Federales allanan casas de hija de un supervisor de condado y del CEO de organización sin ánimo de lucro

Las redadas se producen después de que el Condado de Orange presentara la semana pasada una demanda contra la organización sin ánimo de lucro alegando que posiblemente hizo un uso indebido de más de USD 10 millones en fondos del condado

Por Sophie Li
23 de agosto de 2024 3:02 PM Actualizado: 23 de agosto de 2024 3:02 PM

Los desafíos legales para una organización sin ánimo de lucro acusada por el condado de Orange, California, de malversar potencialmente millones en fondos de ayuda de COVID-19 se intensificaron el 22 de agosto. Después de la acusación investigadores federales ejecutaran órdenes de registro en los domicilios de dos de los ejecutivos de la organización.

Ciaran McEvoy, portavoz de la Fiscalía Federal, confirmó a The Epoch Times que los agentes habían llevado a cabo las búsquedas, pero se negó a dar más detalles, alegando que estaban sellados por orden judicial.

El Orange County Register informó que los registros tuvieron como objetivo la casa en Garden Grove de Peter Pham, director general de la organización sin ánimo de lucro Viet America Society, y la casa en Tustin de Rhiannon Do, la hija de 22 años del supervisor del condado de Orange, Andrew Do.

El abogado de la organización sin ánimo de lucro, Mark Rosen, le dijo al medio que los agentes también registraron el restaurante Perfume River en Westminster, donde el grupo recibió más de 10 millones de dólares en contratos del condado entre 2020 y 2022, durante la pandemia, para proporcionar comidas a los necesitados y ancianos.

Rosen no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios.

La semana pasada, el condado demandó a la organización sin fines de lucro y a tres de sus miembros por presunto mal uso de los fondos.

En una demanda presentada ante la Corte Superior del Condado de Orange el 15 de agosto, el condado alegó que tres ejecutivos de la organización sin fines de lucro y un ejecutivo de una organización asociada se apropiaron indebidamente de millones de dólares para comprar viviendas para sí mismos.

Oficina de la Viet America Society en 8907 Warner Avenue en Huntington Beach, California (Google Earth/Captura de pantalla a través de The Epoch Times)
Oficina de la Viet America Society en 8907 Warner Avenue en Huntington Beach, California (Google Earth/Captura de pantalla a través de The Epoch Times)

La demanda dice que se compraron cinco casas entre agosto de 2021 y mayo de 2024, supuestamente utilizando la financiación: dos para Pham; una para Rhiannon Do, que trabajaba como ejecutiva de la organización sin ánimo de lucro; una para Dinh Mai, secretaria de la organización sin ánimo de lucro; y otra para Thu Thao Thi Vu, propietaria de Aloha Financial Investment, que supuestamente operaba como Perfume River Restaurant & Lounge para preparar las comidas que se regalaban.

Sin embargo, Rosen, el abogado de la organización sin ánimo de lucro, declaró a The Epoch Times en una entrevista anterior que la demanda contenía errores fácticos.

La demanda alega que Pham compró una casa en Buena Park con su esposa en mayo de 2023, pero Rosen dijo que él no estaba entonces y todavía no está casado.

“Peter Pham … nunca ha comprado una casa en Buena Park. Así que deben haber buscado a todos los Peter Pham en el Condado de Orange, y lo que sea que Peter Pham compró, eso es lo que dijeron que mi Peter Pham compró”, dijo el 19 de agosto.

A principios de este mes, el condado solicitó a la organización sin ánimo de lucro la devolución de 2.2 millones de dólares en fondos antes del 26 de agosto debido a la insuficiente documentación de los gastos. Rosen presentó una carta y una auditoría el 12 de agosto en nombre de la organización sin ánimo de lucro en la que refutaba cualquier uso indebido de los fondos, lo que llevó al condado a presentar una demanda poco después.

Además de exigir responsabilidades a los demandados por las supuestas compras de viviendas, la demanda pretende recuperar todos los fondos concedidos, a menos que la organización sin ánimo de lucro pueda demostrar que se utilizaron correctamente.

Además, el condado ha presentado reclamaciones en virtud de lo que se conoce como la Ley de Reclamaciones Falsas, que podría obligar a la organización sin ánimo de lucro a pagar el triple de la cantidad en concepto de multa.

La oficina del Supervisor Do declinó hacer comentarios sobre el asunto.

“Los contribuyentes del condado de Orange esperaban que estos fondos se utilizaran para ayudar a la gente durante una crisis, y que las personas implicadas hayan convertido los fondos en su beneficio personal para enriquecerse es simplemente inconcebible”, declaró la supervisora Katrina Foley a The Epoch Times el 19 de agosto.

En las cartas en las que solicitaba los reembolsos, el condado proporcionó varios ejemplos que demostraban que la organización sin ánimo de lucro no había documentado a cuántos participantes había atendido durante el programa.

Rosen dijo que el mantenimiento de registros fue un reto durante la pandemia debido al limitado contacto físico, lo que dio lugar a registros incompletos. Sin embargo, afirmó que se prestaron todos los servicios prometidos en el contrato del condado.

“Al principio, no podían llevar tan buenos registros como ahora, porque era durante el COVID, y tenían conductores que repartían las comidas… [pero] no podían ir a llamar a las puertas para conseguir firmas, porque todo el mundo tenía miedo del COVID”, dijo.

Foley, sin embargo, dijo que el problema iba más allá de la simple recogida de firmas de los beneficiarios de las comidas. La organización sin ánimo de lucro tampoco facilitó documentación esencial, como recibos, facturas, extractos de facturación y registros de nóminas.

Añadió que documentar los gastos debería ser un requisito básico para cualquier organización, incluidas las nuevas.

“No lo acepto como excusa para esta organización sin ánimo de lucro. Muchas organizaciones con menos experiencia se las arreglan para llevar un registro de sus gastos mientras sirven a la comunidad”, afirmó.

Entre las agencias implicadas en las órdenes de registro se encuentran el FBI, la investigación criminal del IRS y la Fiscalía del Condado de Orange.


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