Filipinas condenó este jueves las acciones ilegales de tres barcos guardacostas chinos que bloquearon el paso y dispararon con cañones de agua contra dos barcos de suministro que iban a llevar alimentos al personal militar desplegado en el banco de arena de Ayungin, en el Mar de China Meridional.
«Los actos de los guardacostas chinos son ilegales. China no tiene derecho de aplicar la ley en esas áreas y sus alrededores. Deben marcharse y retroceder», afirmó en un comunicado el ministro de Asuntos Exteriores filipino, Teodoro Locsin, que aclaró que nadie resultó herido en el incidente, aunque los dos barcos tuvieron que abortar la misión de avituallamiento.
El ministro afirmó que ha transmitido «en los términos más fuertes» al embajador chino en Filipinas, Huang Xilian, «la indignación, la condena y la protesta» de su Gobierno por el incidente y recordó que las naves están protegidas por el Tratado Mutuo de Defensa entre Estados Unidos y Filipinas.
«El banco de arena de Ayungin es parte del grupo de islas Kalayaan, que forma parte de Filipinas, así como de la zona económica exclusiva de Filipinas y a su plataforma continental, sobre la que Filipinas tiene soberanía, derechos soberanos y jurisdicción», dijo.
En este sentido, recalcó que acciones como esta «amenazan la relación especial entre Filipinas y China» para cuyo desarrollo los mandatarios respectivos, Rodrigo Duterte y Xi Jinping, «han trabajado duro».
El banco de arena se encuentra en el archipiélago de las Spratly, un conjunto de más de 750 arrecifes, islotes y cayos que se disputan total o parcialmente Filipinas, China, Taiwán, Malasia, Vietnam y Brunéi.
En los últimos años Filipinas ha protestado en varias ocasiones por las acciones de China en la zona y por la presencia de pesqueros chinos en una zona que Manila considera parte de su área económica exclusiva.
China, que reclama la práctica totalidad de este espacio marítimo, ha construido edificaciones de uso militar en varias de estas islas pese a que hace dos años la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (CPA) atribuyó a Filipinas los derechos sobre esa área, fallo que Beijing no reconoce.
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