La decisión sobre finalizar el Título 42 el 23 de mayo que ha permitido frenar la inmigración ilegal en los últimos dos años, genera preocupaciones de sheriffs, policías y colegas de seguridad pública, declaró el sheriff del condado de Cochise, Arizona, Mark J. Dannels, en un testimonio ante el Subcomité de Seguridad Fronteriza, Facilitación y Audiencias de Operaciones.
El Título 42, es una orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) fue invocada en marzo de 2020 bajo el mandato del presidente Donald Trump para aminorar la propagación de COVID-19 y garantizar que solo se realicen viajes esenciales en las fronteras de EE. UU.
«El Título 42 fue promulgado bajo el presidente Donald Trump y permanece hasta hoy, proporcionando a la Patrulla de Aduanas y Fronteras y a mis comunidades algo de alivio», dijo Dannels cuyo condado es el único que comparte frontera con dos ciudades fronterizas de México, Agua Prieta y Naco en Sonora, en su testimonio de 49 páginas.
«Respeto la decisión/debate de cancelar el Título 42, pero tristemente ante la falta de un plan de acción compartido o un mensaje colectivo, las preocupaciones de mis compañeros sheriffs, Jefes de Policía y nuestros socios federales, fomentan una gran consternación», agregó.
El sheriff del condado señaló que en las 83 millas de frontera internacional comprendidas en su jurisdicción, Cochise desempeña un papel importante en la lucha contra las organizaciones del crimen organizado que afecta negativamente a los residentes de Arizona e incluso a otros estados del país.
Desde la década de los 1990, la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) había designado al condado de Cochise como una zona de alta intensidad de tráfico de drogas en el sur del estado, explicó Dannels.
La disposición de salud pública ha sido empleada durante los últimos dos años para expulsar inmediatamente a inmigrantes ilegales en la frontera entre EE. UU. y México.
Aunque no fue diseñado como una medida de seguridad fronteriza o de migración, el Título 42 tomó mayor relevancia a medida que la administración Biden eliminaba otras medidas de seguridad fronteriza.
Dannels señala que en los últimos 15 meses —desde que la Administración Biden tomo el cargo— la frontera se ha convertido en una crisis «respaldada por las estadísticas adjuntas y el aumento de la actividad criminal».
Además, el sheriff de Cochise enumeró una serie de efectos adversos que ha causado el plan actual de inmigración, entre ellos se incluyen el aumento del contrabando y la actividad ilegal entre los puertos; aumento de grupos de inmigrantes indocumentados en los puertos; propiedades privadas, incluidos ranchos y tierras de cultivo dañados a causa del aumento de la actividad ilegal en la zona; aumento de crímenes violentos; el declive económico que ha causado el descenso de población en el condado, etc.
Los críticos han dicho que la eliminación de la norma probablemente atraerá a más inmigrantes ilegales a la frontera entre Estados Unidos y México. En febrero de este año, el Título 42 habría obligado a regresar a cerca del 55% de los inmigrantes ilegales.
Desde marzo de 2020, más de 1.7 millones de inmigrantes ilegales han sido expulsados en virtud de la autoridad del Título 42, según datos de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Durante el mismo período, algo más de 1.1 millones fueron colocados en procedimientos del Título 8.
Con información de Jack Phillips y Charlotte Cuthbertson.
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