El primer día del juicio contra la derrocada líder birmana Aung San Suu Kyi finalizó este lunes en la capital del país, Naipyidó, en un proceso por cinco cargos variopintos contra la nobel de la paz, informaron fuentes de la defensa.
El abogado de Suu Kyi, Khim Maung Zaw, indicó en un comunicado que la vista comenzó sobre las 10.30 hora local (04.00 GMT) y finalizó cinco horas y media más tarde y agregó que Suu Kyi «no parecía encontrarse muy bien», aunque siguió la vista con atención.
También se encontraba en la sala del tribunal el presidente derrocado Win Myint, quien está acusado de varios delitos por las autoridades militares.
De ser hallada culpable, la política birmana, detenida desde el golpe de Estado perpetrado por los militares el 1 de febrero, se enfrentaría a una pena de hasta 10 años cárcel y sería inhabilitada de cara a las elecciones prometidas por la nueva junta militar, sin fecha fijada.
Suu Kyi, que tiene pendiente otro juicio, se enfrenta en este proceso a cargos por vulnerar presuntamente las normas de la covid-19, incitación a la agitación pública, la importación ilegal de dispositivos electrónicos y violar la ley de telecomunicaciones.
La política birmana afronta además otro juicio en el Tribunal Supremo por la presunta violación de la ley de Secretos Oficiales, cargo penado con hasta catorce años de cárcel.
Los abogados de Suu Kyi, que mantiene su inocencia, ha negado todos los cargos.
Suu Kyi se encuentra bajo arresto desde el golpe militar liderado por el general Min Aung Hlaing, que acabó con diez años de transición democrática en el país.
El golpe militar provocó un movimiento de desobediencia civil y protestas que han sido brutalmente reprimidas por los soldados y policías, que han usado armas militares contra civiles desarmados, incluidos niños.
Al menos 863 personas han muerto por la violencia militar, según cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que también contabiliza más de 5800 detenidos desde el sublevamiento.
El Ejército birmano justifica el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales.
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