La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, tenía discreción exclusiva sobre su decisión de contratar a Nathan Wade como fiscal especial en su investigación de las elecciones de 2020, revelaron funcionarios del condado el 3 de mayo.
Dirigiéndose a los miembros del Comité Especial del Senado de Georgia sobre las investigaciones, el presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Fulton, Robb Pitts, dijo que el personal del condado había interpretado la ley estatal en el sentido de que la Sra. Willis no necesitaba la aprobación de la comisión para contratar al Sr. Wade.
En cuanto a la remuneración del fiscal especial, la directora financiera del condado de Fulton, Sharon Whitmore, informó que la Sra. Willis también tiene autoridad para decidir cuánto se paga a los contratistas.
Estas revelaciones sorprendieron al presidente del comité, el senador estatal Bill Cowsert.
«Esto me está sonando como el Salvaje Oeste», dijo el republicano, aparentemente aturdido por la aparente falta de control del condado sobre cómo la Sra. Willis maneja el presupuesto de su oficina.
«Usted no sabe cuánto de eso se gasta en servicios profesionales, a quién se contrató, cuánto se les paga por hora, cuál es su compensación total, sin embargo, se le pide que proporcione USD 36.6 millones al año».
El comité está investigando las acusaciones de mala conducta que rodean a la Sra. Willis, incluidos los posibles conflictos de intereses y afirmaciones de que ella malversó fondos públicos.
El Sr. Cowsert, cuestionando la interpretación de la ley por parte del condado, dijo que el estatuto en cuestión parecía indicar que la Sra. Willis necesitaba aprobación previa para contratar al Sr. Wade.
Citando la ley, señaló que el fiscal de distrito puede emplear a los contratistas «según lo dispuesto por la ley local, o según lo autorizado por la autoridad gobernante del condado o condados que comprenden el circuito judicial».
«¿Usted es la autoridad gobernante como la Junta de Comisionados del [Condado de Fulton]?» preguntó al Sr. Pitts, quien respondió afirmativamente.
«¿Y lo que está diciendo es que nunca la ha autorizado a contratar a contratistas independientes para ayudar en el ejercicio de sus funciones?», continuó el senador.
De nuevo, Pitts confirmó que era cierto. Pero el fiscal del condado de Fulton, Soo Jo, dijo que había ejemplos en la jurisprudencia en los que los fiscales de distrito no estaban obligados a solicitar la aprobación de tales decisiones, y esos ejemplos fueron los que el condado había sacado sus conclusiones.
Supuesta malversación de fondos
Una de las principales acusaciones contra la fiscal es que mantuvo una relación inapropiada con el Sr. Wade tanto antes de contratarlo como después. También ha sido acusada de beneficiarse financieramente de esa relación y de su procesamiento del expresidente Donald Trump en el caso de interferencia electoral de Georgia en 2020.
El Sr. Wade ha renunciado desde entonces a su papel en el caso. Los registros del condado de Fulton muestran que recibió más de USD 710,000 del condado por su trabajo.
Cuando se le preguntó sobre el código de ética del condado para la recepción de regalos de contratistas independientes, la Sra. Jo dijo que los regalos de aquellos que buscan una acción oficial de o que buscan hacer negocios con el condado estaban prohibidos.
Añadió que todos los funcionarios electos, incluido el fiscal del distrito, estaban obligados a informar de cualquier regalo valorado en más de USD 100 u honorarios por un total de más de USD 500 en valor de una sola fuente.
La Sra. Willis habría compartido con el Sr. Wade costosas cenas y vacaciones, que éste adquirió mientras estaba contratado por su oficina.
Otro asunto que ha sido objeto de controversia es que tanto la Sra. Willis como el Sr. Wade viajaron a Washington para reunirse con funcionarios de la administración Biden mientras construían su caso contra el presidente Trump.
El expresidente ha citado esas reuniones como evidencia de que el caso tiene motivaciones políticas.
El Sr. Cowsert le preguntó a la Sra. Whitmore si el fiscal de distrito alguna vez buscó aprobación para usar fondos de los contribuyentes para pagar esos viajes. Ella informó que la política del condado permite a los funcionarios electos aprobar viajes para ellos y su personal.
El presidente del comité sugirió que los legisladores podrían tener que considerar la revisión de la ley estatal para permitir al condado más supervisión del presupuesto del fiscal de distrito.
El senador demócrata Harold Jones II, sin embargo, pareció oponerse a cambiar «la forma en que hemos estado operando durante años en Georgia». Señaló que otros funcionarios constitucionales, como el sheriff del condado, también se verían afectados por cualquier enmienda al estatuto en cuestión.
Pero el Sr. Pitts, un autoproclamado conservador fiscal, dijo que pensaba que un cambio podría ser apropiado.
«Tengo una diferencia filosófica con la idea de que un funcionario constitucional pueda gastar el dinero que el órgano legislativo ha asignado de la manera que él o ella elija», dijo.
Otras denuncias
La Sra. Willis también ha sido denunciada por represalias y gastos extravagantes en seguridad personal y relaciones públicas. También fue demandada a principios de esta semana por la representante estatal Mesha Mainor por supuestamente conspirar para ayudar a un antiguo trabajador de campaña que la acosó.
La demanda alega que la Sra. Willis, el Comisionado del Condado Marvin Arrington, y otros funcionarios del condado la privaron de ciertos derechos después de que ella solicitó un juicio con jurado en el caso de acoso. También acusa a la Sra. Willis y al Sr. Arrington de utilizar sus conexiones políticas para proteger al acusado en el caso.
La Sra. Mainor presentó la demanda en virtud de la Ley Racketeer Influenced and Corrupt Organization (RICO) de Georgia, que es uno de los mismos estatutos que la Sra. Willis afirma que el presidente Trump violó.
«Enfrentarse a figuras políticas como Arrington y Willis es desalentador; vivir en un sistema que se siente roto y corrupto y enfrentar represalias por proteger a mi familia es descorazonador», dijo en una conferencia de prensa el 30 de abril en Atlanta.
«Me encantaría que ella [Willis] lo admitiera», dijo Mainor. «Mis hijas están preparadas porque han sido testigos de algo así. Quiero que se haga justicia».
Otra demanda presentada en marzo acusa a la Sra. Willis de no notificar a un juez cuando personas no acusadas permanecen en prisión más de 45 días.
Willis se presenta a la reelección en noviembre.
Jack Phillips contribuyó a este artículo.
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