les informe sobre el avance de la investigación, que ellos puedan proponer realizar actuaciones y la Fiscalía, qué es la titular de la investigación, decide si hace o no», refirió.
Lamentó que el Ministerio Público les niegue «el acceso a la información».
«Cuestionamos que a nosotros en estos 28 meses no nos han dado ese derecho de ser informados», afirmó Kronawetter, e indicó que los familiares de Gomes «tuvieron intervención en 72 horas y pueden incluso realizar pruebas o proponer pruebas», lo que, a su juicio, constituye un «trato discriminatorio» que no «tiene ninguna explicación».
En ese sentido, aclaró que no se trata de «una intervención estrictamente procesal», sino de tener conocimiento de si la Fiscalía está investigando sobre los posibles autores intelectuales.
Kronawetter afirmó que la Fiscalía argumenta que en el proceso hay «información confidencial o reservada», hecho que rebatió al indicar que la ley establece que «sólo un juez puede ordenar la reserva de las actuaciones».
También criticó que se pida a la familia «asumir el rol de querellantes».
Por el contrario, señaló que en Colombia, donde la investigación desembocó en la condena de los autores materiales, la familia de Pecci «tuvo activa participación» e incluso pudo observar y participar en el juicio, que se transmitió por medios telemáticos.
«El trato que (la familia Pecci) tuvo en Colombia es el equivalente al trato que realmente se merece la víctima y más todavía víctimas de hechos punibles de crimen organizado, así que la diferencia es diametralmente opuesta a la forma en que nos están tratando en Paraguay», afirmó.
El abogado advirtió que el sentimiento de la familia es de que «está siendo revictimizada, porque una de las formas de revictimizar es poner una serie de obstáculos que impidan la búsqueda de la verdad».
Al respecto, el fiscal general, Emiliano Rolón, dijo este jueves a periodistas que se trata de un «tema ya remanido» y pidió «respetar las reglas del Estado de derecho».
Rolón explicó que la situación del extinto diputado «genera otro tipo de consecuencias», al detallar que uno de los hijos del político está detenido y también imputado.
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