Una nueva legislación presentada el 28 de septiembre pretende ampliar el Fondo para las Víctimas de Crímenes para incluir a los familiares directos de quienes mueren a manos de un inmigrante ilegal, incluidos los conductores ebrios.
El representante Troy E. Nehls (R-Texas) y el senador Roger Marshall (R-Kansas presentaron el miércoles en sus respectivas cámaras proyectos de ley complementarios, la Ley de Justicia para las Familias de Ángeles.
«No hay ningún registro oficial que haga un seguimiento específico de los delitos cometidos por los ‘inmigrantes ilegales’ en EE. UU., y se hace poco por las familias de estas víctimas», señala un comunicado de prensa emitido por Nehls y Marshall.
«Las políticas de fronteras abiertas de Joe Biden están proporcionando a los terroristas, asesinos, violadores y otros delincuentes una invitación sin ataduras a nuestro país, donde sin duda están cometiendo crímenes violentos en toda nuestra nación», dijo Nehls en el comunicado.
El proyecto de ley también restablecería y codificaría la Oficina de Participación de las Víctimas del Crimen de Inmigración (VOICE) que el presidente Donald Trump lanzó por orden ejecutiva en 2017 dentro del Departamento de Seguridad Nacional.
La oficina ayudaba a los familiares a seguir el caso de su ser querido y a rastrear cuándo el extranjero ilegal responsable era detenido, enjuiciado y deportado, así como a proporcionar otro tipo de apoyo, incluido el asesoramiento en caso de duelo.
La Administración Biden cerró la Oficina VOICE en junio de 2021.
«Bajo el presidente Trump, las familias de Ángeles eran respetadas y atendidas por el gobierno federal. Eso no podría estar más lejos de la realidad con Joe Biden a cargo», dijo Marshall en el comunicado de prensa.
«Este presidente prioriza la agenda de fronteras abiertas de la izquierda radical en lugar de ayudar a los ciudadanos estadounidenses víctimas de las peores consecuencias de la inmigración ilegal fuera de control».
La mamá Mary Ann Mendoza, quien se reunió varias veces con Trump y apoyó la Oficina de VOZ, dijo que la nueva legislación es bienvenida.
Su hijo Brandon murió en un accidente automovilístico en 2014 causado por un inmigrante ilegal que estaba borracho, drogado con metanfetaminas y que iba en dirección contraria por una autopista en Mesa, Arizona. Brandon, sargento de la policía de Mesa, tenía 32 años.
«Me alegro de que las Familias de Ángeles sigan en la mente de algunos de nuestros legisladores y que entiendan la trágica pérdida que han sufrido nuestras familias y que es completamente ignorada por la actual administración», dijo Mendoza a The Epoch Times el 28 de septiembre.
«Es desgarrador ver y escuchar a diario, los obstáculos y las leyes que esta administración romperá para acomodar a los que están presentes ilegalmente en nuestro país. Espero que se apruebe esta legislación y que los ciudadanos estadounidenses perjudicados de forma indecible por los delincuentes ilegales reciban por fin el reconocimiento y la ayuda que necesitan».
Crímenes de extranjeros ilegales
En una rara revelación de los datos criminales de los extranjeros ilegales, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) publica algunas estadísticas que desglosan a los criminales extranjeros ilegales.
Entre el 1 de junio de 2011 y el 31 de agosto de 2022, el DPS ha fichado a más de 261,000 extranjeros ilegales criminales en las cárceles locales por delitos estatales, según el sitio web de la agencia.
Los 261,000 extranjeros ilegales fueron acusados de más de 434,000 delitos, incluyendo 800 homicidios, 822 secuestros y casi 12,000 cargos por delitos sexuales.
Los datos, afirma el DPS, «simplemente identifican miles de crímenes que no deberían haber ocurrido y miles de víctimas que no deberían haber sido victimizadas porque el perpetrador no debería estar aquí».
El DPS explica que las cifras representan el «número mínimo de delitos asociados a extranjeros ilegales criminales», ya que no incluyen los cargos federales ni los acumulados en otros estados.
El mes pasado, en una zona rural de Alabama, un extranjero ilegal fue acusado de secuestro en primer grado, tres cargos de asesinato capital y dos cargos de abuso de un cadáver, tras un espantoso descubrimiento en una casa.
José Paulino Pascual-Reyes, de 37 años, que ya había sido deportado, está acusado de asesinar a Sandra Vazquez Ceja y a su hijo pequeño, así como de secuestrar a la hija de Ceja, de 12 años.
La denuncia alega que Pascual-Reyes mató a Ceja asfixiándola con una almohada y a su hijo apaleándolo. También se le acusa de cortar ambos cuerpos en «pequeños trozos en las articulaciones para ocultar pruebas».
A continuación, Pascual-Reyes supuestamente ató a la hija de Ceja, de 12 años, a los postes de la cama durante aproximadamente una semana, suministrándole alcohol para mantenerla en un estado drogado y abusando de ella. La niña acabó mordiendo las ataduras y se escapó de la casa.
A finales de julio, Alexis Saborit, extranjero ilegal de Cuba buscado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, decapitó a su novia con un machete mientras conducía por el área metropolitana de Minneapolis.
Saborit fue acusado de asesinato intencionado en primer grado y se enfrenta a cadena perpetua sin libertad condicional si es declarado culpable. Está encarcelado con una fianza de 4 millones de dólares.
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