Una fiscal de distrito de Georgia escribió en una carta, fechada el 24 de abril, que tiene la intención de anunciar posibles acusaciones resultantes de una investigación al expresidente Donald Trump y sus asociados. La investigación se basa en la supuesta interferencia del expresidente a las elecciones de 2020 por causa de sus llamados a que se investiguen las votaciones.
“En un futuro cercano, anunciaré las decisiones de acusación que resulten de la investigación que mi oficina ha estado realizando sobre una posible interferencia criminal en la administración de las elecciones generales de Georgia de 2020”, escribió Fani Willis, fiscal de distrito del condado de Fulton, Georgia, en una carta dirigida al alguacil del Condado de Fulton, Patrick Labat, el lunes. El Atlanta Journal-Constitution fue el primero en informar sobre la carta.
Willis escribió que anunciaría las decisiones de acusación entre el 11 de julio y el 1 de septiembre.
Detalles de la investigación
El anuncio de Willis del lunes fue la última actualización de la investigación del gran jurado con fines especiales que lleva el caso. Willis inició la investigación en 2021 y la ha dirigido a partir de entonces.
Si bien los procedimientos del gran jurado se realizaron a puerta cerrada, se cree que la investigación se centra en una llamada telefónica de 2020 entre Trump, el equipo legal de Trump y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, y su equipo.
“Todo lo que quiero hacer es esto. Solo quiero encontrar 11,780 votos, que es uno más de los que tenemos porque ganamos el estado”, supuestamente le dijo Trump a Raffensperger durante la llamada telefónica del 2 de enero de 2021, cuya transcripción fue publicada por organizaciones de medios de comunicación.
Willis caracterizó las palabras de Trump (pdf) durante la llamada como evidencia de “perturbación criminal” de las elecciones de 2020, y ha basado su caso en cargos en torno a esa acusación. El gran jurado escuchó el testimonio de los exsocios de Trump, incluidos Rudy Giuliani y el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn. Trump ha negado todas las acusaciones de irregularidades de su parte.
El gran jurado fue disuelto en enero. A principios de febrero, el Tribunal Superior del condado de Fulton publicó una parte del informe del panel del jurado, que no incluía la lista de nombres a quienes se recomendaron las acusaciones. Emily Kohrs, la presidenta del gran jurado, les dijo a los medios de comunicación en febrero que el grupo recomendó acusaciones.
“Las tan esperadas e importantes secciones del informe de Georgia, que ni siquiera mencionan el nombre del presidente Trump, no tienen nada que ver con el presidente porque el presidente Trump no hizo absolutamente nada malo”, le dijo a CNN el portavoz de Trump, Steven Cheung, en una declaración posterior en febrero.
“El presidente participó en dos llamadas telefónicas perfectas con respecto a la integridad de las elecciones en Georgia, lo que tiene derecho a hacer; de hecho, como presidente, era el deber constitucional del presidente Trump garantizar la seguridad e integridad de las elecciones”, agregó Cheung.
Una carta del 10 de febrero de 2021 que Willis envió al gobernador de Georgia, Brian Kemp, dio pistas de los posibles cargos que podría presentar, incluida la solicitud de fraude electoral, mentir a los funcionarios estatales y conspirar para interferir con las elecciones de 2020.
Willis le dijo al alguacil local que se preparara para la violencia que podría ocurrir en respuesta a su anuncio pendiente.
“Acepte esta correspondencia como notificación para darle tiempo suficiente para preparar la Oficina del Alguacil y coordinar con las agencias locales, estatales y federales para garantizar que nuestra comunidad policial esté lista para proteger al público”, escribió Willis al alguacil de Fulton, Patrick Labat, en su carta del lunes.
“La inteligencia de código abierto ha indicado que el anuncio de las decisiones en este caso puede provocar una reacción pública significativa”, agregó Willis. “Hemos visto en los últimos años que algunos pueden salirse de las expresiones públicas de opinión que están protegidas por la Primera Enmienda para participar en actos de violencia que pondrán en peligro la seguridad de nuestra comunidad”.
Los juristas opinan
Según Alan Dershowitz, profesor emérito de la Facultad de Derecho de Harvard, los cargos de Willis no se mantendrían considerando el valor nominal de las palabras de Trump durante la llamada con Raffensperger.
«Porque lo que dijo es: ‘Tenemos que encontrar’, no inventar, no inventar, ‘encontrar’. Encontrar significa que está ahí, solo es cuestión de encontrarlos, así que eso no es un delito», le dijo Dershowitz a The Epoch Times en una entrevista en marzo.
El abogado litigante John O’Connor estuvo de acuerdo con la opinión de Dershowitz y agregó que el caso se ve socavado por una creencia demostrable por parte de Trump de que hubo un fraude significativo en las elecciones de 2020.
“Ese cargo nunca se logrará”, le dijo O’Connor a The Epoch Times en una entrevista en marzo. “Estaba muy claro que Trump sentía que había votantes que habían votado indebidamente, y le estaba pidiendo al secretario de Estado que averiguara qué votantes habían votado indebidamente, eso es todo. Así que no creo que haya nada de eso”.
Petición de Trump para anular el caso
En marzo, el abogado de Trump, Drew Findling, presentó una moción ante el Tribunal Superior del condado de Fulton para anular el informe final del gran jurado, impedir el uso de pruebas de la investigación de Willis en procedimientos posteriores y descalificar a Willis en el caso.
Una objeción clave que planteó Findling en su moción de anulación (pdf) se refiere a las giras de medios realizadas por Kohrs, Willis, así como el juez que supervisa el caso, Robert C. McBurney, del Tribunal Superior del condado de Fulton. Findling alega que estas entrevistas comprometieron el caso legal y judicialmente.
“No es una lista corta”, le dijo Kohrs al New York Times en febrero, refiriéndose a la lista actualmente sellada de recomendaciones de acusación. Kohrs le dijo al Atlanta Journal-Constitution en otra entrevista el 21 de febrero que también habló con su novio sobre su experiencia en los procedimientos del panel.
Según Findling, la gira de medios de la portavoz mostró que los procedimientos establecidos para el panel del jurado “no protegieron los derechos constitucionales sustantivos y procesales más básicos de todas las personas examinadas por este organismo de investigación”.
El daño causado por la publicidad de Kohrs se vio agravado por la exposición adicional de la propia DA Willis, dijo Findling en la presentación.
“Las entrevistas [de Willis] con los medios violan los estándares procesales y constituyen una mala conducta forense, y su actividad en las redes sociales crea la apariencia de incorrección que incrementa la necesidad de la descalificación”, dijo.
Pero las entrevistas realizadas por el propio juez agravan aún más la situación, argumentó Findling.
“Para agravar el daño infligido por los comentarios públicos de la portavoz del jurado, el juez supervisor dio numerosas entrevistas a los medios a pesar de que presidía este asunto pendiente”, dice la presentación de McBurney, quien dio entrevistas a los medios después de la gira de medios de la portavoz del jurado.
“Los comentarios de la portavoz del jurado y del gran jurado ilustran la falta de instrucción y supervisión adecuadas sobre el gran jurado en relación con asuntos probatorios claros que violan las nociones de equidad fundamental y debido proceso”, se lee en la presentación. “Los resultados de la investigación no son fiables y, por tanto, deben ser suprimidos dadas las violaciones constitucionales”.
McBurney ordenó que Willis respondiera a la moción de Trump antes del 1 de mayo.
Conflicto de intereses
En su presentación de marzo, Findling dijo que la oficina de la fiscal Willis debe ser descalificada para continuar con el caso, citando preocupaciones relacionadas con la mala conducta de la fiscalía y el conflicto de intereses percibido.
El argumento de Findling sobre la mala conducta de la fiscalía se basa en los comentarios de la fiscal Willis a la prensa (la moción señala que habló con la prensa casi 40 veces) y sus publicaciones en las redes sociales, que según Findling reforzaron su perfil como candidata política.
Una de esas publicaciones en las redes sociales, según la presentación, incluía una caricatura publicada en la cuenta de Twitter de la campaña de Willis, que mostraba al fiscal pescando a un testigo citado, el senador Lindsey Graham (R-S.C.), de un pantano, con Trump diciendo: “Sé que harás lo correcto, Lindsey”.
Findling señaló que la caricatura era parte de una campaña política enhebrada a lo largo de la investigación de Willis en Georgia, una en la que Willis tenía «participación e interés personal», creando un «conflicto descalificador».
“La FCDA promovió su propia campaña sobre los hombros del apoyo partidista para esta investigación de SPGJ. En un par de días, la cuenta de Twitter [del fiscal del condado de Fulton] aumentó en aproximadamente 100,000 seguidores, y las solicitudes de donaciones para la campaña se retuitearon miles de veces”, dice la presentación, refiriéndose al supuesto efecto de la campaña publicitaria de Willis.
«En al menos tres ocasiones, la FCDA se insertó personalmente en esta campaña de Twitter para ‘seguidores, tweets y donaciones’ que hacía referencia específica a esta investigación».
Findling alegó que el interés político de Willis, en este caso, constituía un conflicto de intereses y, por lo tanto, debería impedirle seguir involucrada en la investigación.
La segunda razón por la que Willis debería ser descalificada, según Findling, es que se ordenó que Willis fuera inhabilitada para investigar a un senador de Georgia debido a consideraciones de conflicto de intereses percibidas. Sostuvo que esta inhabilitación debe extenderse a todo el caso.
El 25 de julio de 2022, el juez supervisor impidió que la Oficina del Fiscal de Distrito llamara al entonces senador estatal Burt Jones para que testificara como testigo en el jurado de Georgia porque DA Willis estaba involucrada en una campaña política a favor de Charlie Bailey, entonces candidato a la nominación demócrata para vicegobernador, que competiría contra Jones, la entonces nominación republicana.
“Ella ha otorgado el visto bueno de su oficina al oponente del senador Jones. Y desde entonces, ha etiquetado públicamente (en sus alegatos) al senador Jones como un ‘objetivo’ de la investigación del gran jurado”, escribió el juez en su orden, señalando que el hecho de que Willis señalara a Jones constituía un conflicto de intereses percibido.
Findling aprovechó la orden de inhabilitación del juez en la presentación del lunes, citando una decisión de 1987 de la Corte Suprema de Estados Unidos (Young vs United States), que reconoció que » la existencia de un conflicto real no puede limitarse a la investigación o enjuiciamiento a un individuo, sino que es un conflicto que impregna todo el proceso”.
En otras palabras, Findling estaba diciendo que, si el juez determina que la conducta del fiscal debe ser descalificada para procesar o investigar a un testigo debido a una consideración de conflicto de intereses, ese fiscal debe ser descalificado del caso por completo.
“Los derechos del presidente Trump, así como todos los demás afectados por esta investigación, ahora están sujetos a la discreción de la fiscal y a la toma de decisiones de un organismo fiscal que incluso el juez supervisor reconoció que tiene un conflicto real que lo descalifica”, se lee en la presentación.
“Esto es simplemente insostenible. Solo por esta razón, la Oficina de la FCDA debe ser retirada de cualquier investigación o enjuiciamiento adicional de este asunto”.
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