El fiscal general de Montana, Austin Knudsen, emitió el jueves una opinión legal en la que determinó que el uso de la teoría crítica de la raza en programas de capacitación y educación viola la Constitución de Estados Unidos, así como las leyes federales y estatales.
Knudsen emitió su dictamen a raíz de una petición de la superintendente de Instrucción Pública, Elsie Arntzen, quien quería que el máximo responsable jurídico del estado se pronunciara sobre la legalidad de la enseñanza de los llamados programas «antirracistas» y la teoría crítica de la raza en las escuelas públicas de Montana.
En su opinión, Knudsen dijo que las actividades realizadas en nombre de la teoría crítica de la raza son discriminatorias y se hacen en violación de la Cláusula de Igualdad de Protección de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el Artículo II, Sección 4 de la Constitución de Montana y la Ley de Derechos Humanos de Montana.
«Erradicar la discriminación racial es un objetivo legítimo y digno», afirma el dictamen (pdf). «Todas las entidades gubernamentales de Montana pueden y deben trabajar para evitar la discriminación prohibida por la Cláusula de Igualdad de Protección, el Título VI, la Constitución de Montana, la MHRA y (cuando sea aplicable) el Título VII. Estas leyes protegen a todos de la discriminación ilegal y simbolizan el serio compromiso de nuestra nación con sus ideales. No debería sorprender, por tanto, que estas salvaguardias legales no puedan permitir la discriminación por motivos de raza, ni siquiera cuando ésta viene disfrazada de medidas correctoras antirracistas».
Su dictamen prohíbe de hecho que la teoría crítica de la raza se enseñe en las escuelas, ya que la violación de las leyes estatales o federales de derechos civiles podría poner en peligro la financiación de una escuela pública.
«Cometer discriminación racial en nombre de acabar con la discriminación racial es ilógico e ilegal. Va en contra de los principios excepcionales sobre los que se fundó nuestra nación y no tiene cabida en nuestro estado», dijo Knudsen en una declaración.
«La ley de Montana no tolera que las escuelas, otras entidades gubernamentales o los empleadores apliquen programas de la CRT y antirracistas de manera que traten a las personas de forma diferente por motivos de raza o que creen un entorno racialmente hostil».
El dictamen se emitió en un momento en que un número cada vez mayor de estados liderados por republicanos están aprobando leyes que prohíben el uso de la teoría cuasi marxista en las escuelas públicas o su capacitación en las instituciones gubernamentales. Tennessee, Idaho, Arkansas y Oklahoma promulgaron leyes en ese sentido, mientras que proyectos de ley en estados como Texas, Arizona e Iowa están a la espera de la firma de sus gobernadores.
Por otra parte algunos distritos escolares votaron para prohibir la enseñanza de la teoría divisoria en sus aulas.
En los últimos años, la teoría crítica de la raza (CRT por sus siglas en inglés) se ha difundido con fuerza en el mundo académico, espectáculo, gobierno, escuelas y lugares de trabajo. Esta promueve una perspectiva restrictiva que afirma que la historia de Estados Unidos debe definirse centrándose únicamente en la lucha y el sufrimiento causados por los «opresores» (los blancos) contra los «oprimidos» (todos los demás), sin espacio para discutir otros factores que dan forma a las sociedades.
El movimiento de oposición a la difusión de la CRT en las escuelas y la capacitación en el lugar de trabajo ha alimentado un acalorado debate sobre cómo debe impartirse la educación en materia de sensibilidad cultural y racial. Los conservadores han advertido que el movimiento CRT no trata de eliminar el racismo y que simplemente está impulsando conceptos divisivos. De la otra parte, muchos progresistas y demócratas sostienen que el enfoque de la CRT promovería la equidad para todos.
Knudsen argumentó en su opinión que utilizar la discriminación racial para eliminar la discriminación racial es «ilógico e ilegal». El fiscal general señaló ciertas actividades «antirracistas» que, según él, violan la ley federal y estatal. Entre ellas se incluye la segregación de estudiantes o empleados del gobierno en cualquier capacidad basada en la raza, el uso de la raza cuando se administran programas académicos, el uso de materiales que afirman que una raza es inherentemente superior o inferior a otra, y la participación en el «chivo expiatorio de la raza», que significa asignar la culpa, la culpa o el sesgo a una raza.
«Estos conceptos violan las leyes de derechos civiles porque constituyen un acoso racial y/o requieren que las figuras de autoridad se involucren en actividades que resultan en un trato diferente por motivos de raza», dice el dictamen.
Knudsen alentó a los padres, estudiantes, empleados u otras personas a presentar quejas sobre cualquier violación, y añadió que había un conjunto de vías legales disponibles para remediar cualquier posible violación.
Con información de Petr Svab.
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