La hija de Matt Capelouto, Alexandra, murió envenenada por una píldora farmacéutica falsificada que contenía fentanilo, en diciembre de 2019, una tragedia que impulsó a su familia a convertirse en defensores de la erradicación de la crisis del fentanilo.
Capelouto creó una organización sin fines de lucro denominada Stop Drug Homicides, que tiene como objetivo evitar que otras familias vivan el dolor que ellos han padecido.
La familia, procedente de Temecula, California, también está pidiendo a los votantes que aprueben la Proposición 36, una medida electoral que se someterá a votación en noviembre y que aumentaría las penas para los reincidentes en algunos delitos de drogas y robo, que además incluye el texto de la Ley Alexandra, que advertiría a las personas condenadas por traficar con fentanilo que podrían ser acusadas de asesinato si distribuyen el opioide sintético y alguien muere como consecuencia de ello.
«Estamos decididos a impulsar leyes como la Ley Alexandra, que ayudarán a disuadir a los traficantes de drogas, advirtiéndoles de las consecuencias de vender sustancias mortales», dijo Capelouto a The Epoch Times el 24 de septiembre.
«Tenemos previsto seguir abogando por una legislación más sólida, generando conciencia sobre los peligros del fentanilo y trabajando con otras familias y legisladores para abordar esta crisis. Creemos que solo a través de la responsabilidad, la educación y mejores leyes podemos empezar a contener la epidemia de fentanilo y salvar vidas».
Quienes se oponen a la Proposición 36, entre ellos el gobernador de California Gavin Newsom, han argumentado que la medida conduciría a altas tasas de encarcelamiento y le costaría millones de dólares al Estado.
Los legisladores intentaron en repetidas ocasiones aprobar la Ley Alexandra en la Legislatura, con ayuda de representantes demócratas y republicanos, presentando propuestas desde 2020, pero finalmente los proyectos de ley fueron rechazados por los comités de seguridad pública del Senado y la Asamblea.
A nivel federal, el representante Darrell Issa (R-California) presentó la Ley Alexandra HR 6671 en diciembre de 2023, y la legislación está a la espera de una audiencia del Subcomité de Salud del Congreso.
Alexandra Capelouto era una estudiante de 20 años. Estudiaba sociología en la Universidad Estatal de Arizona cuando consumió sin saberlo la mitad de una pastilla falsa de Percocet que contenía una dosis letal de fentanilo.
Ella compró la pastilla, que llegó a su casa en un paquete de 11 unidades, en Snapchat, a través de una cuenta que, según se determinó posteriormente, estaba controlada por Brandon Michael McDowell, ahora de 25 años y residente en el condado de Riverside.
McDowell fue detenido por las autoridades federales y en julio de 2022 se declaró culpable de vender el fentanilo que causó la muerte de la joven.
Enfrentaba una posible pena de prisión de hasta 20 años y fue condenado a nueve años.
A finales de 2021, la familia Capelouto también interpuso una demanda civil contra McDowell por daños y perjuicios en virtud de la Ley de Responsabilidad de los Traficantes de Drogas, aprobada por la Asamblea Legislativa en 2009.
McDowell se declaró en bancarrota en diciembre de 2022, a lo que Capelouto y su abogado respondieron que era un intento de evitar la sentencia.
En la demanda civil, la familia solicitó algo más de 5 millones de dólares —incluidos 4 millones en daños generales, 1 millón en daños punitivos, 25,000 dólares en gastos funerarios y 735 dólares en gastos legales.
El tribunal falló a favor de la familia Capelouto en diciembre de 2023, argumentando que McDowell actuó de forma «intencionada… deliberada y maliciosa», causando la muerte de la joven.
Un tribunal federal de quiebras de California emitió una sentencia el 18 de septiembre declarando que McDowell debe pagar el valor de la sentencia, con intereses, lo que eleva el total a unos 5.8 millones de dólares.
«Esta sentencia representa un paso importante hacia la justicia para nuestra familia y otras personas afectadas por la intoxicación con fentanilo», declaró Capelouto. «Esto envía un poderoso mensaje de que los responsables de la venta de drogas mortales no pueden simplemente escapar de la responsabilidad financiera a través de la bancarrota».
Él dijo que el fallo es relevante porque envía un fuerte mensaje a los traficantes de fentanilo y ofrece esperanza a otras familias afectadas por la droga mortal.
«Para nosotros, no se trata de dinero, sino de defender a Alexandra y asegurarnos de que quienes se benefician de envenenar a otros afronten consecuencias reales», dijo Capelouto. «No sé si alguna vez recibiremos dinero de esta sentencia, pero lo más importante es que hemos ayudado a sentar un precedente para que otros lo hagan en el futuro».
Dijo que aunque consideraba que la condena de nueve años era demasiado corta, calificó el fallo civil de «sentencia financiera perpetua».
Cuando McDowell salga de prisión, la familia Capelouto podría solicitar el embargo de su salario y embargar cualquier propiedad que adquiera, ya sea por compra o por herencia.
McDowell vivía en casa de sus padres cuando vendió las pastillas en 2019, según los documentos de la acusación. La casa se puso a la venta el 2 de agosto y todavía está en el mercado, según el sitio web de anuncios en línea Redfin.
Capelotuo, como portavoz de las víctimas del fentanilo, dijo que si bien el asunto es personal para él, su familia aboga por todos los afectados por la intoxicación con fentanilo.
«Nuestro objetivo es garantizar que quienes venden conscientemente estas drogas mortales sean considerados responsables ante la ley», afirmó. «Esperamos que esta sentencia inspire a otras familias a exigir justicia y anime a los legisladores a tomar medidas más decisivas contra los narcotraficantes».
Baruch Cohen, el abogado que representó a la familia Capelouto durante la demanda por bancarrota, dijo que la sentencia fue justa.
«Las acciones deliberadas del acusado no solo le robaron el futuro a Alexandra, también despojaron a sus padres de su querida hija», dijo Cohen en su petición de sentencia. «Ninguna compensación monetaria podrá compensar verdaderamente esta profunda pérdida. Aunque ningún recurso legal puede reparar completamente las heridas de esta trágica muerte por negligencia, declarar la no exoneración de esta deuda… enviará un poderoso mensaje de que la crueldad intencionada de McDowell no quedará impune».
Cohen dijo que la sentencia —la primera de este tipo— impedirá que otros delincuentes usen las protecciones de la bancarrota para eludir su responsabilidad fiscal.
«Esto tiene muchos dientes en esto. Este es el disparo que se escuchará en todo el mundo», declaró Cohen a The Epoch Times el 24 de septiembre. «En la medida en que los narcotraficantes piensen que pueden volver a salirse con la suya: pensarán dos veces. Ahora existe el precedente de que serán responsables civilmente».
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