Un fiscal anticorrupción de Perú solicitará la declaración de seis ciudadanos bolivianos, entre ellos el presidente Luis Arce, en el marco de la investigación contra el exmandatario peruano Martín Vizcarra por los presuntos sobornos que recibió cuando era gobernador de la sureña región de Moquegua.
El fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del equipo especial Lava Jato, dispuso recoger el testimonio del mandatario boliviano a fin de conocer su vinculación con Vizcarra y las circunstancias de un viaje que realizó a Moquegua, cuando era ministro de Economía de Evo Morales.
Al exmandatario peruano (2018-2020), actual candidato al Congreso, se le investiga por las coimas que supuestamente habría recibido de las constructoras Obrainsa e Iccgsa para la licitación del proyecto Lomas de Ilo y del Hospital Regional de Moquegua, respectivamente, cuando fue gobernador entre los años 2011 y 2014.
En ese período, Arce encabezó una delegación boliviana que se trasladó a esa región sureña en una avioneta alquilada por la empresa Obrainsa por más de 35,980 soles (unos 9650 dólares).
Según el abogado de Vizcarra, Fernando Ugaz, el requerimiento fiscal de prisión preventiva contra el expresidente sustenta que los funcionarios de Bolivia «viajaron al Perú con dinero producto de coimas».
El fiscal también solicitó los testimonios de otras cinco personas, entre ellas la exministra boliviana Viviana Caro; el presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, y el jefe de Cancillería de la Embajada de Perú en Bolivia, Jorge Manrique.
Fiscal insiste en prisión preventiva
Esta semana, el Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación presentado por Juárez, luego de que la jueza María de los Ángeles Álvarez, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado de Delitos de Corrupción de Funcionarios, declarara infundado el pedido del Ministerio Público de 18 meses de prisión preventiva.
Así, el próximo lunes 29 de marzo se celebrará virtualmente una nueva audiencia judicial para evaluar la apelación del fiscal anticorrupción, que insiste en aplicar esta medida cautelar al investigado exmandatario.
El pasado 18 de marzo, la jueza desestimó el ingreso en prisión preventiva de Vizcarra, quien quedó en libertad bajo una fianza de 100,000 soles (unos 27,000 dólares).
La magistrada encontró elementos suficientes «graves y fundados» para justificar la acusación contra el expresidente, si bien indicó que no existe ni el riesgo de fuga ni de obstrucción a la Justicia que exige la ley para un ingreso preventivo en prisión.
De esta manera, la jueza impuso al imputado una serie de restricciones, entre ellas la prohibición de abandonar el país y la obligatoriedad de comparecer ante el juzgado una vez al mes.
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