El fiscal general republicano de Indiana, Curtis Hill, presentó un amicus curiae ante la Corte Suprema de Estados Unidos y se unió a otros republicanos para argumentar que la Corte Suprema de Pensilvania se extralimitó en su autoridad al conceder a los votantes tres días adicionales para enviar sus boletas.
Hill se unió a otros cinco fiscales generales republicanos de otros estados en la demanda.
«Cuando vemos que las cortes de otros estados cruzan la línea y se hacen cargo de ese proceso y del impacto potencial que pudiera tener en los deseos de los votantes de Indiana, creemos que es apropiado tomar medidas», dijo Hill, según WFYI.
El escrito argumentó que las legislaturas estatales, bajo la Constitución de Estados Unidos, tienen que elegir el momento en que los estados pueden dejar de recibir boletas de ausencia y comenzar a contar los votos. Las cortes estatales como la Corte Suprema de Pensilvania no tienen la jurisdicción para hacer eso, dijeron los fiscales.
Los votantes de Pensilvania tuvieron 50 días para enviar de regreso sus boletas de ausencia y asegurarse de que fueran recibidas para el día de las elecciones. El escrito argumenta que el incumplimiento del plazo no fue culpa de la ley electoral del estado. El escrito también señaló a otras cortes que mantuvieron los plazos de recepción del día de las elecciones, tanto antes como durante la pandemia.
«Previamente, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró correctamente que las cortes no deben intentar usurpar la autoridad de las legislaturas estatales en asuntos relacionados con las leyes electorales», dijo también Hill. «Con este escrito, simplemente le pedimos a la Corte Suprema que continúe defendiendo ese principio».
El fiscal general de Oklahoma, Mike Hunter, un republicano, dijo que la Corte Suprema del estado «actuó en una capacidad legislativa cuando cambió las reglas electorales».
«La Corte Suprema de Pensilvania actuó en capacidad legislativa cuando cambió las reglas electorales», dijo. «El Artículo I, Sección 4 de la Constitución es claro, es el deber de la rama legislativa de cada estado el determinar las reglas de las elecciones. Los plazos de las elecciones estatales dan al público la posibilidad de conocer rápidamente los resultados de las elecciones y promover la confianza en esos resultados. Cambiar las reglas de las elecciones justo antes de que empiece la votación roba al estado la posibilidad de establecer sus propias leyes electorales y causa confusión entre los votantes. Animamos a la Corte Suprema de Estados Unidos a revisar este caso sin demora».
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