Un grupo de familiares de rehenes del grupo terrorista Hamás acudirán este miércoles a La Haya en un intento de instar a la Corte Penal Internacional (CPI) a emitir órdenes de arresto de líderes del grupo islamista mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insiste en mantener la presión militar sobre Gaza como vía para liberar a los secuestrados.
Casi un centenar de rehenes liberados y de familiares de otros que aún siguen en manos de Hamás tienen previsto presentar ante la CPI documentos que puedan respaldar cargos como “la toma de rehenes, las desaparición forzada, delitos de violencia sexual, torturas y otras acusaciones graves” de presuntos crímenes cometidos el 7 de octubre por Hamás, en un ataque que causó al menos 1200 muertes en Israel.
«Este paso es crucial para el proceso judicial y subraya la gravedad de los cargos contra los dirigentes de Hamás. Los objetivos a corto plazo de esta presentación incluyen la emisión de órdenes de arresto para los líderes implicados de Hamás», explica el Foro de Rehenes y Familias de Desaparecidos, formado tras el ataque. Les acompañarán abogados israelíes e internacionales.
Familiares de tres víctimas de Hamas ya fueron recibidos por el fiscal de la CPI, Karim Khan, en noviembre, «en una reunión importante en la que el fiscal dio mucha atención a la narrativa de las víctimas, y mostró mucha seriedad, humanidad y dignidad», aseguró entonces el abogado francés François Zimeray, representante de once familias israelíes afectadas a EFE.
Israel no reconoce la CPI
Las víctimas, testigos y otros organismos pueden presentar «comunicaciones» al fiscal de la CPI para apoyar sus investigaciones, pero estas no se definen como «denuncias», como en las justicias nacionales, sino como una transmisión de información.
Esto debido a que desde 2021, el fiscal tiene abierta una investigación de presuntos crímenes cometidos desde 2014 en los territorios considerados como palestinos, desde Gaza a Cisjordania, incluida Jerusalén Este. El ataque cometido por el grupo islamista Hamás contra Israel el 7 de octubre, y también la defensiva israelí en Gaza, que ha cobrado ya la vida de aproximadamente 28,000 civiles, podría afectar a dicha investigación.
Por tanto, el secuestro de rehenes es ya objeto de esa investigación y cualquier prueba puede enviarse también de forma electrónica a la oficina del fiscal bajo el apartado “Estado de Palestina”.
Palestina se adhirió en 2015 al Estatuto de Roma de 1998, el tratado fundacional de la CPI.
Sin embargo, y a pesar de que las víctimas del grupo terrorista Hamas buscan la protección legal de la CPI, Israel no ha ratificado el Estatuto, y no reconoce la jurisdicción de la Corte. La investigación se centra en crímenes de guerra cometidos en territorios considerados como palestinos y afecta a todos los actores activos en el conflicto: Hamas, otras milicias propalestinas, y el Ejército israelí.
Guerra en Gaza
Karim Khan reiteró ayer su petición para “la liberación inmediata de todos los rehenes” y aseguró que esto “representa un foco importante” de la investigación.
Además, subrayó su “preocupación” por los bombardeos y la posible incursión terrestre de las fuerzas israelíes en Rafah, en el sur de Gaza, y alertó de que “quienes infrinjan la ley tendrán que rendir cuentas” y aseguró que la investigación se está “llevando a cabo con máxima urgencia con miras a llevar ante la justicia a los responsables”.
A pesar de la falta de cooperación del gobierno de Netanyahu, el fiscal visitó Israel en noviembre, a petición de familiares de rehenes. “Desde entonces, no he visto ningún cambio perceptible en la conducta de Israel”, lamentó Khan.
Este lunes Israel rescató con vida a dos rehenes en Rafah, entre intensos bombardeos que mataron a decenas de gazatíes, mientras la comunidad internacional y actores internacionales como la ONU, EE. UU. o Egipto presionan para que no haya ataque por vía terrestre a Rafah.
Netanyahu defendió su estrategia de mantener la presión militar sobre Gaza como vía para liberar rehenes, mientras, Hamás denunció a lo que llamó «profundización del genocidio» en Rafah, dadas las «trágicas condiciones» en las que viven allí 1.4 millones de gazatíes.
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