El fiscal anticorrupción peruano José Domingo Pérez pidió a la Justicia que emita una nueva orden de prisión preventiva contra la líder política Keiko Fujimori, quien será sometida a un juicio oral por presunto lavado de activos desde el próximo 1 de julio, informó este jueves su abogada, Giuliana Loza.
La abogada de Fujimori señaló en la red social X que el fiscal «está desesperado» después de que, según indicó, «el juez aclaró que Keiko Fujimori no tiene impedimento de salida al exterior» del país.
De acuerdo con la información revelada por la abogada, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional programó para el próximo 12 de junio la audiencia en la que se revisará el pedido para que se revoque la comparecencia con restricciones ordenada para Fujimori y se ordene la prisión preventiva.
La resolución judicial indicó que la audiencia comenzará a las 8:30 hora local (13:30 GMT) y se realizará de manera virtual.
Loza declaró posteriormente al Canal N de televisión «que le llama poderosamente la atención el desconocimiento actual del proceso» que, en su opinión, tiene el fiscal, así como «las reglas de conducta que se le han impuesto» a su defendida.
Recordó que en abril de 2020 Fujimori salió de prisión con una orden de comparecencia con restricciones y dijo que en mayo del año pasado un tribunal «estableció nuevas reglas de conducta» y que «la única prohibición que tiene es no variar su domicilio».
Por este caso, Fujimori ha estado en prisión preventiva en dos ocasiones entre 2018 y 2020.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional ha programado para el 1 de julio próximo la instalación del juicio oral contra la líder política y otros 45 imputados por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
Este juicio responde a los millonarios aportes que presuntamente recibió de empresas como la brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016, y en las que su entorno más cercano en el partido Fuerza Popular participó aparentemente como intermediario.
A raíz de los cargos, el fiscal Pérez ha pedido 30 años y 10 meses de prisión para la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y la disolución de Fuerza Popular, con el argumento de que ha sido creado por una presunta organización criminal.
En una ceremonia pública en enero pasado, la excandidata presidencial sostuvo que mientras se desarrolló esta investigación estuvo «injustamente en prisión» y pasó más de 16 meses alejada de sus hijas.
Tras señalar que ella y los dirigentes de su partido han «sufrido una serie de abusos», añadió que «siempre ha dado la cara» en este proceso.
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