Arizona presentó una demanda contra los decretos de vacunación pandémica de la administración Biden, probablemente la primera impugnación contra dichas ordenanzas. Las nuevas políticas afectan a los empleados federales, a la mayoría de los trabajadores de la salud y a los empleados de numerosas empresas privadas.
“El gobierno federal no puede obligar a las personas a recibir la vacuna anti-COVID. La Administración Biden se está burlando una vez más de nuestras leyes y precedentes con el propósito de impulsar su agenda radical”, dijo el martes el fiscal general de Arizona Mark Brnovich, un republicano, en un comunicado.
En una demanda que fue presentada en la Corte de Distrito de Arizona, el equipo de Brnovich hizo un contraste entre los nuevos decretos impuestos a los ciudadanos estadounidenses y la falta de reglas pandémicas dirigidas a los inmigrantes ilegales en la frontera con México.
La semana pasada, Biden dio a conocer el anuncio sobre el decreto pandémico que obligará la aplicación de la vacuna a las empresas privadas, con 100 o más empleados, a todos los empleados y contratistas federales y a los trabajadores sanitarios de los centros que reciben fondos de Medicare y Medicaid. Los empleados privados pueden recibir la vacuna anti-COVID o someterse a pruebas semanales, según el plan de la Casa Blanca.
“Muchos de nosotros estamos frustrados con los casi 80 millones de estadounidenses que aún no están vacunados, a pesar de que la vacuna es segura, efectiva y gratuita”, dijo Biden en un discurso la semana pasada, explicando por qué los decretos de vacunación son necesarios.
La demanda de Arizona argumentó que el plan de Biden viola la Cláusula de Protección Igualitaria al, presuntamente, favorecer a los extranjeros ilegales que han ingresado a Estados Unidos sobre los ciudadanos estadounidenses.
«Aunque los contornos precisos de los mandatos federales de vacunación aún no están claros, la violación de la Cláusula de Igualdad de Protección es ya evidente y atroz», decía el escrito. «En pocas palabras: los extranjeros no autorizados no estarán sujetos a ningún requisito de vacunación, incluso cuando sean liberados directamente en Estados Unidos (donde la mayoría permanecerá), mientras que aproximadamente cien millones de ciudadanos estadounidenses estarán sujetos a requisitos de vacunación sin precedentes».
Como resultado, argumentó el equipo de Brnovich, las políticas de la administración muestran un sesgo «inconfundible» e «inconstitucional» «a favor de los inmigrantes ilegales».
Mientras tanto, la demanda también cita una publicación en Twitter de una colaboradora de la MSNBC, Stephanie Ruhle, que fue compartida por el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, el 9 de septiembre. La publicación dice que la orden de Biden, dirigida a las empresas privadas, era la «última solución» para que el gobierno federal ordenara la aplicación de las vacunas.
«La admisión inadvertida en el párrafo anterior hace que todas las acciones de la administración sean constitucionalmente sospechosas», decía la demanda de Brnovich. «Estas violaciones serán objeto de futuras impugnaciones».
La demanda le pide a la corte que declare inconstitucionales los decretos de vacunación de la administración debido a que, presuntamente, discriminan a los residentes permanentes y a los ciudadanos estadounidenses frente a los inmigrantes ilegales. También busca una orden judicial contra la Casa Blanca por implementar los decretos, argumentando que cualquier exigencia de vacunación para los ciudadanos y residentes permanentes debe aplicarse a los extranjeros ilegales.
Otros fiscales generales y gobernadores republicanos han dicho, después que se anunciaron los decretos, que presentarían demandas contra la administración de Biden.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la Casa Blanca y con el Departamento de Seguridad Nacional para solicitar comentarios al respecto.
COVID-19 es la enfermedad causada por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
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