El fiscal anticorrupción peruano José Domingo Pérez aseguró que la líder política Keiko Fujimori. y su partido, Fuerza Popular, tomaron el control del Ministerio Público para boicotear las investigaciones que se sigue contra ellos.
«La actividad criminal de Fuerza Popular continúa en el presente y ha tenido injerencia nuevamente en la Fiscalía de la Nación», sostuvo Pérez este miércoles, durante una reunión con la prensa extranjera acreditada en Perú.
El fiscal, quien acudió al encuentro acompañado del suspendido jefe del equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, Rafael Vela, dijo que Fujimori tomó el control del Ministerio Público cuando estaba bajo el liderazgo de la ahora suspendida fiscal general, Patricia Benavides, y aseguró que esta situación se produjo en el marco de la investigación del supuesto caso de corrupción conocido como ‘Cócteles’.
Por este caso, Pérez ha solicitado 30 años de prisión para la líder política por la presunta comisión de delitos de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia, así como la disolución del partido Fuerza Popular.
En ese sentido, manifestó su preocupación sobre el desarrollo del juicio oral contra Fujimori, que ha sido programado para comenzar el próximo 1 de julio, aunque el control de acusación concluyó hace varios meses.
«Estos fiscales y todos los que vayan a intervenir en el juicio van a tener temor, miedo, preocupación de poder cometer actos que puedan afectar los intereses de quien ya tomo el control de la Fiscalía (…) y me refiero a la acusada Keiko Fujimori, y al partido también acusado, Fuerza Popular», reiteró.
Vela dijo, por su parte, que tenían «la expectativa de que el Poder Judicial del Perú inicie el juicio oral de inmediato y no lo ha hecho», por lo que consideró que un retraso de ese tipo «siempre favorece a la corrupción».
Pérez agregó que las declaraciones filtradas a medios de Jaime Villanueva, el exasesor de Benavides que fue detenido por presuntamente integrar una red de tráfico de influencias supuestamente liderada por la fiscal general, dejan en claro que había un pacto entre Fuerza Popular y el Ministerio Público para dificultar las investigaciones del caso ‘Cócteles’.
Ambos fiscales consideraron que el testimonio de Villanueva, quien aceptó colaborar con las investigaciones, se están usando para desviar la atención pública hacia otros casos y cuestionar la propia investigación del caso Lava Jato.
Pérez dijo que se está dando «un tratamiento nefasto» de una persona sometida a un proceso de colaboración para obtener información, tanto para dañar las investigaciones como para amenazar al periodismo independiente que investiga la corrupción en el país.
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