El Gobierno de Filipinas convocó el martes al embajador chino en el país, Huang Xilian, ante la escalada de tensión por la «presencia ilegal prolongada» de barcos chinos en aguas filipinas del disputado mar de China Meridional.
El Departamento de Exteriores filipino expresó en un comunicado su disgusto por la «persistente presencia» alrededor del arrecife de Whitsun de esos barcos, que Filipinas considera una milicia marítima aunque China asegura que son navíos de pescadores.
«Reiteramos la firme demanda de Filipinas de que China asegure la salida inmediata de todos sus buques de la zona de arrecife Julián Felipe (como se conoce en Filipinas el arrecife de Whitsun) y otras zonas marítimas filipinas», indica el comunicado de Exteriores.
Filipinas, que no convocaba a un embajador chino por esta disputa desde 2019, señaló que en la reunión «ambas partes acordaron rebajar tensiones y manejar el asunto diplomáticamente», confirmó a los medios un portavoz de Exteriores, aunque insistió en que, para eso, debe producirse la retirada de todos los barcos de la Zona Económica Exclusiva de Filipinas -las 200 millas de agua desde su costa-, algo que aún no ha tenido lugar.
Poco después de la reunión, el secretario de Exteriores filipino, Teodore Locsin, tuiteó que China ha ido retirado progresivamente sus barcos de la zona en disputa, pero que todavía quedan nueve buques en el entorno del arrecife de Whitsun.
Filipinas insiste en que esos barcos -que en marzo llegaron a ser más de 200, lo que motivó varias protestas diplomáticas que han sido ignoradas por China- son «fuente de tensión regional».
Filipinas, Vietnam, Malasia, Taiwan y Brunéi reclaman partes de este estratégico mar -por el que circula el 30 % del comercio global y que alberga el 12 % de los caladeros mundiales, además de yacimientos de petróleo y gas- aunque China se atribuye la soberanía de esas aguas casi en su totalidad.
De momento, Filipinas es el único país que cuenta con una sentencia que avala sus reclamos, ya que la Corte Permanente de Arbitraje (CAP) de La Haya le atribuyó la titularidad de varios territorios del mar de China Meridional, el atolón Scarborough y parte del archipiélago Spratly, donde China ha construido bases militares en islas artificiales sobre atolones y arrecifes para apropiárselas de facto.
China, que apela a derechos históricos sobre la zona, nunca reconoció el fallo de la CAP y continúa con sus actividades militares y pesqueras dentro de la zona exclusiva económica de Filipinas.
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