El equipo legal del presidente Donald Trump argumentó que la fecha límite de “puerto seguro” del 8 de diciembre no tiene ningún efecto práctico en las demandas del presidente que buscan anular los resultados de las elecciones.
Los abogados Rudy Giuliani y Jenna Ellis dijeron que la fecha límite de «puerto seguro» es «una fecha límite que generalmente denota el último día para que los estados certifiquen los resultados electorales».
Pero señalaron que “no es algo inaudito” que las demandas electorales más allá del 8 de diciembre.
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— Jenna Ellis (@JennaEllisEsq) December 8, 2020
Citando el argumento de la difunta jueza Ruth Bader Ginsburg en Bush v. Gore durante las elecciones presidenciales de 2000, los abogados dijeron que «la fecha de ‘máxima importancia’ es el 6 de enero, cuando el Congreso cuenta y certifica los votos del Colegio Electoral».
«El único día fijo en la Constitución de los Estados Unidos», dijeron, «es la toma de posesión del presidente el 20 de enero al mediodía».
En una entrevista con Newsmax el martes, Ellis dijo que la fecha límite de “puerto seguro” del 8 de diciembre “en realidad no tiene ningún efecto práctico en el litigio”. Ellis agregó que la votación del Colegio Electoral del 14 de diciembre «realmente tampoco» tiene un efecto, citando la opinión de Ginsburg.
«El 6 de enero es la fecha que estamos viendo, así que todavía tenemos mucho camino por recorrer en esto, Grant”, agregó Ellis. «Y son solo los principales medios de comunicación de noticias falsas los que quieren apresurar esto a juicio».
Algunos expertos han dicho que la fecha de «puerto seguro» es realmente importante.
Rebecca Green, profesora de derecho electoral en la facultad de derecho William & Mary en Williamsburg, Virginia, dijo a The Associated Press que la ley federal estipula que “si un estado ha completado su certificación postelectoral antes del 8 de diciembre, el Congreso debe aceptarlos resultados». La fecha de “puerto seguro”, seis días antes de la reunión del Colegio Electoral, requiere que todos los estados hayan oficializado sus respectivos resultados electorales.
Pero el martes, el estado de Texas presentó una demanda en la Corte Suprema de los Estados Unidos contra Pensilvania, Georgia, Michigan y Wisconsin, alegando que los estados cambiaron inconstitucionalmente las leyes electorales, trataron a los votantes de manera desigual, y provocaron importantes irregularidades en la votación al relajar las medidas de integridad de las boletas.
“La confianza en la integridad de nuestros procesos electorales es sacrosanta y une a nuestra ciudadanía y a los Estados de esta Unión. Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin destruyeron esa confianza y comprometieron la seguridad e integridad de las elecciones de 2020”, dijo el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en un comunicado.
Solo una demanda relacionada con las elecciones del 3 de noviembre ha sido presentada ante la Corte Suprema. El juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, ordenó informes para una demanda presentada por el representante Mike Kelly (R-Pa.) en Pensilvania, lo cual sugiere que una orden de restricción temporal podría estar en proceso.
Con información de Ivan Pentchoukov.
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