La oficina del fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, está presentando una demanda contra funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) por órdenes de inmigración presuntamente perjudiciales, y ahora está pidiendo a un tribunal que anule las acciones ejecutivas del presidente Joe Biden de detener la construcción del muro fronterizo y de revertir la política de «Permanecer en México» de la Administración Trump.
Brnovich está argumentando en la corte (pdf) que esas órdenes han violado la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés), que requiere que las agencias federales como el DHS sopesen las consideraciones ambientales antes de tomar cualquier acción federal significativa.
El DHS y los funcionarios federales, sin embargo, no proporcionaron declaraciones de impacto ambiental o evaluaciones ambientales después de que la agencia detuvo la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México y comenzó a permitir la entrada a los inmigrantes ilegales tras poner fin a los Protocolos de Protección al Migrante, la política de Permanecer en México que se inició bajo la Administración de Trump, según la oficina de Brnovich.
«Es el pináculo de la hipocresía que la Administración Biden afirme que quiere proteger nuestro medio ambiente, mientras no hace cumplir los estatutos federales que están específicamente diseñados para ese propósito», dijo el fiscal general republicano en un comunicado el lunes. «No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras la Administración Biden ignora los daños reales a nuestro estado que resultan de sus órdenes ejecutivas invasivas».
Biden detuvo la construcción del muro fronterizo en su primer día en el cargo. Días después, ordenó al DHS que detuviera los Protocolos de Protección de Migrantes.
«Aunque esas políticas de inmigración tienen innegablemente efectos significativos sobre el medio ambiente, los demandados ni siquiera han intentado cumplir con la NEPA», dijo Brnovich.
La oficina dijo que miles de inmigrantes ilegales se han establecido en Arizona después de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México y que no lo habrían hecho si el muro siguiera construyéndose y la política de Permanecer en México continuara vigente.
«Los migrantes, como todo el mundo, necesitan viviendas, infraestructuras, hospitales y escuelas. Conducen coches, compran bienes y utilizan parques públicos y otras instalaciones. Todas estas actividades tienen un impacto ambiental significativo, incluyendo el desplazamiento de tierras no desarrolladas y emisiones de aire adicionales. Pero aunque los tribunales han reconocido en repetidas ocasiones que estos impactos deben ser analizados en el marco de la NEPA, el DHS ni siquiera ha intentado hacerlo», según su comunicado de prensa. Señalaba que, tras la paralización de las obras, «la maquinaria ha estado parada» en algunas zonas de Arizona.
El Epoch Times se ha puesto en contacto con el DHS para solicitar comentarios sobre la demanda.
Biden, al detener la construcción del muro de la era Trump, describió la barrera como un gasto inútil.
«Es un despilfarro de dinero que desvía la atención de las verdaderas amenazas a nuestra seguridad nacional», afirma el texto de la orden.
Sin embargo, a finales de marzo, la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés), confirmó los informes de que está investigando la medida de Biden de congelar la construcción del muro fronterizo y si viola la disposición de la Constitución de que solo el Congreso puede asignar fondos. El Congreso aprobó unos 1400 millones de dólares para la construcción del muro como parte de un paquete de estímulo de 900,000 millones de dólares aprobado a finales del año pasado.
Alrededor de 450 millas del muro fronterizo se construyeron durante el mandato del presidente Donald Trump y fue una promesa de campaña de Trump durante su candidatura a la Casa Blanca en 2016.
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