El fiscal de distrito de Manhattan dijo a un juez del tribunal federal de que el presidente Donald Trump no puede asumir que el alcance de la investigación del gran jurado en relación a sus declaraciones de impuestos solo se limita al pago de «sobornos» en 2016, y añadió de que el presidente tampoco tiene derecho a pedir información sobre la investigación.
En un par de expedientes judiciales (pdf) el viernes, el equipo legal del fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., rechazó la propuesta de Trump de persuadir a la corte de que la citación que busca investigar sus ocho años de declaraciones de impuestos es exagerada y, por lo tanto, está emitida de mala fe al afirmar de que el alcance de la investigación del gran jurado de Manhattan se limita a ciertos pagos hechos por el exabogado de Trump, Michael Cohen, a dos mujeres en 2016.
El equipo de Vance argumentó que esta afirmación era «una forma demasiado superficial de evitar la desestimación». El fiscal de Manhattan busca desestimar el segundo intento de Trump de impedir que el fiscal tenga acceso a sus declaraciones de impuestos de su contador, Mazars USA. El fiscal de distrito emitió una citación para esos documentos, como parte de una investigación criminal del gran jurado.
De acuerdo con la opinión general, Vance estaba investigando el pago de sobornos a dos mujeres durante la campaña presidencial de 2016: la actriz de películas para adultos, Stormy Daniels, y la exmodelo de Playboy, Karen McDougal. Pero los recientes expedientes judiciales insinúan de que el alcance de la investigación del fiscal de Manhattan podría ser más amplio de lo que previamente se conocía.
La semana pasada, el equipo legal de Trump desafió la insinuación de Vance de que está llevando a cabo una investigación sobre «una posible conducta criminal extensa y prolongada en la Organización Trump». El equipo de Trump argumentó de que el equipo del fiscal «sigue buscando una forma de justificar su acoso al Presidente», luego de que Vance citara varios artículos periodísticos para justificar su citación para obtener las declaraciones de impuestos del presidente.
El abogado de Trump también escribió una carta al juez presidente para solicitar una conferencia previa al juicio para dialogar sobre si se debería obligar a que Vance revele los detalles de la investigación del gran jurado para demostrar que cada elemento de su solicitud es relevante para la investigación.
La oficina de Vance respondió a la carta a través de su propia carta (pdf), argumentando que Trump «no tenía derecho al descubrimiento de pruebas en una demanda civil por separado».
«Así, por supuesto, no es como funciona un gran jurado», escribió en la carta el abogado general de la oficina, Carey R. Dunne.
En su intento de convencer al juez de desestimar la impugnación de Trump, la oficina del fiscal argumentó en sus expedientes del viernes de que el equipo de Trump no ofreció ningún argumento persuasivo para su suposición de que el alcance de la investigación del gran jurado es limitado. La oficina continuó sugiriendo de que el alcance de la investigación podría ser más amplio que los pagos realizados en 2016, sin proporcionar detalles sobre el alcance real de la investigación.
«De hecho, muchas investigaciones se desarrollan y amplían con el tiempo», escribió el equipo de Vance. «La [Segunda Denuncia Enmendada] también afirma que ‘según los informes publicados, el foco de la investigación del Fiscal de Distrito son los pagos hechos por Michael Cohen en 2016 a ciertas personas».
«Independientemente de lo que informaron los periódicos—e independientemente de si esos informes fueron acertados—ellos no dicen nada sobre el alcance total de la investigación, solo su supuesto enfoque», añadieron.
«En resumen, el único hecho no especulativo que el Demandante ha alegado con respecto al alcance de la investigación del gran jurado es la propia explicación de la Oficina, apropiadamente genérica, de que está investigando ‘transacciones comerciales que involucran a múltiples individuos cuya conducta puede haber violado la ley estatal'».
Trump ha estado luchando contra la orden de Vance desde septiembre de 2019. El caso llegó a la Corte Suprema luego de que los tribunales inferiores negaran la solicitud de Trump de exención de la citación.
El abogado de Trump argumentó en la Corte Suprema de que un presidente en funciones tiene inmunidad absoluta frente a las citaciones penales del estado porque su cumplimiento perjudicaría el desempeño de sus deberes presidenciales. El gobierno federal, que también estaba involucrado en el caso, argumentó de que una citación del gran jurado estatal sobre los registros personales de un presidente en funciones debería cumplir con un estándar de necesidad más alto.
En julio, el Tribunal Supremo rechazó (pdf) ambos argumentos y dijo que «ningún ciudadano, ni siquiera el Presidente, está categóricamente por encima del deber común de presentar pruebas cuando se le exhorta a un procedimiento penal». Sin embargo, el tribunal superior dejó la posibilidad abierta de que el presidente pueda buscar un recurso, insinuando que Trump aún podría impugnar la citación por otros motivos.
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