FBI presionó a la gente para que renuncie a sus derechos a poseer armas, según documentos

Por Emily Miller
13 de septiembre de 2022 6:16 PM Actualizado: 14 de septiembre de 2022 12:08 AM

El Buró Federal de Investigación (FBI) ha presionado a los estadounidenses para que renuncien «voluntariamente» a sus derechos de la Segunda Enmienda, lo que posiblemente sea ilegal, según documentos recientemente revelados.

Los funcionarios del FBI hicieron que los estadounidenses rellenaran un formulario en el que decían que querían que el FBI hiciera ilegal la compra o la posesión de armas para siempre debido a una condición de salud mental.

Un grupo nacional de defensa de los derechos de las armas, Gun Owners of America (GOA), exige que el FBI elimine los registros de la base de datos de verificación de antecedentes antes del 8 de octubre y que el Congreso haga cumplir las eliminaciones.

«Hemos sabido que el FBI no tenía por qué desarmar a estos individuos. No suponían una amenaza para la sociedad. Las acciones del FBI fueron totalmente ilegales», dijo Aidan Johnston, director de asuntos federales de GOA, a The Epoch Times.

Tácticas del FBI

Quince personas rellenaron los formularios, según los documentos que GOA adquirió a través de una demanda de libertad de información (FOIA).

El Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales (NICS, por sus siglas en inglés) es la forma en que los vendedores de armas con licencia pueden comprobar si un comprador puede poseer legalmente un arma.

Los formularios de «autosumisión» muestran que las personas entregaron sus registros de salud mental al FBI y firmaron para aceptar que «la completación y presentación de este formulario tendrá como resultado la denegación de mi derecho a comprar, poseer y utilizar cualquier arma de fuego».

No se da ningún plazo ni proceso para recuperar sus derechos, que es lo que la GOA intenta hacer por ellos.

«Tenemos los registros de 15 casos hasta ahora, pero, por lo que sabemos, podrían ser 1500 o 15,000», dijo Robert J. Olson, abogado de GOA, en una entrevista a The Epoch Times. «El FBI nos dice que estas personas fueron puestas en el sistema NICS como prohibidas por motivos mentales, y no hay forma de rastrear quiénes fueron ingresados en base a este formulario. Pero la carga de arreglar esto recae sobre el FBI, porque ellos no tenían poder para poner a estas personas en el sistema en primer lugar».

Los nombres y detalles personales están tachados y los formularios tienen fechas entre 2017 y 2019. Un portavoz del FBI dijo a The Daily Caller, que informó por primera vez sobre estos formularios, que el formulario fue «descontinuado» en diciembre de 2019.

Renuncia a sus derechos de la Segunda Enmienda

Ninguna de las 15 personas que firmaron el formulario tenía prohibida legalmente la compra de armas por razones de salud mental, ya que si tuvieran una prohibición legal, no habría sido necesario el formulario, según GOA. Johnston dijo a The Epoch Times que el grupo también recibió otros documentos de su solicitud de FOIA, incluyendo notas y entrevistas de los agentes de campo del FBI presentes durante la firma de los formularios. Algunas de las personas amenazaron con la violencia en internet, pero se determinó que no constituían un peligro tras una investigación más profunda.

«El FBI desarmó a un estudiante de preparatoria —que ni siquiera tenía la edad legal para poseer un arma de fuego— por buscar en Internet consejos para hackear una computadora de la escuela», dijo Johnston. «El estudiante dijo a los agentes que ni siquiera quería comprar un arma, pero luego renunció a su derecho a comprarla alguna vez».

Una de las 15 personas fue investigada por un fiscal adjunto de EE. UU. que luego se negó a procesar, según la GOA. El fiscal estadounidense escribió que el FBI creía que la persona «no parece representar una amenaza para sí misma, para otros o para el presidente en este momento».

La senadora Marsha Blackburn (R-Tenn.) escribió en Twitter sobre los documentos del FBI: «No puedes renunciar a tus derechos constitucionales, a pesar de lo que desee el FBI».

Salud mental y armas

Según la ley federal (pdf), solo se prohíbe a una persona comprar o poseer armas de fuego si ha sido declarada deficiente mental o internada en una institución mental. El formulario de «autosumisión» no requiere que ninguna de esas cosas sea cierta.

«Una persona puede tener problemas de salud mental y no ser un ‘deficiente mental’ —que el Congreso pretendía que fuera un término restringido. Esta ley no es para impedir que alguien que tiene un trastorno de estrés postraumático, o una depresión por la pérdida de un ser querido, tenga un arma», explicó Olson. «El FBI se está cebando con personas en momentos débiles de su vida que, por ejemplo, publican algo en Internet sin considerar las consecuencias».

El formulario hace que la persona marque una o dos casillas en las que dice que se siente «un peligro para mí mismo o para otros» o que «carece de la capacidad mental adecuada para contratar o manejar los detalles de mi vida». Tiene una sección que rellena un médico o un profesional de la salud mental autorizado que dice que la persona ha sido examinada y tiene «la capacidad mental adecuada para ejecutar voluntariamente este documento».

El senador Rand Paul (R-Ky.) dijo en Fox News: «Hay una cierta ironía en decirle a alguien que tiene que ser mentalmente competente para firmar esta declaración que dice que no es mentalmente competente para tener un arma». Paul señaló que «podría ser un dilema si se llega a un tribunal de justicia: cómo alguien que es mentalmente incompetente para poseer un arma podría ser competente para firmar su derecho a las armas».

El FBI debe rendir cuentas

GOA escribió una carta el 8 de septiembre al fiscal general Merrick Garland y al director del FBI Christopher Wray explicando que la ley de verificación de antecedentes dice que si una persona está erróneamente en el NICS, la agencia tiene 30 días para eliminar el registro.

«El FBI está ahora en una cuenta regresiva de 30 días para eliminar estos nombres de la base de datos», dijo Johnston. «El FBI también tiene que confirmarnos que ya no está utilizando este formulario. Los propietarios de armas merecen saber qué medidas está tomando el FBI para asegurarse de que no está desarmando arbitrariamente a nadie más en el futuro».

El FBI no respondió a una solicitud de comentarios sobre si cumplirá el plazo de 30 días.

La carta dice que «el FBI no tiene autoridad estatutaria para crear o utilizar dicho formulario» y que la Ley de Control de Armas de 1968 «no contiene una prohibición para una persona que simplemente se autodeclare como mentalmente incapacitada». La ley de control de armas estableció las nueve categorías de personas a las que se les prohíbe poseer o comprar armas, entre las que se encuentran los delincuentes, los drogadictos, los extranjeros ilegales y los maltratadores domésticos.

«El uso pasado, presente o futuro de esta forma entra en conflicto con el estatuto que el Congreso promulgó y representa una clara infracción de los derechos de la Segunda Enmienda que ‘no deben ser infringidos'», escribió GOA.

El papel del Capitolio

Está claro que es ilegal que el FBI incluya en los índices del NIC a personas que no tienen prohibiciones, porque hay un proyecto de ley en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que cambiaría la ley actual para permitirlo. La legislación, patrocinada por la representante Pramila Jayapal (D-Wash.), haría que el fiscal general «estableciera y mantuviera» una «Base de Datos de Retraso de Compras Voluntario». El proyecto de ley modificaría la ley federal para permitir que las personas con problemas de salud mental se inscriban en una base de datos online que se incluiría en las comprobaciones de antecedentes federales antes de vender un arma. Se remitió al Comité Judicial de la Cámara de Representantes en julio.

Mientras tanto, la GAO dijo que está buscando apoyo en el Capitolio.

«Estamos trabajando en los pasillos del Congreso para que exija responsabilidades al FBI», dijo Johnston. Dijo que quieren que los congresistas y senadores hagan cumplir la norma de 30 días para que el FBI saque los registros del NICS y una investigación más completa sobre los formularios de autosumisión.

Paul dijo a Fox que lo sucedido forma parte de un patrón de acciones del FBI que parecen estar sesgadas contra los conservadores.

«Hay una carga sobre el FBI … para demostrarnos que no están actuando de una manera política», dijo.


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