El Fiscal General William Barr dijo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) está obstaculizando con sus políticas de refugio, y dijo que los agentes junto con el Servicio de Protección y Control de Fronteras de la Aduana de Estados Unidos (CBP), pueden desafiar las normas estatales que tratan de restringirlos de realizar detenciones.
Barr y el Secretario de Seguridad Nacional en función Chad Wolfe le escribió a Martha Walters, jueza de la Corte Suprema de Oregon, y a Mary Fairhurst, jueza de la Corte Suprema de Washington, el 21 de noviembre.
Walters anunció una nueva regla la semana pasada que prohibía a los agentes del ICE detener a los inmigrantes ilegales en los tribunales estatales.
«La adopción de esta regla protege la integridad del proceso judicial estatal y permitirá a los tribunales estatales responsabilizar plenamente a las personas acusadas de un delito», dijo Walters. «Las detenciones en los tribunales han interferido en los procedimientos judiciales y han expulsado a los acusados de delitos penales antes de que hayan sido condenados o hayan cumplido sus sentencias. Estamos adoptando esta regla para mantener la integridad de nuestros tribunales y proporcionar acceso a la justicia».
La Corte Suprema de Washington está considerando una medida similar.
Barr y Wolfe dijeron que Walters y Fairhurst deberían «reconsiderar este peligroso e ilegal acto».
«Estas leyes y políticas de los estados obligan a los oficiales estatales y locales a liberar a los extranjeros criminales en las comunidades de sus estados, poniendo en peligro al público y obligándolo a asumir el costo de cualquier acto criminal adicional que puedan cometer», escribieron Barr y Wolf. «Estas políticas han resultado en la liberación de extranjeros criminales con condenas por delitos graves y violentos, tales como asaltos de violencia doméstica, delitos con armas de fuego, delitos de narcotráfico y violación de órdenes de protección».
Señalaron algunos criminales convictos que han sido liberados bajo políticas de refugio en Oregón y Washington, incluyendo un inmigrante ilegal que fue liberado por Washington y más tarde fue arrestado por el asesinato y desmembramiento de su primo, y un extranjero ilegal que fue liberado después de haber sido condenado por violar a una mujer con discapacidad y que después fue tras la víctima, tratando de estrangularla.
«En pocas palabras, las políticas que usted está considerando ponen en peligro al público y dificultan la aplicación de la ley al interferir con ese proceso legal», escribieron Barr y Wolfe. «Dado el claro peligro público que representan estas leyes y políticas estatales, le instamos a que no adopte o haga cumplir las normas de la corte que empeorarían la situación al pretender requerir que el ICE o el CBP obtengan una orden de arresto judicial antes de realizar una detención administrativa para la deportación».
Luego sugirieron que los agentes podrían ignorar las normas incluso si se ponían en vigor.
«Además, observaremos que los oficiales del ICE y CBP no están sujetos a las normas estatales que pretenden restringirlos de hacer detenciones administrativas en propiedades, que de otra manera estarían abiertas al público y a otros oficiales de la ley. Bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, tales reglas no pueden y no gobernarán la conducta de los funcionarios federales que actúen de conformidad con las leyes debidamente promulgadas y aprobadas por el Congreso, cuando esas leyes otorgan la autoridad para realizar arrestos administrativos de extranjeros removibles dentro de los Estados Unidos», dice la carta.
La carta llega después de que el condado de Montgomery, Maryland, cambiara recientemente algunas de sus políticas de refugio después de que una serie de hombres inmigrantes ilegales fueron liberados y luego arrestados por presuntas violaciones y agresiones sexuales, y después de que los votantes de Tuscon, Arizona, votaran en contra de una medida que habría convertido a la ciudad en un refugio oficial. El mes pasado, un juez federal también confirmó una ley en Florida que prohíbe las ciudades de refugio.
Las políticas de asilo se han vuelto cada vez más populares en los estados y ciudades liberales, con amplia adopción en California y Nueva York.
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