La fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, Consuelo Porras, buscará su reelección en el cargo después de ser incluida este viernes en el listado final de seis candidatos que aspiran al puesto para el período 2022-2026.
La decisión de incluir a Porras, sancionada en septiembre pasado por Estados Unidos debido a «obstrucción» de la justicia en Guatemala, llegó después de dos días de debate y 10 votaciones, nueve de ellas sin éxito, por parte de la Comisión de Postulación a cargo de la elección.
Con el dictamen, Porras está en el listado de seis aspirantes al puesto, de los cuales el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, designará a uno en mayo para que ocupe el cargo para el período 2022-2026.
El nombramiento del fiscal general y jefe del Ministerio Público guatemalteco para los próximos cuatro años es clave para la lucha contra la corrupción en el país centroamericano, según analistas y expertos en la materia.
La Comisión de Postulación, compuesta por los decanos de las universidades y otras autoridades, se había negado a inscribir a Porras en el listado final, al no completar los 10 votos requeridos en 9 rondas de sufragios desde el miércoles, cuando se debía oficializar el listado de 6 aspirantes.
Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de Guatemala, ordenó que se designara a quien tuviera mejor puntuación de acuerdo a la Comisión de Postulación, y fue por ello que algunos decanos cambiaron su voto en favor de inscribir a Porras.
La decisión de la Corte de Constitucionalidad fue criticada por sectores de oposición, incluido el diputado Aldo Dávila, quien dijo como exista ya «una clara ruptura constitucional» pues el tribunal «violenta las diferentes independencias» estatales.
«¿Cómo se va a tener la confianza en la jefa del Ministerio Público si es una corrupta?», añadió Dávila en un vídeo divulgado en sus redes sociales.
La nómina completa
Los otros cinco abogados ya elegidos por la comisión son Néctor de León Ramírez, Darleene Monge Pinelo, Gabriel García Luna, Henry Elías Wilson y Jorge Luis Donado Aguilar, este último el actual Procurador General de la Nación (PGN).
Los principales requisitos para ser el jefe del Ministerio Público en Guatemala son tener más de 40 años y una «reconocida honorabilidad», entre otros, de acuerdo a la ley guatemalteca.
La Comisión de Postulación, encargada de la designación de seis candidatos para el presidente, está formada por los decanos de las facultades de derecho de las universidades del país además de diversos funcionarios, incluida la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
Los decanos que cambiaron su voto y que originalmente se habían negado a que Porras estuviera en el listado de seis candidatos finales son Rolando Escobar Menaldo, de la Universidad Rafael Landívar, y Lorena Isabel Flores, de la Universidad Rural, ambas privadas.
Además, modificaron su voto de igual manera sus colegas de las universidades Francisco Marroquín, Mariano Gálvez y Universidad Mesoamericana.
La Comisión de Postulación empezó a revisar perfiles en enero de este año y eligió inicialmente a 15 candidatos para finalmente quedarse con el listado de seis aspirantes al puesto, oficializado este viernes.
La sanción contra Porras
La fiscal general guatemalteca fue sancionada en septiembre de 2021 por Estados Unidos con la remoción de su visa y la prohibición de ingresar a su territorio por supuestamente obstruir casos de alto impacto en Guatemala.
La decisión del Departamento de Estados de EE.UU. llegó dos meses después de que en julio de 2021 Porras removiera de su cargo al fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, actualmente exiliado en el país norteamericano y quien investigaba un presunto caso de sobornos a Giammattei.
Sandoval llevó a cabo una histórica lucha anticorrupción en Guatemala entre 2014 y 2020 que imputó a más de 200 funcionarios y miembros de la élite empresarial.
El pasado 13 de abril, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) aseguró que el mandato de Porras ha sido «una desgracia para el Estado de Derecho» en el país centroamericano.
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