La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, presentó una demanda contra el Consejo de Supervisores del condado de Cochise, alegando que el consejo se extralimitó en su autoridad al delegar las funciones electorales casi en su totalidad al registrador del condado.
«Demandar a otros funcionarios públicos no es algo que me tome a la ligera, pero es mi trabajo como fiscal general emprender acciones cuando los funcionarios públicos ejercen ilegalmente su poder o actúan fuera de los límites de su autoridad», anunció Mayes en una declaración el 7 de marzo.
«El acuerdo es esencialmente un traspaso sin condiciones de la junta al registrador, no uno que permita a ambas entidades trabajar codo con codo para cumplir con sus deberes estatutarios de forma abierta y transparente».
La demanda nombra como demandados a los tres miembros de la junta, la presidenta Ann English, la vicepresidenta Peggy Judd, Tom Crosby y David Sanders en su calidad de registrador del condado.
La demanda acusa a la junta y al registrador de actuar más allá de los límites constitucionales y legales, del mal uso de fondos públicos, y pide a un juez que declare el acuerdo ilegal e inaplicable.
El documento de 19 páginas afirma, entre otras cosas, que al adoptar el acuerdo, Stevens «engrandeció su poder» y la junta «descargó ilegalmente y casi por completo los deberes estatutarios sobre las elecciones».
Mayes dijo que si bien los condados de Arizona «pueden celebrar acuerdos de cooperación con sus registradores para gestionar las elecciones, el acuerdo del condado de Cochise sobrepasa con creces la línea legal».
«Además de esta amplia transferencia de poder, me preocupa profundamente que esta medida pueda escudar u oscurecer acciones y deliberaciones que la junta normalmente llevaría a cabo públicamente bajo la ley de reuniones abiertas».
La junta votó 2-1 a favor del acuerdo de un año, firmado el 28 de febrero, en el que la junta y el registrador acordaron combinar todas las funciones electorales en un solo departamento para promover la eficiencia, el ahorro de costos y la confianza del público.
English emitió el único voto en contra, afirmando que la junta estaba «actuando de manera inapropiada y sin asesoramiento», según la demanda del fiscal general.
En virtud del pacto, el registrador sería responsable de todas las funciones electorales, incluida la supervisión de los trabajadores electorales, el registro de votantes y la votación anticipada.
Como demandante en el caso, Mayes, demócrata, dijo que el acuerdo pone en peligro la administración y el funcionamiento legales de las elecciones y puede amenazar el derecho de los residentes a votar.
Preocupaciones «graves»
«Al trasladar todas las funciones electorales al registrador —un funcionario constitucional distinto del condado— el acuerdo no dice ni una palabra sobre cómo o si el público puede seguir teniendo acceso a las deliberaciones sobre asuntos que la junta normalmente consideraría en reuniones abiertas».
«Sin autorización legislativa, un órgano o funcionario del condado no puede ceder sus facultades u obligaciones estatutarias a otro órgano o funcionario del condado constitucionalmente establecido, ni puede obtener funciones de otro órgano o funcionario público o ‘asumir facultades no conferidas por la ley'», se lee en la denuncia.
El 27 de febrero, la oficina de la fiscal general envió una carta al fiscal del condado de Cochise expresando «serias» preocupaciones sobre la legalidad del acuerdo.
«El condado de Cochise no proporcionó ninguna autoridad legal en respuesta», afirma la demanda.
«Esta no es la primera vez que los demandados han hecho caso omiso de la ley que rige las elecciones», añade la fiscal.
«La junta y el registrador se burlaron repetidamente la ley con respecto a las elecciones generales de noviembre de 2022, primero al intentar realizar un recuento manual ilegal de boletas y luego cuando la junta violó su deber de escrutar la elección dentro del plazo legal».
«En ambos casos, la junta y el registrador cesaron su conducta ilegal solo después de que una corte les ordenara hacerlo».
Judd y Crosby no respondieron a una solicitud de comentarios por parte de The Epoch Times.
«Como acusado en esta demanda», dijo English a The Epoch Times en un correo electrónico que «sería inapropiado para mí hacer comentarios en este momento».
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