Los familiares de los colombianos Kevin Gómez y Leidy Paola Correa, fallecidos en el incendio en una zona de ocio de la ciudad española de Murcia (este) en octubre de 2023, presentaron este martes una querella contra dos responsables de urbanismo y tres funcionarios municipales por presuntos delitos de prevaricación por omisión.
Gómez y Correa son dos de los tres colombianos que perdieron la vida junto a otras diez personas, de origen nicaragüense y ecuatoriano, al incendiarse dos discotecas contiguas -‘Teatre’ y ‘Fonda Milagros’- en las que disfrutaban de una noche de fiesta que acabó en tragedia.
Los locales siniestrados no tenían licencia municipal y sobre ellos pesaba una orden de cierre desde enero de 2022 que nunca se cumplió.
Kely Gómez, hermana de Kevin, y Jairo Correa, padre de Leidy Paola, ofrecieron este martes una rueda de prensa junto a su abogado, José Manuel Muñoz Ortín, quien señaló que en el Ayuntamiento de Murcia funcionó una “trama organizada” que permitió que la discoteca ‘Teatre’ «funcionara de forma continuada e irregular” desde que inició su actividad en 2005.
«Estamos hablando de una forma de funcionar que permite que determinados funcionarios actúen de determinada manera”, dijo el letrado, e insistió en que “había cerebros que pensaban qué hacer para que la discoteca siguiera funcionando”, por lo que no se trata de una “actuación la de mala suerte ni de la fuerza mayor”.
Por eso, consideró que “se necesitan sanciones ejemplarizantes” y no vuelva a suceder un hecho similar y para dejar claro que “las leyes están para cumplirlas, también la administración”.
Jairo Correa fue contundente al exponer que las muertes de las 13 personas estuvieron provocadas “por la negligencia, la prevaricación, la corrupción” de responsables y funcionarios municipales, “por omitir y dejar pasar las normas de seguridad, tapar unos reglamentos, no cumplirlos”.
En concreto, la querella apunta a que el actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, que también ocupó el cargo entre 2015 y 2021, «desarrolló una normativa que permitía este funcionamiento”, avalado también por el inspector del servicio técnico de Obras y Actividades, el jefe de servicio de Protección Civil y Protección contra Incendios y el jefe de servicio de Intervención, que son los tres funcionarios incluidos en la querella.
También el concejal Andrés Guerrero, que estuvo en el cargo entre 2021 y 2023, y dictó la última de las órdenes de cese de actividad de la discoteca en 2022, pero incluyó una cláusula para el abogado “prevaricadora”, puesto que permitía iniciar un nuevo procedimiento de legalización que dejaba sin efecto la propia orden de cierre.
La querella refleja que en total hay una veintena de expedientes relacionados con la discoteca, de los que tres son órdenes de suspensión y cese de la actividad, y otros cuatro son solicitudes de inicio de procedimientos de legalización.
Este incendio de las dos discotecas es el más mortífero hasta el momento registrado en España en un local de ocio desde la tragedia vivida en 1990 en la discoteca «Flying» de Zaragoza, donde murieron 43 personas.
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