El fiscal general del Distrito de Columbia, Karl Racine, ha interpuesto una demanda contra Instacart (la popular empresa de reparto de comestibles valorada en 14,000 millones de dólares) por supuestamente engañar a los clientes con las tasas de servicio, así como por no pagar cientos de miles de dólares en concepto de impuesto sobre las ventas del Distrito.
La demanda apunta a un cambio en la política de Instacart, vigente desde septiembre de 2016 hasta abril de 2018, según la cual, además de la tarifa de entrega, la empresa cobraba a sus consumidores una tarifa de «servicio» por defecto del 10 por ciento que podía ser aumentada, disminuida o exonerada.
«Para un consumidor sensato, esta tarifa de servicio parecía una propina», según la queja, publicada por la Oficina del Fiscal General el jueves.
A pesar de enmarcar la tarifa como una forma de pagar a los trabajadores de forma más consistente, la tarifa fue a Instacart y no tuvo ningún impacto en la compensación de sus empleados, afirma la demanda. Debido a la creciente oposición de los trabajadores de Instacart —incluyendo una demanda colectiva de algunos trabajadores que resultó en un acuerdo de 4.6 millones de dólares que requería que la compañía cambiara la forma en que se refería a la tasa de servicio— Instacart anunció en abril de 2018 cambios en las propinas y las tasas de servicio, incluyendo la reducción de la tasa de servicio a un 5 por ciento obligatorio, y sugiriendo un 5 por ciento de propina por defecto para los trabajadores.
«Instacart engañó a los consumidores del distrito para que creyeran que estaban dando una propina a los trabajadores del reparto de comestibles cuando, de hecho, la empresa les estaba cobrando tasas extras y se embolsaba el dinero», dijo el fiscal general Racine en un comunicado.
En una declaración a CNN Business, Instacart dijo que «la transparencia con los clientes es increíblemente importante» para la compañía y que «indicamos claramente que los honorarios de servicio van destinados a nuestras operaciones».
«Creemos que las acusaciones hechas en esta queja no tienen fundamento. Estamos decepcionados con la acción de hoy de la Oficina del fiscal general de D.C. Racine y acogemos con satisfacción la oportunidad de continuar un diálogo abierto sobre estos asuntos», decía la declaración.
La demanda también alega que Instacart «no recaudó» el impuesto de ventas del Distrito sobre el servicio y las tasas de entrega durante todo el tiempo que realizó negocios en el Distrito.
En su declaración, Racine dijo: «Instacart usó estos honorarios engañosos para cubrir sus costos de operación mientras simultáneamente no pagaba los impuestos de ventas del Distrito. Presentamos una demanda para forzar a Instacart a cumplir con sus obligaciones legales, pagar a D.C. los impuestos que debe, y devolver millones de dólares a los consumidores del Distrito a los que la compañía engañó».
La demanda a Instacart se produjo después de que la Oficina del Fiscal General del Distrito demandara de forma similar a la empresa de reparto de platos preparados a la carta, DoorDash, en noviembre de 2019, por supuestamente engañar a los clientes con una polémica política de propinas. Dicha demanda está en curso.
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