A medida que los casos de COVID-19 aumentan de nuevo en los asilos, algunos estados han empezado a exigir a los visitantes que presenten pruebas de que no están infectados antes de entrar en las instalaciones, lo que aviva la frustración y la consternación entre los familiares.
Las autoridades de California, Nueva York y Rhode Island afirman que los nuevos requisitos de pruebas de COVID-19 son necesarios para proteger a los residentes —una población enormemente vulnerable— de la exposición a la variante ómicron, altamente contagiosa. Pero muchos familiares dicen que no pueden conseguir las pruebas en medio de la enorme demanda y la escasez de suministros, lo que les impide ver a sus seres queridos. Y quedarse fuera de las instalaciones resulta insoportable, como una pesadilla que se repite sin fin.
La grave escasez de empleados está complicando el esfuerzo por garantizar la seguridad y mantener los centros abiertos; esta escasez también pone en peligro la atención en los centros de residencia —una preocupación de muchos familiares.
La madre de Andrea DuBrow, de 75 años, que padece de Alzheimer en estadio grave, vive desde hace casi cuatro años en una residencia de ancianos de Danville, California. Cuando DuBrow no pudo verla durante los primeros meses de la pandemia, dijo, su madre olvidó quién era.
«Esta última restricción es esencialmente otro encierro», dijo DuBrow en una reunión la semana pasada sobre la nueva normativa de California. «El tiempo que le queda a mi madre cuando puede reconocer en una pequeña parte encerrada de ella que soy yo, su hija, limpiándola, dándole de comer, tomándola de la mano, cantándole sus canciones favoritas… ese tiempo nos lo están robando».
«Esto es un gran inconveniente, pero lo más molesto es que nadie parece tener ningún tipo de plan a largo plazo para las familias y los residentes», dijo Ozzie Rohm, cuyo padre de 94 años vive en un asilo de San Francisco.
¿Por qué los miembros de la familia están sujetos a requisitos de pruebas que no se aplican a los empleados?, se preguntó Rohm. Si los miembros de la familia están vacunados y recibieron un refuerzo, llevan buenas mascarillas, permanecen en la habitación del residente y practican una rigurosa higiene de las manos, ¿suponen un riesgo mayor que los empleados que siguen estos procedimientos?
California fue el primer estado en anunciar nuevas políticas para los visitantes de las residencias de ancianos y otros centros de retiro el 31 de diciembre de 2021. Éstas entraron en vigor el 7 de enero y permanecerán vigentes durante al menos 30 días. Para ver a un residente, una persona debe mostrar evidencia de una prueba rápida de COVID negativa tomada en un plazo de 24 horas o una prueba de PCR tomada en un plazo de 48 horas. Además, se requiere la vacunación contra el COVID.
En un comunicado en el que se anuncia la nueva política, el Departamento de Salud Pública de California citó «la mayor transmisibilidad» de la variante ómicron y la necesidad de «proteger a las poblaciones especialmente vulnerables en los entornos de las residencias». A lo largo de la pandemia, los residentes de los asilos han sufrido tasas de enfermedad y muerte desproporcionadamente altas.
Nueva York imitó a California con el anuncio, el 7 de enero, de que los visitantes de las residencias de ancianos tendrían que presentar una prueba rápida negativa realizada como máximo un día antes. Y el 10 de enero, Rhode Island anunció una nueva norma que exige una prueba de vacunación o una prueba de COVID-19 negativa.
Los defensores de los pacientes temen que otros estados adopten medidas similares. «Nos preocupa que ómicron se utilice como excusa para volver a detener las visitas», dijo Sam Brooks, director de programas y políticas de National Consumer Voice for Quality Long-Term Care, un grupo de defensa de las personas que viven en estos centros.
«No queremos volver a los dos últimos años de cierres de residencias de ancianos y de aislamiento y abandono de los residentes».
Esa es también una prioridad para los Centros Federales de Servicios de Medicare y Medicaid, que desde el 12 de noviembre de 2021 han hecho hincapié en el derecho de los residentes a recibir visitas sin restricciones siempre que se sigan los protocolos de seguridad. Las residencias de ancianos podrían alentar, pero no exigir, que los visitantes se hicieran pruebas por adelantado o presentaran una prueba de vacunación contra el COVID, según las directrices de los CMS. Los protocolos de seguridad incluyen el uso de mascarillas, la higiene rigurosa de las manos y el mantenimiento de una distancia física adecuada con respecto a otros residentes.
Sin embargo, con la aparición de ómicron, los centros se retractaron. El 17 de diciembre de 2021, una organización que representa a los directores médicos de residencias de ancianos y dos asociaciones nacionales de cuidados de larga duración enviaron una carta al administrador de los CMS en la que pedían más flexibilidad para «proteger la seguridad de los residentes» y «establecer restricciones temporales a las visitas en las residencias». El 6 de enero, los CMS afirmaron el derecho de los residentes a las visitas, pero dijeron que los estados podían «tomar medidas adicionales para que las visitas sean más seguras».
Al pedírsele un comentario sobre las recientes acciones de los estados, la agencia federal dijo en una declaración a KHN que «un estado puede requerir que las residencias de ancianos hagan pruebas a los visitantes siempre y cuando la instalación proporcione las pruebas rápidas de antígenos y haya suficientes suministros para las pruebas. … Sin embargo, si no hay suficientes suministros de pruebas rápidas, se debe permitir que las visitas se realicen sin una prueba (sin dejar de cumplir con otras prácticas, como el uso de mascarillas y el distanciamiento físico)».
El nuevo plan de la Administración Biden para distribuir cuatro pruebas gratuitas por hogar puede aliviar la escasez de pruebas. Pero para los familiares que visitan a los residentes de los asilos varias veces a la semana, ese suministro no servirá de mucho.
Desde principios de año, se ha intensificado la tensión sobre el equilibrio entre la seguridad y los derechos de visita de los residentes. En la semana que terminó el 9 de enero, 57,243 empleados de asilos declararon infecciones por COVID, casi 10 veces más que tres semanas antes. Durante el mismo periodo, las infecciones de los residentes aumentaron a 32,061, casi ocho veces más que tres semanas antes.
Pero los brotes se producen hoy en día en un contexto diferente. Según los CMS, más del 87% de los residentes de los asilos han sido vacunados en su totalidad y el 63% ha recibido también dosis adcionales, lo que reduce el riesgo que supone el COVID. Además, los asilos han adquirido experiencia en la gestión de brotes. Además, ahora se conocen mejor las consecuencias de los cierres de las residencias de ancianos: soledad, desesperación, negligencia y deterioro físico.
«Todos hemos visto los efectos negativos de la restricción de las visitas en la salud y el bienestar de los residentes», afirma Joseph Gaugler, profesor que estudia los cuidados en residencias en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Minnesota. «Que las residencias de ancianos vuelvan a tener una mentalidad de búnker y cierren todo, no es una solución».
En medio de la atroz escasez de personal, «necesitamos personas en estos edificios que puedan cuidar a los residentes, y a menudo se trata de visitantes que básicamente funcionan como asistentes de enfermería certificados no remunerados: asear y bañar a los residentes, voltearlos y cambiarlos de posición, alimentarlos, ayudar a que se estiren y ejerciten, dijo Tony Chicotel, un abogado del personal de California Advocates for Nursing Home Reform.
Casi 420,000 empleados han dejado las residencias de ancianos desde febrero de 2020, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, lo que ha empeorado la escasez existente.
Cuando DuBrow se enteró del nuevo requisito de pruebas de California para los visitantes, se organizó para obtener una prueba de PCR en un sitio de pruebas el 6 de enero, esperando los resultados en 48 horas. En cambio, esperó 104 horas antes de obtener una respuesta. (Su test resultó negativo). Ansiosa por visitar a su madre, DuBrow llamó a todos los CVS, Walgreens y Target en un radio de 25 millas de su casa para pedir una prueba, pero no obtuvo nada.
En un comunicado, el Departamento de Salud Pública de California dijo que el estado había establecido 6288 centros de pruebas de COVID y enviado millones de pruebas a domicilio a los condados y jurisdicciones locales.
En Nueva York, la gobernadora demócrata Kathy Hochul se ha comprometido a entregar casi un millón de pruebas de COVID a las residencias de ancianos, donde los visitantes pueden realizarlas in situ, pero eso presenta sus propios problemas. «No queremos hacer pruebas a los visitantes que hacen fila en la puerta. No disponemos de personal clínico para hacerlo, y tenemos que centrar a todo nuestro personal en el cuidado de los residentes», afirma Stephen Hanse, presidente y director ejecutivo de New York State Health Facilities Association, una organización del sector.
Con la actual escasez de personal, tratar de garantizar que los visitantes usen mascarillas, se distancien físicamente y se adhieran a las prácticas de control de infecciones es «agotador para el personal», dijo Janine Finck-Boyle, vicepresidenta de asuntos normativos de Leading Age, que representa a los proveedores de cuidados a largo plazo sin ánimo de lucro.
«Realmente, los retos son enormes», dijo Gaugler, «y ojalá hubiera respuestas fáciles».
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